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IE Digital Forum


Ayer estuve en el IE Digital Forum organizado alumnos del Instituto de Empresa.

Retransmití algunos momentos por twitter.

El evento, muy interesante superó con creces los tiempos previstos. Los ponentes:

  • Javier Rodriguez Zapatero – CEO of Google Spain, Portugal & Turkey
  • Cesar Oteiza – COO of idealista 
  • Lutz Emmerich – CEO of Spotify Spain
  • Angel Maria Herrera  – CEO of Bubok
  • Koro Castellano – Managing Director of Tuenti
  • Eugenio García-Perate – Head of Digital & Relationship Marketing – Diageo Iberica
  • Francisco  Sayans – Interactive Media Manager – Sony Playstation Spain
  • Hugo Llebres – CEO of Media Contacts Spain
  • Ramón Azofra – CEO of Inspiring Move

Y tuvo esta Agenda

WELCOME – DAVID BACH – DEAN OF PROGRAMS AT IE BUSINESS SCHOOL
1- Digital Marketing.  Presentador:  JOSE ESTEVE – CHAIR OF IS DEPARTMENT AT IE BUSINESS SCHOOL
Hugo Llebres – CEO of Media Contacts Spain

  • Digital Marketing: an introduction
  • Tools available in digital marketing
  • How different industries use Digital marketing
  • Technical challenges of digital marketing

Ramon Azofra – CEO of Inspiring Move

  • Social networking and web 3.0 – How this will affect the industry
  • Challenges and advantages for companies in using social media.
  • Successful examples

Eugenio García-Perate – Head of Digital & Relationship Marketing – Diageo

  • The influence of digital media on marketing plans.
  • How digital media has forced brands to change/modify strategy

Francisco  Sayans – Interactive Media Manager – Sony Playstation Spain

  • Advantages and disadvantages of digital media over traditional media
  • Examples of innovative use of digital media
  • The ¨long tail¨concept and it´s effect on consumption.

 2 – Digital Entrepreneurship.  Presentador:  JUAN JOSE GUEMES – CHAIRMAN OF INTERNATIONAL CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AT IE BUSINESS SCHOOL

Koro Castellano – Managing Director of Tuenti.

  • Monetization and business models.
  • How can an entrepreneur profit in a digital world in which consumers keeping asking for «free»? 

Lutz Emmerich – CEO of Spotify Spain

  • Negotiating with existing industry powers
  • How does the digital entrepreneur overcome the challenge of revolutionizing an industry, which is controlled by a small group of powerful companies?

Angel Maria Herrera  – CEO of Bubok

  •  Seeking investment while trying to build a revolutionary product
  • How does the digital entrepreneur balance focusing on their product while seeking additional investment?
  • Is there a wrong time to try and grow through investment?

Cesar Oteiza – COO of idealista

  •  Balancing stability with innovation
  • How does an established and stable internet company continue to innovate in the changing digital world? 
  •  How will idealista evolve over the next 10 years?

3 – Conclusions. Presentador: Enrique Dans

Javier Rodriguez Zapatero – CEO of Google Spain, Portugal & Turkey

  •  What´s next?
  • Future Trends, Challenges & Opportunities of the internet from the entrepreneurial & marketing point of view

El evento, que se desarrolló en inglés y fué seguido en directo por los alumnos del IE, más allá del aula magna, fué de un altísimo nivel.

Entre las presentaciones, me hicieron gracia dos videos que incluyo seguidamente:

  • Los consumidores han cambiado, y las agencias deberían escucharlos:
  • Mini reta a Porsche:

Desde luego, hay nuevas reglas en el mundo digital. Solo que todavía no sabemos bien cuales son.

Videoblog Plan-E


Estoy encantado de que José Luis Rodríguez Zapatero en primera persona haya creado este videoblog para explicar como se va a atacar la crisis. El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (que los ingenieros hubiéramos denominado Plan E4, pero que otro tipo de asesores han dejado en «Plan E» ) es un medio directo de conectar con los ciudadanos y demuestra la importancia que el Presidente otorga a Internet como medio de comunicación (sin despreciar el resto).

El video del Presidente es muy sencillo, como corresponde a un primer mensaje, pero demuestra su implicación con el problema.

Al margen de que habrá quien quiera criticarlo (aduciendo que precisamente existen otros canales, algunos más «oficiales»), no se puede negar la inmediatez del medio (que impregna el propio video, lo que me parece una de las mayores aportaciones, y que invito a conservar evitando futuras «ediciones profesionales»).

Aquí, «menos es más». Animo al presidente a seguir añadiendo comentarios periódicamente, desde la frescura que da una cierta improvisación y el entorno en el que se elabora (su propio despacho).

Marketing 2.0


El 28 de  de octubre de 2008 se celebra la primera edición del congreso Marketing 2.0 organizado por Atenea Interactiva. Tendrá lugar en el Aulario de Postgrado de la Universidad Alfonso X el Sabio, sito en la Avda Comandante Franco 10 bis – 28016 Madrid

Una ocasión única para estar con los líderes que impulsan esta nueva ola de relación cruzada de ciudadanos digitales que dicta nuevas reglas al márketing. Tiene un coste de 400 euros (+ IVA) y  es posible inscribirse en este formulario. Hay también un folleto del evento.

Este es el programa previsto:

09:00 Acreditación y recogida de documentación
09:15: 9:30 Presentación de la Agenda por el Presidente de la Jornada

Oscar Espiritusanto
Periodista,
Fundador de PeriodismoCiudadano.com
Presidente de la Asociación Comunicación Ciudadana.

09:30 – 10:30 «El consumidor mutante: de usuario a ¿(info)ciudadano?»

  • En la sociedad de la información, tod@s somos productor@s
  • La Red ya (no) es lo que era
  • Consumir es un acto de generosidad

Antonio Fumero
Ingeniero de Telecomunicación
MBA por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

10:30 – 11:30 «Del marketing tradicional al Marketing 2.0»

  • Por qué las empresas no saben si ver los toros desde la barrera o vestirse de luces
  • A río revuelto, ganancia para los más pequeños
  • La moda primavera – verano que se llevará en marketing para el año 2009

Juan Luis Polo
Socio fundador y CEO
Territorio Creativo

11:30 – 12:00 Coffe break

12:00 – 13:00 «Los blogs como herramienta de Marketing»

  • La Conversación existe y no muerde
  • Para ser hay que (saber) estar
  • Una nueva forma de comunicar: humanización

Pedro Jareño
Periodista, Escritor y Responsable de Comunicación
minube.com

13:00 – 14:00 «Marketing y redes sociales»

  • Los nativos digitales son el nuevo referente de Internet. En este nuevo escenario Tuenti como plataforma social del mercado español.
  • Innovar en nuevas fórmulas publicitarias y de integración de servicios.

Icaro Moyano
Responsable de Comunicación
Tuenti

14:00 – 15:30 Comida: Cocktail-buffet

Sesión Tarde

15:30 – 16:30 «Ámbito legal en las estrategias de Marketing 2.0»

  • Implicaciones legales en la interacción entre los usuarios y redes sociales.
  • Legalidad en la multiplicación e intercambio de contenidos, y el resto de operaciones que explican la Web 2.0
  • La protección de datos y la propiedad intelectual

Javier Prenafeta
Abogado especialista en Tecnologías de la Información y
Asesor en Tractis.

16:30 – 17:30 «El marketing viral: del dicho al hecho»

  • ¿Qué requisitos debe cumplir un mensaje para ser viral? y ¿qué estrategias son más certeras a la hora de fomentar el boca a boca?
  • ¿Cómo se relaciona con el marketing de guerrilla? y ¿con el marketing ciudadano?
  • ¿Cuáles son las herramientas comúnmente utilizadas en el marketing viral?

Fernando Polo
Director de Marketing y Operaciones
Domestika

17:30 – 18:30 «Marketing 2.0 y buscadores 2.0»

  • La importancia que tienen los buscadores en las estrategias de Marketing en Internet.
  • La empresa que no aparece en un buscador, simplemente, no existe.
  • Los Buscadores son la aplicación más usada por los internautas, pero el nuevo panorama 2.0 nos obliga a redefinir viejos conceptos.

Ismael El-Qudsi
Director de Search (SEO y SEM)
Grupo Havas Digital

18:30 – 19:30 «Crossumer: Claves para entender al consumidor español de nueva generación».

  • Crossumer, consumidor de nueva generación.
  • El rol de las tecnologías en su nacimiento y su impacto en la comunicación de las marcas.
  • Posibilidades que nos aporta de cara a la detección de tendencias (coolhunting 2.0).
  • Integración de los crossumers en los procesos de innovación de las organizaciones (crowdsourcing).

Víctor Gil (sociólogo) y Felipe Romero (psicólogo).
Socios Directores
The Cocktail Analysis.

19:30 – Networking & Beers

Cuanto le puede costar al Real Madrid la publicidad de Bwin


Tras el contrato de patrocinio del Real Madrid con Bwin, no solo está en juego la protección de la infancia. Es que además,  los chavales que compren la nueva camiseta del equipo de futbol de sus sueños estarán haciendo publicidad ilegal.

Y aunque al Real Madrid le sea rentable pagar las sanciones, seguro que a los padres de los chavales les puede caer un buen disgusto.

Lo cierto es que existe mucha ignorancia hasta el punto de que se habla de «vacío legal» (cosa que no es cierta) o de la supuesta legitimidad del contrato de Bwin con el Real Madrid (lo que tampoco es cierto, pues no puede haber contrato sobre cosa prohibida).

El pasado 13 de julio de 2007 se producía la noticia del encuentro celebrado en la sede la Organización Médico Colegial de Madrid con la intervención de la portavoz de Salud y Drogas del grupo municipal socialista, y el Presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) que se ha reflejado en los medios de forma diversa:

 Y, ciertamente, en este mismo blog (El PSOE madrileño pide al Real Madrid que retire la empresa de apuestas por Internet de las camisetas )

Veamos por qué al Real Madrid le compensa la publicidad de Bwin.

Según diversas fuentes, la cuantía de la operación asciende, al menos, a 21 millones de euros por año:

Bwin opera sin licencia en España y por tanto realiza actividades tipificadas en la LEY 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar. Según el artículo 2 es FALTA MUY GRAVE realizar actividades de organización o explotación de juegos careciendo de las autorizaciones, inscripciones o guías de circulación, o con incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en las mismas, así como la organización o explotación de los juegos en locales o recintos no autorizados o por personas no autorizadas.

Por anunciar BWIN, al Real Madrid le afectan los siguientes aspectos del Artículo 2 (Faltas muy graves):

  • d) permitir o consentir expresa o tácitamente la organización, celebración o practica de juegos o apuestas en locales no autorizados o por personas no autorizadas, así como permitir la instalación o explotación de maquinas recreativas y de azar carentes de autorización de explotación.
  • e) el fomento y la practica de juegos y/o apuestas, al margen de las normas establecidas o autorizaciones concedidas.
  • u) efectuar publicidad de los juegos de azar o de los establecimientos en que estos se practiquen sin la debida autorización, o al margen de los limites fijados en la misma. de esta infracción será responsable el titular de la autorización y solidariamente la entidad o particular anunciante y la agencia que gestione o lleve a efecto la publicidad.

Según el artículo 5.  Las infracciones administrativas calificadas como muy graves serán sancionadas:

a) por la comisión nacional del juego con multa de hasta 15.000.000 de pesetas y además, por un periodo máximo de tres años, con la suspensión de la autorización concedida o el cierre del local donde se juegue o la inhabilitación del mismo para actividades de juego.
b) por el ministro del interior con multa de hasta 30.000.000 de pesetas y además, por un periodo máximo de cinco años, con la suspensión de la autorización concedida o el cierre del local donde se juegue o la inhabilitación del mismo para actividades de juego.
c) por el consejo de ministros, a propuesta del ministro del interior y previo informe de la comisión nacional del juego, con multa de hasta 100.000.000 de pesetas y además con la revocación de la autorización concedida o cierre del local donde se juegue o inhabilitación del mismo para actividades de juego, con carácter definitivo.

Es decir, la máxima sanción que puede recibir el Real Madrid es de 600.000 euros, es decir, en torno al 2% de lo que ingresa por el contrato.

El padre de un crío que ostente la publicidad de BWIN camiseta del Real Madrid, seguramente recibirá una sanción menor: 90.000 euros, que seguramente le será más gravosa que la que recibe el Real Madrid.

Aquí el efecto multiplicador puede venir por el número de camisetas sobre los que se aplique la sanción y que los padres repitan contra el instigador del delito: el Real Madrid. 

Publicidad ilegal del juego


Conviene recordar, al hilo de algunas afirmaciones de directivos de entidades deportivas, por qué es ilegal la publicidad de Bwin en las camisetas del Real Madrid, por ejemplo (o la de Sportingbet – miapuesta que publicita en el Castelldefels -antes Figueres-,  de Segunda B, o la que luce el Sevilla con 888.com).

LEY 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar.

De ella cabe destacar, en su artículo segundo: “Son infracciones muy graves:

a) realizar actividades de organización o explotación de juegos careciendo de las autorizaciones, inscripciones o guías de circulación, o con incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en las mismas, así como la organización o explotación de los juegos en locales o recintos no autorizados o por personas no autorizadas…

d) permitir o consentir expresa o tácitamente la organización, celebración o practica de juegos o apuestas en locales no autorizados o por personas no autorizadas, así como permitir la instalación o explotación de maquinas recreativas y de azar carentes de autorización de explotación…

e) el fomento y la practica de juegos y/o apuestas, al margen de las normas establecidas o autorizaciones concedidas.

f) utilizar elementos de juego o maquinas no homologados o autorizados, o sustituir fraudulentamente el material de juego…

r) la fabricación, importación, exportación, comercialización, mantenimiento y distribución de material de juego con incumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente…

u) efectuar publicidad de los juegos de azar o de los establecimientos en que estos se practiquen sin la debida autorización, o al margen de los limites fijados en la misma. de esta infracción será responsable el titular de la autorización y solidariamente la entidad o particular anunciante y la agencia que gestione o lleve a efecto la publicidad.

La publicidad de las sentencias y el derecho a la intimidad


Gracias al comentario de deincognito en relación con otro post en el que se destacaba la importancia de la correcta obtención de las pruebas electrónicas, he profundizado en el conocimiento de algunos detalles en relación con el manejo correcto de datos personales. En general, se habla de la protección de datos personales con referencias a la Ley y al Reglamento del ramo (LOPD), y los derechos que amparan tienen limitaciones en cuanto a los datos accesibles de fuentes públicas y eventualmente la notoriedad de la persona que se pueda mencionar.

Estas reflexiones son de interés, también para las publicaciones periodísticas, los diferentes tipos de páginas web (incluidos los foros) y, por supuesto, para los blogs. En particular, uno de los problemas con los que hay que lidiar es el de la mención de datos personales por parte de los foreros y comentaristas, a veces fuera del control del responsable de gestión del medio. Aunque la futura Ley de Impulso de la Sociedad de la Información matizará algunas de prescripciones de la actual LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) .

Aunque el tema es amplio y tendrá que ser dividido para su tratamiento en cierta profundidad, hoy quiero hacer mención al aspecto concreto de la consideración de las sentencias judiciales como fuentes públicas, y la posible mención en ellas de datos personales.

Como bien dice deincognito, el asunto se viene tratando por diferentes especialistas desde hace tiempo. Además de las referencias que él indica, a mi me gustaría señalar 2 que me han parecido relevantes.

Por un lado, en el establecimiento de principios que puedan ser adoptados a nivel internacional, las Reglas de Heredia (reglas mínimas para la difusión de información judicial en internet) me parecen un referente esencial.

Por otro lado, un documento disponible en el web de la Agencia de Protección de Datos (en el que no se menciona al autor ni se incluyen indicaciones de atribuibilidad), incluye elementos de doctrina del máximo interés, que transcribiré a continuación. La mención que se hace al caso de la consulta sobre «negligencias médicas» no limita su interés en otros ámbitos.

Se ha planteado si es posible la difusión a través de Internet de datos relativos a sentencias firmes condenatorias por delitos relacionados con negligencia médica. Se indicaba que los datos serían tratados y cedidos sin recabar con carácter previo el consentimiento del interesado, toda vez que, según indicaba la consulta «los datos se extraerían de fuentes accesibles al público, como lo son las sentencias públicas».

En este caso, tras recordar que el artículo 6 de la LOPD parte de la exigencia de consentimiento para el tratamiento de los datos, con las únicas excepciones de su apartado segundo, se indicó que en cuanto a los ficheros en que se contengan datos relacionados con la comisión de infracciones penales y administrativas, el artículo 7.5 de la LOPD establece que tales datos «sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras».

En consecuencia, el artículo 7.5 de la Ley establece una regla específica para este tipo de datos, que impide, en todo caso, su tratamiento por parte de cualquier entidad de derecho privado, quedando limitado dicho tratamiento a las Administraciones Públicas y, exclusivamente, cuando así lo establezca una norma con rango suficiente. De ello se desprende que, incluso si los datos contenidos en las resoluciones judiciales fueran considerados incorporados a fuentes accesibles al público, su tratamiento inconsentido se encontraría vedado por la Ley a la consultante, dada su naturaleza jurídico-privada.

Dicho lo anterior, y en relación con la alegación de que los datos se encontraban incorporados a fuentes accesibles al público, se recordó que, como se dice en otros lugares de esta memoria, la simple lectura del tenor
literal del artículo 3.j) de la LOPD indica que las resoluciones judiciales no pueden ser consideradas como fuente accesible al público, sin perjuicio del principio de publicidad contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, recordándose así mismo que la regla general establecida en el inciso primero del artículo 3.j) en modo alguno impide que resulte de aplicación la enumeración taxativa contenida en su inciso segundo, dado que el contenido de este primer inciso no hace sino indicar un requisito indispensable para que los ficheros enumerados por la propia norma puedan ser considerados como fuentes de acceso público. En resumen tales ficheros sólo serán considerados como fuentes de acceso público cuando su consulta pueda ser realizada por cualquiera sin ninguna limitación salvo, en su caso, el abono de un precio, pero sólo son fuentes de acceso público las enumeradas, entre las que no se encuentran las resoluciones judiciales.

Por otra parte, la conclusión alcanzada tampoco contradice el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, consagrado en cuanto a las sentencias por los artículos 205.6, 232 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al que ya hicimos referencia.

Ello se funda en que la publicidad a la que se refieren dichos preceptos tiene por objeto asegurar el pleno desenvolvimiento del derecho de las partes a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que en ningún modo pueda producírseles indefensión, consagrado por el artículo 24.1 de la Constitución. Por ello, entendemos, no puede ampararse en un precepto cuyo fundamento es la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos la realización de otras actividades que pueden producir una merma de otros derechos fundamentales, como en este caso, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, protegido por el artículo 18 de la propia Constitución.

La colisión entre la publicidad de las sentencias y el derecho a la intimidad de las personas ya ha sido, por otra parte, analizado por el Consejo General del Poder Judicial, disponiendo en el Acuerdo de 18 de junio de 1997, por el que se modifica el Reglamento número 5/1995, de 7 de junio, regulador de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como apartado 3 del nuevo artículo 5 bis del Reglamento, que «en el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección del honor e intimidad personal y familiar».

En consecuencia, el tratamiento de los datos contenidos en las sentencias condenatorias firmes resulta contrario a las previsiones contenidas en la LOPD, al quedar éste limitado a las Administraciones Públicas, en el ejercicio de las atribuciones que les son conferidas por la Ley, sin que quepa amparar su tratamiento por partes ajenas al proceso en normas cuyo fundamento es precisamente salvaguardar los derechos procesales de quienes son parte en el propio proceso.

En cuanto a la difusión de los datos a través de Internet, se recordó que la misma, dado que el contenido de la citada lista podría resultar conocido por cualquier usuario en la citada red, supondría un cesión de datos de carácter personal, respecto de la cual el artículo 11.1 de la Ley Orgánica prevé, con absoluta rotundidad que «los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado».

Esta regla sólo se ve exceptuada en los supuestos contemplados en el apartado segundo del propio artículo 11, ninguno de los cuales daría cobertura a la publicación pretendida, dado que el único que podría resultar de dudosa aplicación al caso es el contenido en la letra b) del artículo 11.2 («cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público») y, como se ha dicho, los datos no se encuentran, en este caso, recogidos en fuentes accesibles al público.

Debe ponerse de manifiesto que el artículo 44 de la LOPD, que establece los distintos tipos de las infracciones en materia de protección de datos tipifica, incluye, como infracción grave, en la letra c) de su apartado tercero «proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento expreso de las personas afectadas, en los casos en que éste sea exigible» y como infracción muy grave, en la letra b) de su apartado cuarto «la comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén permitidas «.

Por ello, tanto el tratamiento como la publicación en Internet de los datos a que se refiere la consulta podrían ser, a tenor de lo que se ha venido indicando, constitutivas de sendas infracciones, sancionables, respectivamente con multas de 10 a 50 y de 50 a 100 millones de pesetas, conforme a lo previsto en el
artículo 45 de la Ley.

Por último, se planteó si resultaba admisible establecer listas o repertorios de las sentencias dictadas en que existan condenas por negligencia médica, publicándose los datos con referencia exclusiva al nombre e iniciales de los apellidos de los afectados.

Con carácter general, y en lo referente a los repertorios, su publicación será posible, a juicio de esta Agencia Española de Protección de Datos, siempre y cuando de la misma no pueda derivarse el conocimiento de la persona que haya resultado condenada por la sentencia. En caso contrario, tal y como se ha venido indicando hasta ahora, no será posible la difusión de las sentencias sin antes recabar el consentimiento de los afectados.

En este sentido, las disposiciones de la LOPD no serán de aplicación siempre que los datos hayan sido previamente sometidos a un procedimiento de disociación, que el artículo 3 f) de la Ley define como «todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable».

En consecuencia, para que un procedimiento de disociación pueda ser considerado suficiente a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, será necesario que de la aplicación de dicho procedimiento resulte imposible identificar un determinado dato con su sujeto determinado.

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta las especiales circunstancias concurrentes en el presente caso, en que los facultativos pueden ser identificados no sólo por su nombre y apellidos, sino también por el puesto que desempeñan en un determinado centro sanitario o, incluso, en áreas reducidas, por ser el único especialista en una determinada rama de la medicina, la mera sustitución de los apellidos por sus iniciales puede no resultar suficiente para que la disociación pueda considerarse conforme a lo prevenido en la LOPD, dado que si dicha supresión no va acompañada de la referente al puesto desempeñado y, en su caso, a la del área geográfica en la que el facultativo desempeña su profesión, no será posible considerar que aquél no resulta identificable, debiendo, en ese caso, someterse el fichero a las previsiones de la Ley, que exigen el consentimiento del afectado.

Por otra parte, la conclusión anteriormente alcanzada no entorpece la finalidad perseguida mediante la elaboración del repertorio jurisprudencial, que permite al usuario tener conocimiento de la doctrina y jurisprudencia existente en una determinada materia, partiendo del concepto de jurisprudencia como «doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley , la costumbre y los principios generales del derecho», en los términos prescritos por el artículo 1.6 del Código Civil.

En consonancia con lo indicado, la finalidad que debe perseguir la creación de la base de datos será la de permitir al usuario acceder al conocimiento del modo en que el Tribunal Supremo o los restantes Juzgados y Tribunales han interpretado lo establecido en el ordenamiento jurídico, sin que sea dable que dicha finalidad pueda ser contemplada en un sentido más amplio, con la consiguiente cercenación de los derechos fundamentales de las personas que intervengan en el litigio, como sucedería si se conocieran los datos personales referidos a dichas personas, que en modo alguno aportan información adicional sobre el contenido jurídico de la sentencia. Así lo recuerda el Consejo general del Poder Judicial, en la Exposición de Motivos del Acuerdo de 18 de junio de 1997, al que ya nos hemos referido, al indicar que con la publicidad de las sentencias en el repertorio «se posibilitará un mejor y más directo conocimiento de dichas resoluciones por parte de los Juzgados y Tribunales, contribuyendo al propio tiempo a satisfacer las exigencias derivadas del derecho de igualdad en la aplicación de las Leyes, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional», sin que esta función informadora pueda entenderse en modo alguno completada con el conocimiento de quienes fueron parte en el litigio.

Publicidad engañosa


Por Deambulando he conocido una curiosa anécdota sobre la forma de exigir nuestros derechos en caso de publicidad engañosa, práctica, por lo que se ve, bastante más frecuente de lo que yo suponía.

Se trata de las ofertas increibles de coches, electrodomésticos, equipos multimedia que se adjuntan a los periódicos dominicales, por ejemplo.

La anécdota se refiere a un eslogan que una empresa de Gran Consumo utiliza de forma abusiva:  «Yo no soy tonto«.

En Deambulando, se menciona correctamente la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, como la ley a tener en cuenta, pero no es la única. De hecho, las  cláusulas en letra pequeña del tipo ”hasta fin de existencias” tampoco se ajustan a derecho.
Veámoslo:

1. La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios dice en su artículo 8.1: «el contenido de la oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios, las prestaciones propias de cada producto o servicio, y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores o usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido.» Por tanto, las condiciones establecidas por el anunciante en su oferta publicitaria tienen carácter contractual, siendo exigibles por los consumidores.

2. La misma Ley 26/1984, dice en su artículo 10.1 a): que «las cláusulas, condiciones o estipulaciones que, con carácter general, se apliquen a la promoción o venta de los productos o servicios…deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de compresión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberán hacerse referencia expresa en el documento contractual.

c) buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.» Señalándose en el artículo 10 bis que “serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo”

3. La nueva Disposición adicional primera de la ya citada ley 26/1984 considera cláusulas abusivas aquellas que vinculen el contrato a la voluntad del profesional y, específicamente la reserva a favor del profesional de facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato sin motivos válidos especificados en el mismo. Igualmente, son cláusulas abusivas:

  • La supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del profesional para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor se le haya  exigido un compromiso firme
  • La concesión al profesional del derecho a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato.

4. Asimismo, el  Código Civil establece que » la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de los contratantes» y que «los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley.»

5. Por otra parte, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, dice que es ilícita la publicidad engañosa, siendo, considerada ésta la que «de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico…Es asimismo engañosa, la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error a los consumidores.»

Por tanto, cabe, en función de la Ley 26/1984 exigir el cumplimiento de lo anunciado, y en función de la Ley 34/1988 exigir la cesación de la conducta engañosa.

Por qué es ilegal la publicidad de juego y apuestas. Caso de Madrid


Llevo una temporada como mosca cojonera en relación con las apuestas ilegales (aunque, por lo que se ve, consentidas) y la publicidad ilegal de apuestas por internet.

En post anteriores ya he explicado la normativa nacional que hace ilegales los anuncios y publicidad sobre el juego en los casos en los que los anunciantes no cuentan con una licencia. Hoy voy a centrarme en el caso de Madrid, ciudad (como alguna otra, que indicaré próximamente) bombardeada por anuncios sobre apuestas por prensa, radio y televisión. Hasta el punto de que incluso existe una publicación periódica «Apuestamanía«, con la estética popular de los diarios deportivos, que ha publicado varios números sin ningún contratiempo legal, para el que seguramente se han preparado.

Las apuestas deportivas, junto con otras actividades en las que hay dinero en juego, se regulan en la normativa estatal en varios lugares, pero especialmente en los siguientes:

  • LEY 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en cuyo artículo 8 dice que la «publicidad sobre juegos de suerte, envite o azar, podrá ser regulada por sus normas especiales o sometida al régimen de autorización administrativa previa.»
  • Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas, que establece en su artículo primero que «Corresponde a la Administración del Estado la determinación de los supuestos en que los juegos de azar, rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias puedan ser autorizados, la reglamentación general de los mismos y la competencia para autorización y organización de las actividades específicas destinadas a hacer posible la práctica de aquéllos.» En su artículo tercero: «Con independencia de los tributos estatales y locales a que estén sometidas, con arreglo a la legislación vigente, las sociedades o empresas que desarrollan las actividades a que se refiere el presente Real Decreto-Ley, los casinos y demás locales, instalaciones o recintos autorizados para el juego, quedarán sujetos a la tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias»
  • LEY 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar. Ya mencionada en un Post anterior. De ella cabe destacar, en su artículo segundo: «Son infracciones muy graves: a) realizar actividades de organización o explotación de juegos careciendo de las autorizaciones, inscripciones o guías de circulación, o con incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en las mismas, así como la organización o explotación de los juegos en locales o recintos no autorizados o por personas no autorizadas… d) permitir o consentir expresa o tácitamente la organización, celebración o practica de juegos o apuestas en locales no autorizados o por personas no autorizadas, así como permitir la instalación o explotación de maquinas recreativas y de azar carentes de autorización de explotación… e) el fomento y la practica de juegos y/o apuestas, al margen de las normas establecidas o autorizaciones concedidas. f) utilizar elementos de juego o maquinas no homologados o autorizados, o sustituir fraudulentamente el material de juego… r) la fabricación, importación, exportación, comercialización, mantenimiento y distribución de material de juego con incumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente… u) efectuar publicidad de los juegos de azar o de los establecimientos en que estos se practiquen sin la debida autorización, o al margen de los limites fijados en la misma. de esta infracción será responsable el titular de la autorización y solidariamente la entidad o particular anunciante y la agencia que gestione o lleve a efecto la publicidad.

Con la publicación de los Estatutos de Autonomía, la competencia sobre la regulación de Juegos y Apuestas pasa a las Comunidades Autónomas salvo por los juegos preexistentes de alcance nacional cuya organización compete al organismo estatal «Loterías y Apuestas del Estado», LAE, y a la «Organización Nacional de Ciegos Españoles», ONCE, que son las únicas entidades autorizadas a organizar juegos de azar y apuestas a nivel estatal en ámbitos que excedan el de una comunidad autónoma.

El «Catálogo de Juegos» cuya versión nacional se aprobó por Orden de 9 de octubre de 1979 del Ministerio del Interior, lo heredaron las comunidades autónomas y lo modificaron cada una en su ámbito.

En la Comunidad de Madrid, las competencias en cuestión de juegos quedaron fijadas por

  • LEY ORGÁNICA 10/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid. BOE núm. 72, de 25 de marzo.
  • REAL DECRETO 2370/1994, de 9 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid en materia de Casinos, Juegos y Apuestas. BOE núm. 310, de 28 de diciembre.

Y las de inspección por la RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1994, de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre dicho Ministerio y la Comunidad Autónoma de Madrid en materia de juego. BOE núm. 310, de 28 de diciembre.

La normativa específica sobre sobre juegos se desarrolla desde el año 1995

  • DECRETO 23/1995, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Juego de la Comunidad de Madrid. BOCM núm. 77, de 31 de marzo, erratas núm. 82, de 6 de abril.
  • DECRETO 24/1995, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro del Juego y del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. BOCM núm. 77, de 31 de marzo, erratas núm. 82, de 6 de abril.
  • DECRETO 28/1998, de 20 de febrero, por el que se modifica el artículo 11 del Decreto 23/1995, por el que se aprobó el Reglamento General del Juego de la Comunidad de Madrid. BOCM 54, de 5 de marzo.

Hasta culminar en la LEY 6/2001, de 3 de julio, del Juego de la Comunidad de Madrid. BOCM núm. 157, de fecha 4 de julio. Corrección de erratas BOCM de 10 de julio de 2002. y la última versión, hasta la fecha, de catálogo de juegos en el DECRETO 32/2004, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo Parcial de Juegos y Apuestas de la Comunidad de Madrid. BOCM núm. 45, de 23 de febrero.

En la Ley 6/2001 queda claro, por su artículo 6 que:

  1. Queda prohibida la realización de publicidad y de promoción de las actividades de juego a que se refiere esta Ley, salvo en los supuestos y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
  2. Se entiende por publicidad de las actividades de juego la divulgación o el anuncio de las mismas cualquiera que sea el medio utilizado.
  3. Se entiende por promoción de las actividades de juego aquella actuación consistente en la entrega de bienes o en la prestación de servicios con carácter gratuito o por precio inferior al de mercado.

Y en el artículo 17:

  1. Está sujeto a previa inscripción el ejercicio empresarial de toda actividad relacionada con la organización y explotación de juegos o apuestas, así como la fabricación, reparación, intermediación en el comercio o explotación de material relacionado con dichos juegos y apuestas.
  2. La inscripción referida en el párrafo anterior se realizará en el Registro General del Juego de la Comunidad de Madrid, que constituye el instrumento oficial de publicidad y control de las actividades vinculadas a la organización y celebración de juegos y que garantiza el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a aquellas actividades, así como su transparencia.
  3. Queda prohibido el ejercicio empresarial de actividades relacionadas con juegos o apuestas sin autorización administrativa previa o al margen de los requisitos y condiciones establecidos reglamentariamente, y en particular la inscripción en el Registro General del Juego de la Comunidad de Madrid.

En el artículo 28:

Son infracciones muy graves:

A. Realizar actividades de organización o explotación de Juegos y Apuestas careciendo de las autorizaciones o inscripciones, o con incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en las mismas, así como la organización o explotación de los juegos en locales o recintos no autorizados, en condiciones distintas a las autorizadas o por personas no autorizadas.


D. Efectuar publicidad de los juegos de azar y/o apuestas o de los establecimientos en que éstos se practiquen al margen de las normas establecidas o autorizaciones concedidas. De esta infracción será responsable el titular de la autorización.

E. La promoción de Juegos y Apuestas, así como el complemento de los premios, al margen de las normas establecidas o autorizaciones concedidas.

Podría extenderme más porque la conducta delictiva de bastantes entidades en lo que se refiere a publicidad de juego es tan clamorosa que sorprende que no haya más denuncias y detenciones.

Curiosamente la mayor parte de las actuaciones legales son por «pequeños» incumplimientos contra entidades con licencia, que explotan modalidades de máquinas recreativas, casinos, bingos, o concesiones de venta de lotería.