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Suministro Inmediato de Información (SII)


El Gobierno de España ha recuperado el plan de control electrónico de la remisión de facturas en tiempo real.

Hoy publica el BOE el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Entre las medida que incluye, se encuentra el denominado Suministro Inmediato de Información (SII), que entrará en vigor el 1 de julio de 2017, y obligará a las empresas a declarar las facturas emitidas y recibidas en un plazo de 4 días (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales), con lo que lleva de control del devengo y facturación del IVA.

El Consejo de Ministros del 2 de diciembre de 2016 ya aprobó esta medida que ya se venía anunciando desde el año 2014, y que cuenta con entornos de prueba de interconexión entre  la Agencia Tributaria y varias empresas, para evaluar los parámetros técnicos de remisión de información.

El SII consiste, básicamente, en el suministro electrónico de los registros de facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a la AEAT los detalles sobre la facturación por vía electrónica de manera que, con esta información se vayan configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros Registro. En el supuesto de facturas simplificadas, emitidas o recibidas, se podrán agrupar, siempre que cumplan determinados requisitos, y enviar los registros de facturación del correspondiente asiento resumen.

El Suministro Inmediato de Información  solo será obligatorio para los sujetos pasivos que actualmente tienen la obligación de autoliquidar el IVA mensualmente, como los inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA) o las grandes empresas, con una facturación anual de más de 6 millones de euros.

La medida impactará en cerca de 62.000 contribuyentes, lo que representa el 80% de la facturación total de los sujetos pasivos del IVA en España.

Este sistema de llevanza electrónica de los libros registro de facturas podrá adoptarlo, opcionalmente, cualquier otro contribuyente que no reúna los requisitos citados.

Durante el primer semestre de vigencia del SII, los contribuyentes obligados tendrán un plazo extraordinario de envío de la información que será de ocho días (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales), por lo que la obligación se aplicará con mayor rigor a partir del 1 de enero de 2018.

¿Qué puede pasar si un banco no comprueba la firma en una solicitud de trasferencia?


Puede pasar, por ejemplo, que el banco deba pagar 117.000 € a su cliente por no comprobar su firma en la solicitud de trasferencia, según se desprende de una sentencia del Tribunal Supremo en la que  condena a la entidad que recibió un fax con la firma falsificada del titular de la cuenta y siguió sus instrucciones de realizar una transferencia desde su cuenta sin hacer ninguna verificación de que la solictud procedía de su cliente.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha condenado a una entidad española a devolver 117.249,25 euros a un cliente por realizar una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma del fax que recibió y en el que se ordenaba la operación. Alguien había imitado la firma en ese documento, pero la entidad no hizo las oportunas comprobaciones.

Ocurrió en diciembre de 2005 en una sucursal de la entidad en Madrid, donde se recibió un fax aparentemente suscrito por un cliente de esta sucursal ordenando una transferencia a favor de la sociedad Servicios Inmobiliarios R. por 117.000 euros.

El fax, sin membrete alguno, no aportaba datos de identificación del ordenante (número de pasaporte o de documento nacional de identidad). También contenía inexactitudes en el nombre del beneficiario y de su número de cuenta, que fueron corregidas por la propia entidad porque la sociedad inmobiliaria era también cliente suya.

Pese a todo, el banco realizó la operación, detrayendo la cantidad indicada en el fax de la cuenta corriente del cliente.

El Supremo ha condenado a la entidad financiera a devolver al cliente la cantidad transferida indebidamente, más los intereses legales, al considerar que no desplegó toda la diligencia profesional exigible a una entidad bancaria en sus deberes de gestión y custodia de una cuenta corriente. Para el tribunal, el banco debió al menos llamar por teléfono a su cliente para cerciorarse de la veracidad de la orden de transferencia.

En una sentencia de la que ha sido ponente Francisco Javier Orduña, la Sala subraya que, en este caso, la comprobación de la firma por parte del banco resultaba especialmente necesaria no sólo porque el Código de Comercio impone al comisionista el deber de consultar al comitente “en lo no previsto y prescrito expresamente”, sino también por las circunstancias que se dieron. El banco sabía que el titular de la cuenta sólo efectuaba ingresos y no retiraba fondos; la transferencia fue ordenada por un medio no habitual, como es el fax, y presentaba “claras irregularidades” en el nombre del beneficiario y en su número de cuenta, además de no aportar los datos de identificación del ordenante.

El Supremo también ha tenido en cuenta que el contrato por el que se abrió la cuenta no contemplaba como medio de pago el fax.

El Juzgado de Primera Instancia dio la razón al cliente y sentenció que hubo negligencia por parte del banco. Él no consideró procedente practicar la prueba pericial caligráfica solicitada por el cliente al estimar que era imposible realizarla al tratarse de un fax del que sólo había copia.

El banco recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón. El órgano de apelación consideró que la única forma de acreditar que la firma no correspondía al titular y que se había incumplido el contrato era haber practicado una pericial.

El cliente ha tenido que llegar hasta la Sala Civil del Tribunal Supremo para logar la devolución del dinero. El Supremo concluye que la Audiencia hacía recaer en él, indebidamente, la carga de probar la falsedad de la firma inserta en el fax.

La sentencia indica que es incorrecta y desproporcionada la imputación al cliente de los efectos negativos de la falta de la prueba, ya que él no tenía ninguna oportunidad de disponer y facilitar la prueba: aunque solicitó la pericial caligráfica, no tenía el original que era necesario para practicarla con garantías.

Algunas medidas para impulsar las TIC y el comercio electrónico en España (y Europa)


Llevo unos cuantos años impulsando y ayudando a impulsar el comercio electrónico en España y en Europa.

Y a pesar de los años, veo que todavía quedan muchas cosas por hacer.

Ahora presido la Comisión de Comercio Electrónico de AMETIC, un Foro formidable para hacer llegar peticiones y reflexiones a las administraciones públicas y reguladores.

Estos días he hecho un pequeño ejercicio de reflexión para identificar acciones que se podrían acometer desde el estado (especialmente a nivel regulatorio) para mejorar la adopción por las empresas de diferentes tecnologías de Información y Comunicaciones, lo que redundará en su mejora de competitividad a medio y largo plazo. Y también acciones para mejorar la generalización del Comercio Electrónico.

Aprovecho este blog para compartirlas con sus lectores y pedir más ideas que llevar a los debates de la Comisión de Comercio Electrónico de AMETIC:

  • Simplificación del sistema impositivo para transacciones transfronterizas: IVA unificado en la UE para transacciones e-commerce y tributación en el pais del prestador, con reglas de compensación entre paises.
  • En el marco de subvenciones y financiación apoyada institucionalmente, prioridad a inversiones en ICT a todas las empresas y de circulante a empresas de ámbito TIC
  • En el ámbito de capital riesgo, vehículos de apoyo a Business Angels que inviertan en start ups de entornos ICT
  • En el ámbito de la formación: inclusión de asignaturas tecnológicas (apicaciones especiales según disciplina y técnicas de programación) y de emprendimiento (gestión, contabiidad, fiscalidad) en todas las carreras universitarias
  • En el ámbito de la contratación pública, supresión de las modalidades no digitales de licitación (adopción paulatina con medidas de e-inclusión para autónomos y pymes)
  • Perfeccionamiento de la normativa bancaria respecto a la certeza de cobro de los sistemas de pago (y evitar “chargebacks” en transacciones por imperfecciones de su sistema que los bancos trasladan a sus clientes)
  • Tratamiento fiscal favorable (incluso recuperación de parte de impuestos especiales en combustibles) a sistemas logísticos para mejorar su competitividad
  • Implantación de marco legal que imponga limitaciones al plazo de pago de facturas. Por ejemplo, identificar electrónicamente a la Agencia Tributaria facturas no cobradas tras 60 diás, de forma que en esas facturas se produzca inversión del sujeto pasivo: en vez de que sea el suministrador el encargado de ingresar el impuesto en Hacienda, sería el adquirente.

Por favor, comenta a continuación otras medidas que propondrías

No devolver llamadas a números internacionales +222 +252


Un fraude telefónico que se está produciendo últimamente es la recepción de llamadas de número internacionales que cuelgan antes de descolgar o al hacerlo.

Devolver una llamada a un número internacional puede tener un coste de 1 o 2 euros.

Si no tenemos parientes en el pais del que procede la llamada, no devolvamos las llamadas.

Estos prefijos son algunos de los que ya se han identificado:

  • +222 (o 00222) Mauritania
  • +252 (o 00252) Somalia

905 455 166 El timo de la llamada perdida


Estos dias están llamando indiscriminadamente de este número de tarificación adicional, con una llamada breve que no se llega a descolgar para que los destinatarios se interesen por ver quien les ha llamado y por qué, devolviendo la llamada.

Al ser un número de tarificación adicional el usuario paga un sobrecoste de llamada que el operador ingresa en la cuenta de la entidad que hace las llamadas fraudulentas.

Este tipo de fraudes debería ser vigilado por las entidades responsables de telecomunicaciones.

Mucho ojo porque pueden estar haciendo llamadas desde otros números de tarificación adicional aparte de este.

Money Appdate, de Aurigae, nueva solución de alertas financieras inteligentes en el smartphone


  • Money-AppdateAurigae lanza al mercado un servicio completo para la gestión de avisos bancarios que acabará con las alertas por SMS.
  • La nueva tecnología incrementa la seguridad y reduce dramáticamente los costes al sacar provecho de las notificaciones push de los smartphones

Ya es posible organizar todas las alertas financieras (reintegros en cajeros, pagos en comercios, ingresos de nómina, compra y venta de valores, códigos de verificación para transferencias online, transacciones de comercio electrónico, vencimientos de préstamos, …), con Money Appdate, una sencilla y potente aplicación para smartphones.

Con esta aplicación se controlan mejor las alertas financieras por parte de los usuarios y es posible para las entidades financieras participantes añadir servicios personalizados.

El coste del servicio para los bancos es una fracción del que supone la gestión de SMS, y cuenta con múltiples posibilidades, ya que no se aplican sus limitaciones, como por ejemplo la del número de caracteres del mensaje .

La herramienta aporta funcionalidades como el envío de datos seguros, la posibilidad de incluir información adicional para cada alerta (datos del producto, geolocalización de la operación, teléfonos de contacto, …) e incluso publicidad o informaciones personalizadas.

Además, cada entidad tendrá la oportunidad de definir y personalizar operaciones disponibles para los usuarios, por tipo de producto y tipo de alerta. Por ejemplo el bloqueo de una tarjeta, la restricción de operar en determinadas áreas geográficas, establecer límites de dispensación en cajeros, etc.

Todo ello desde un Panel de Control Remoto específico de la entidad financiera de uso sencillo para los administradores informáticos designados.

Desde el punto de vista del usuario, las principales ventajas son: organización de las alertas recibidas, seguridad en los datos, economía, reacción ante alertas de cambios de cotización de valores, o datos de interés.

Y destacadamente, detección de fraudes y reacción ante ellos mediante las operaciones que los bancos le permitan realizar nada más recibir una alerta (como por ejemplo, el bloqueo de la tarjeta).

En definitiva, Money Appdate es una potente herramienta que ahorra costes a las entidades financieras y permite dar un valor añadido a los clientes de bancos, contribuyendo a mitigar el fraude en los medios de pago.

Estafas informáticas


Artículo original escrito por el abogado Marco Esteban, del bufete de abogados penalistas Esteban Abogados.

La aparición y consolidación del comercio electrónico, y con el la utilización cada vez mayor de medios de pago a través de la red, así como el uso creciente de sistemas como la banca electrónica y otros parecidos han conllevado la aparición de una nueva tipología de delitos relacionados con ellos. Concretamente han aparecido delitos relacionados con el robo de datos sensibles y/o la utilización de estos para fines fraudulentos como por ejemplo vaciar las cuentas bancarias de la víctima o bien hacer uso ilícito de los fondos de su tarjeta de crédito.

Es de destacar que la aparición de este tipo de delitos obviamente ha venido acompañado de una legislación coercitiva al respecto y de la adopción de medios, de la creación de mecanismos, sistemas y entes para perseguir los mismos, pero también cabe decir y para hacer honor a la verdad, que muchas de estas conductas y acciones ilícitas, hoy, aún en día tienen una difícil persecución.

Y tienen una difícil persecución por diversos motivos: por la dificultad técnica en identificar como se ha producido el suceso delictivo, por la dificulatd para identificar al autor real de dichas acciones, por la dificultad o imposibilidad de perseguir penalmente al autor.

Como consecuencia de estas dificultades, existen sentencias que seeñalan el sobreseimiento provisional de las causas por no poder imputar a nadie en particular los delitos que se pretendían juzgar. Es el caso del auto de un Juzgado de Instrucción de Barcelona, que en 2008 dictó el sobreseimiento provisional de la causa que debía conocer por falta de autor conocido. Dicho sobreseimiento se vió ratificado por la resolución del recurso de apelación interpuesto contra dicho auto ante al Audiencia Provincial barcelonesa que lo desestimó en el mismo sentido que el juzgado instructor.

El carácter provisional del sobreseimiento de la causa es muy significativo y lo destaca la resolución de la Audiencia Provincial, en base a la  “poco conocida mecánica comisiva del delito”.

Si bien la Audiencia Provisional de Barcelona se vio “obligada” a sobreseer la causa de forma provisional por la imposibilidad de determinar el autor y de concretar la técnica utilizada, en la misma resolución estableció que se reabriese el procedimiento “cuando la Policía (UDEF, Investigaciones Tecnológicas) remita las correspondientes diligencias ampliatorias,  a la espera de que se complete la investigación policial de unos hechos ciertamente muy complejos”.

Y la dificultad para identificar a los autores del hecho delictivo  se evidencia al concluir que este se produce por la acción de redes delictivas altamente profesionalizadas, ramificadas y diseminadas, y en la mayoría de ocasiones no pertenecientes, ni instaladas o vinculadas directamente con el territorio español, ni siquiera con territorio comunitario, que hacen extremadamente difícil y en muchos casos imposible, la  misma identificación de las personas que las forman así como su persecución legal aún en el caso de que se puedan llegar a identificar.

En el caso del phishing, es posible identificar a “las mulas” que inician el cobro del dinero de la cuenta bancaria atacada y lo transfieren a través de prestadores internacionales de servicios de pagos con laxos controles de identificación de ordenantes y beneficiarios. Pero no es posible identificar a los responsables últimos que se escudan tras varios nivekes de intermediarios ubicados en diferentes países y que no se conocen entre sí.

La legislación internacional debería evolucionar más rápidamente para facilitar la persecución de estos delitos, especialmente en contextos en los que la tecnología diluye barreras, que sin embargo perduran en el marco de la jurisdicción y la ley aplicable.

Sobre el autor

Marco Esteban es abogado responsable del bufete de abogados penalistas Esteban Abogados. Profesionales especializados en derecho penal, asesoramiento jurídico y servicios legales