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Notificación fehaciente: Noticeman y Burofax


Para documentar los acuerdos verbales o para dejar constancia de la remisión de notificaciones (y, frecuentemente de su recepción) es necesario utilizar mecanismos de notificación fehaciente que dejen constancia del contenido.

Un ejemplo es el del inquilino que llega con el arrendador al acuerdo verbal de finalizar el alquiler, y éste se compromete a devolver la fianza. La Ley de Arrendamientos Urbanos está llena de casos potenciales en que la notificación fehaciente permitirá soslayar “olvidos”.

Para estos usos se ha generalizado  el uso del burofax, con certificación del contenido, para acreditar el envío de un escrito y su contenido, y la recepción de este por la persona a la que se dirige.

Hay que considerar que si la persona a la que se envía el burofax, se niega a recibirlo, y por tanto, el escrito queda sin entregar, no se puede dar por conocido su contenido.

No obstante, un burofax no entregado por causa imputable al destinatario por rehusarlo o no retirarlo de la oficina correspondiente es a todos los efectos una notificación efectuada.

La jurisprudencia se ha manifestado de forma clara al respecto: un Burofax no entregado por ser rehusado o no retirado no implica una acreditación de falta de conocimiento por parte del destinatario sino que por el contrario prueban la voluntad renuente (es decir, la renuncia a ser notificadodel mismo a recoger la documentación correspondiente (Sentencia nº 31/2012 de AP La Rioja, Sección 1ª, 6 de Febrero de 2012).

El intento de notificación, incluso si se rehúsa la recogida de la notificación por el destinatario, tiene importantes efectos en cuanto a la imposición de costas.

Es, por ejemplo, el caso de una persona a la que se le comunica por medio de burofax que si sigue incumpliendo un contrato, o sin pagar lo que debe, se le interpondrá una demanda judicial.

Si el destinatario lo rechaza, el remitente con la prueba de haber efectuado el requerimiento podrá interponer la demanda.

Si el demandado una vez notificada la demanda decidiese allanarse antes de la celebración del juicio, es muy probable que lo condenen en costas incluso sin celebrar el juicio. Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 395:

“Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla (es decir, diera la razón a la parte contraria antes de la vista), no procederá la imposición de costas, salvo que el tribunal aprecie mala fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago“.

Estas consideraciones parten del principio o criterio de la autorresponsabilidad (expresado en las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de Mayo de 1976 y 29 de Septiembre de 1981 , por ejemplo), en virtud del cual debe considerarse recibida la comunicación, aún en el supuesto de falta de recepción material del documento, si es emitida oportunamente la declaración por el requirente sin que llegue a conocimiento del destinatario por causas imputables a éste, siendo una de esas causas la de no poner en conocimiento del acreedor el cambio de domicilio en relación con el señalado en el contrato.

El caso del burofax se aplica igualmente a sistemas de notificación fehaciente como Noticeman.

Los sistemas digitales de notificación tienen la ventaja (además de su coste inferior) de que el escrito se envía a una dirección electrónica (una dirección de email) y de que dejan constancia de los pasos de la notificación, como por ejemplo la descarga del mensaje en la herramienta de acceso al correo del destinatario.

Contacte con el 917160555 si necesita saber como funciona Noticeman o lea la información de preguntas frecuentes.

Fórmula para el calculo de intereses de demora en facturas pagadas fuera de plazo


La Ley 11/2013 de 26 de julio modificó nuevamente la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En el texto consolidado de esta Ley se indica que las facturas se deberán pagar como máximo a los 30 días de la factura o de la comprobación del efectivo suministro del producto o de la prestación de servicio, o, si las partes lo pactan, en los días que efectivamente se pacten, que serán como máximo,  60 días desde la fecha de la factura.

En caso de que el pago se realice con posterioridad a la fecha pactada (o los 30 días si no se pacta), el deudor o pagador debe incrementar por su cuenta (sin necesidad de que el acreedor lo solicite) la cuantía del pago.

Formula-interesesPara el cálculo de la cuantía se parte del importe a pagar, del retraso en días a contar desde el día siguiente al límite de pago hasta el momento de pago y del interés legal del dinero a estos efectos.

Por ejemplo, supongamos una factura cuyo importe a pagar fue  de 1000 euros (IVA incluido), que el plazo convenido de pago fue de 60 días, pero que el pago se produjo efectivamente el dia 132 a contar desde el día siguiente a la fecha de factura. Restando 60 de 132: 72 días adicionales a los pactados (que son como máximo, 60).

El retraso de pago se produjo en el segundo semestre de 2013, por lo que el tipo a pagar es el porcentaje 8,5%

El incremento a pagar es de 16,7671232876712 euros (redondeado, 16,77). Este importe se ha aplicado sobre el total de factura, por lo que se desglosará su IVA para su contabilización.

Además, el deudor debe añadir el pago de otros 40 € por los gastos generados por la gestión de recobro de la factura, según se señala en el artículo 8 de la Ley 3/2004 (según la versión consolidada tras la publicación de la Ley 11/2013). El artículo indicado permite que la cantidad sea mayor si la reclama el acreedor bajo el concepto de indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora del deudor y que superen la cantidad indicada de 40 euros.

Tipo legal de interés de demora aplicable a los retrasos de pago de facturas durante el primer semestre natural del año 2015: 8,05 por 100


En el BOE de ayer se publicó la Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2015.

Este es el texto:

A efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la redacción dada por el artículo 33.Tres de la Ley 11/2013, de 26 de julio, y en cumplimiento de la obligación de publicar semestralmente en el Boletín Oficial del Estado el tipo legal de interés de demora, esta Secretaría General del Tesoro y Política Financiera hace público:

  1. En la última operación principal de financiación del Banco Central Europeo en el segundo semestre de 2014, efectuada mediante subasta a tipo fijo que ha tenido lugar el día 30 de diciembre, el tipo de interés aplicado ha sido el 0,05 por 100.
  2. En consecuencia, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en la redacción dada por el artículo 33.Tres de la Ley 11/2013, el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural de 2015 es el 8,05 por 100.

Para el resto de períodos, los tipos de interés y las disposciones legales que los hacen públicos se recogen en la siguiente tabla:

Año periodo %  Resolución
Año 2006 Primer semestre natural 9.25 por 100 Resolución de 29/12/2005, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 9 de 11/01/2006
Año 2006 Segundo semestre natural 9.83 por 100 Resolución de 28/06/2006, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 156 de 01/07/2006
Año 2007 Primer semestre natural 10.58 por 100 Resolución de 28/12/2006, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 2 de 02/01/2007
Año 2007 Segundo semestre natural 11.07 por 100 Resolución de 26/06/2007, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 156 de 30/06/2007
Año 2008 Primer semestre natural 11.20 por 100 Resolución de 02/01/2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 6 de 07/01/2008
Año 2008 Segundo semestre natural 11.07 por 100 Resolución de 27/06/2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 161 de 04/07/2008
Año 2009 Primer semestre natural 9.50 por 100 Resolución de 30/12/2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 5 de 06/01/2009
Año 2009 Segundo semestre natural 8.0 por 100 Resolución de 30/06/2009, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 161 de 04/07/2009
Año 2010 Primer semestre natural 8.0 por 100 Resolución de 29/12/2009, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 1 de 01/01/2010
Año 2010 Segundo semestre natural 8.0 por 100 Resolución de 30/06/2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 159 de 01/07/2010
Año 2011 Primer semestre natural 8.0 por 100 Resolución de 28/12/2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 318 de 31/12/2010
Año 2011 Segundo semestre natural 8.25 por 100 Resolución de 28/06/2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 156 de 01/07/2011
Año 2012 Primer semestre natural 8.0 por 100 Resolución de 27/12/2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 1 de 02/01/2012
Año 2013 a) Desde el 1 de enero hasta el 23 de febrero, ambos inclusive.

b) Desde el 24 de febrero, hasta el 30 de junio, ambos inclusive.

7,75 por 100

8,75 por 100

Resolución de 03/01/2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 7 de 08/01/2013

Resolución de 27/02/2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 53 de 02/03/2013

Año 2013 Segundo semestre natural  8,50 por 100 Resolución de 26/06/2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 155 de 29/06/2013
Año 2014  Primer semestre natural 8,25 por 100  Resolución de 30/12/2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 313 de 31/12/2013
Año 2014 Segundo semestre natural 8,15 por 100 Resolución de 27/06/2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. BOE nº 159 de 01/07/2014

El 15 de enero de 2015 será obligatorio facturar electrónicamente


Dentro de las medidas estructurales del Plan de erradicación de la morosidad en el sector público, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, dotada de carácter básico y, por tanto, aplicable a todas las Administraciones Públicas, tiene por objetivo impulsar el uso de la factura electrónica y crear el registro contable de facturas. Esta medida permitirá una mayor protección del proveedor, reduciendo la morosidad del sector público, y un mejor control contable de las facturas pendientes de pago, lo que contribuirá a mejorar el control del gasto público y reforzar la transparencia.

Las obligaciones de facturación tanto para el sector público como para aulunas entidades del sector privado se inician el 15 de enero de 2015.

Las empresas de especial relevancia económica podrán ser penalizadas con multas de hasta 10.000 euros por incumplir los aspectos a los que les obliga la Ley en relación con la emisión de facturas electrónicas.

La obligación de facturar al sector público se vehiculiza a través de Puntos de Facturación por cada nivel de la administración: AGE (Administración General del Estado), Autonómica y Local, con la posibilidad de que todos converjan en el Punto General de Entrada de Facturas ElectrónicasAbre nueva ventana.

Puede ser interesante para las entidades obligadas inscribirse en la formación concentrada en un día que prepara Atenea Interactiva, en Madrid, a mediados de diciembre de 2014.

Normativa:

Información sobre factura Electrónica:

FAQS del Ministerio:

Material de difusión:

Modificación de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad


Finalmente la aprobación de la proposición de modificación de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad se ha producido en el pleno del Congreso el pasado día 17 de junio de 2010. Tras la aprobación del citado texto, de próxima publicación en el BOE, es posible anticipar los cambios fundamentales de dicha modificación, y que básicamente consisten en la desaparición de la cláusula  “salvo acuerdo entre las partes” lo que hará a partir de ahora imposible poder alargar los plazos de pago.

Los nuevos plazos de pago en el sector privado se ajustarán progresivamente al siguiente calendario:

  • Desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, serán de 85 días.
  • Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, serán de 75 días
  • A partir del 1 de enero de 2013, serán de 60 días

En el caso de las Administraciones públicas el calendario será el siguiente:

  • Desde la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2010, serán de 55 días
  • Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011, serán de 50 días
  • Entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012, serán de 40 días
  • A partir del 1 de enero de 2013, serán de 30 días

Además, las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna a incorporar en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las correspondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites indicados en la Ley.

Información relacionada:

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Morosidad


En estos momentos en que repunta la morosidad, en forma de retrasos en los pagos con “efecto dominó” conviene tener en cuenta el Código ético de los buenos pagadores que pomueve Pere J. Brachfield, que, más allá de aspectos coyunturales representa un conjunto de buenas prácticas, que tanta falta hacen en España.

  • El comprador deberá explicar claramente y con total transparencia sus procedimientos de pago a los proveedores en el momento de iniciar las relaciones comerciales.
     
  • El comprador no pondrá objeciones a la hora de firmar contratos con el proveedor que especifiquen las condiciones de pago o de aceptar por escrito las condiciones generales de venta de un suministrador.
     
  • El comprador deberá pagar sus facturas de acuerdo con las condiciones pactadas con los proveedores o según los requisitos legales vigentes.
     
  • El comprador deberá cumplir escrupulosamente las fechas de pago acordadas con el proveedor y pagar el día del vencimiento pactado.
     
  • El comprador se abstendrá de utilizar trámites administrativos en el control y aprobación de las facturas que tengan como único objetivo retrasar la fecha de pago de las operaciones comerciales.
     
  • El comprador facilitará al proveedor toda la información que éste solicite sobre la situación de las facturas pendientes de validación y, en todo momento, le prestará la colaboración necesaria para que el proveedor pueda realizar el control de sus cobros pendientes.
     
  • Tan pronto como el comprador tenga conocimiento de la aparición de cualquier incidencia en la factura que pueda dificultar la validación de la misma para su posterior abono deberá avisar al proveedor de su existencia, para que el interesado pueda enmendar el error con antelación suficiente y así poder cobrar la factura al vencimiento previsto.
     
  • El comprador, ante la existencia de cualquier litigio que impida efectuar el pago de la factura, se pondrá en contacto con el proveedor de inmediato para notificarle la existencia de dicha incidencia y, en todo momento, estará dispuesto a colaborar activamente con el proveedor para resolver la disputa mercantil con celeridad.
     
  • El comprador no utilizará indebidamente el crédito comercial ofrecido por los proveedores como fuente de financiación extrabancaria gratuita para acortar su ciclo de caja.
     
  • El comprador no aprovechará su posición dominante ni su fuerza negociadora para imponer plazos de pago excesivamente largos a sus proveedores; tampoco discriminará negativamente en el orden de pagos que debe realizar a sus acreedores a aquellos que tengan menor capacidad de negociación.
     
  • El comprador no utilizará como pretexto para no pagar una operación comercial la existencia de un error insignificante en la factura, cuando se está beneficiando de un producto o servicio en perfectas condiciones.
     
  • El comprador no buscará excusas, argumentando la existencia de mínimas incidencias de calidad o cantidad en los productos suministrados por el proveedor, con el propósito de retrasar el pago de todo el importe de una factura vencida.
     
  • El comprador, cuando el proveedor tuviera que efectuar un abono sobre el importe de la factura por mercancías defectuosas o diferencias de precio, pagará la diferencia de la forma más diligente que sea posible.
     
  • El comprador no restringirá las posibilidades del proveedor para obtener financiación mediante el descuento bancario de documentos mercantiles, incluyendo la mención “no a la orden” en los títulos valores que entregue para el pago diferido de las operaciones comerciales.
     
  • El comprador no abusará de su capacidad financiera para exigir al proveedor descuentos desproporcionados a cambio de adelantar la fecha de pago de las operaciones comerciales o en el momento de ofrecerles una financiación bancaria para el cobro anticipado de las facturas.

facturae y XAdES-XL (TS 101 903 ES-X-L)


Ya está disponible la nueva versión 2.0 de Faccil.

Un esfuerzo de programación que combina técnicas de Ruby on Rails y Java y que supone la primera implementación conjunta de los estándares facturae y XAdES-XL .

De momento nos encontramos con que ninguna otra aplicación es capaz de entender la firma XAdES-XL basada en el estándar TS 101 903 (es nuestra ventaja, pero no deja de ser un problema). Habrá que esperar a que CENATIC en colaboración con el Ministerio de Industria Turismo y Comercio promueva vesiones “Open Software” de un visor de factura electrónica generalizado. Quizá lo veamos como “plug-in” de Mozilla para Firefox.

Esta herramienta, Faccil,  es gratuita para los participantes en el proyecto ePYMES de Albalia Interactiva (aun quedan plazas libres). Además el proyecto se complementa con formación on-line sobre Firma electrónica y Factura electrónica, y sobre negocios electrónicos, y con el uso de la herramienta CatSEO que comentaré los próximos dias. Se identifica con el código PAV-080200-2007-24.

Aunque ya tenemos pensadas algunas ampliaciones para Faccil (especialmente para facilitar la facturación hacia el sector público, que empieza a ser obligatoria a partir de marzo de 2008, y para dar la opción de darse de alta y autenticarse con el DNI electrónico) estamos abiertos a sugerencias y próximamente abriremos un foro para ello.

Por cierto, estamos pensando en algunas futuras características de la plataforma que confiamos en que contribuyan a reducir la morosidad, y a faciltar el acceso a los servicios de factoring de varias instituciones financieras, con las que ya estamos hablando.