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Dia internacional de la firma electrónica


El dia 30 de junio se conmemora en Estados Unidos el dia nacional de la firma electrónica.

Pero ¿cual podría ser el dia internacional de la firma electrónica?

Es un debate interesante que abro aquí, si bien lo inauguro con una propuesta. 4 de septiembre.

Porque el 4 de septiembre de 1998 se firmó electrónicamente un comunicado conjunto entre Estados Unidos e Irlanda aprovechando la visita del Presidente Bill Clinton a Irlanda. Su anfitrión, el Primer Ministro «Taoiseach» Bertie Ahern fue el otro firmante.

Ya hice referencia a este acto en mi post «Jordi Sevilla en el Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información» en 2006.

En una visita a la factoría del fabricante de PCs Gateway de Dublín, se preparó el entorno para la firma electrónica utilizando portátiles de Gateway y el software de firma electrónica de la empresa Baltimore Technologies, radicada en Irlanda.

La visita presidencial estaba prevista para la primera semana de septiembre. Fran Rooney, director general de Baltimore, y Brendan Tuohy, secretario general del Departamento de Empresas Públicas, elaboraron una idea para que los gobiernos de Irlanda y Estados Unidos publicaran un comunicado sobre comercio electrónico, firmado con tecnologías de seguridad digital en lugar de con pluma y tinta. Luego consiguieron el apoyo a este plan de un alto asesor político del Presidente Clinton.

La PKI era muy adecuada para la gestión de documentos oficiales. Su contenido no podía alterarse sin ser detectado después de adjuntar las firmas digitales. Pero los documentos podían seguir siendo copiados y distribuidos tan ampliamente como fuera necesario. El software de autoridad de certificación UniCert, de Baltimore, generaría los certificados digitales para identificar al Presidente Clinton y al Taoiseach Ahern. Esos certificados podrían almacenarse en tarjetas inteligentes y el proceso de firma adoptaría la forma de una transacción con tarjeta.

Clinton y Ahern recibieron sus tarjetas inteligentes personales, cada una con un código de firma único y un certificado digital. Los dos Jefes de Estado introdujeron sus tarjetas inteligentes en los lectores e introdujeron sus códigos personales, generando las firmas adjuntas al comunicado. Éste aparece, con los sellos de las firmas, en la página web de la Casa Blanca.

«¿Tienen idea de cuánto tiempo paso cada día firmando con mi nombre?» preguntó Clinton. «Me voy a sentir completamente inútil si no puedo hacer al menos eso».

El escenario estaba preparado para una exhibición de Baltimore Technologies ante un público invitado y los medios de comunicación internacionales que acompañaban al presidente estadounidense. El fabricante de ordenadores Gateway aceptó acoger el acto en sus instalaciones de Clonshaugh. Los políticos interpretaron su papel a la perfección y toda la tecnología funcionó bien.

Sin embargo, fue un inconveniente que el proceso de firma digital fuera más o menos instantáneo. Para mejorar la visivilidad de la operación, Baltimore ideó una animación especial que mostraba la transferencia de las firmas de las tarjetas al documento. Esta animación prolongaba la ceremonia y creaba una sensación de ocasión especial.

En retrospectiva, el aspecto más interesante del comunicado era el docuento que prescribía a los gobiernos en la infraestructura en evolución para las transacciones basadas en Internet: proporcionar un marco jurídico claro, promover un entorno favorable a la competencia y garantizar una protección adecuada de los objetivos de interés público, como la privacidad, los derechos de propiedad intelectual y la protección del consumidor. El acuerdo intergubernamental también afirmaba que los impuestos sobre el comercio electrónico debían ser coherentes y no discriminatorios.

En los tratados internacionales los firmante se suelen intercambiar las plumas. Quizá habría que pensar en otro acto protocolario que no implicara intercambiarse las tarjetas chip, para no transmitir ideas equívocas. Quizá los lectores de tarjetas («chipeteras»).

Dia de la firma electrónica: 30 de junio


El próximo dia 30 de junio se conmemora en Estados Unidos el dia nacional de la firma electrónica.

Se ha elegido la fecha por el momento en que el presidente William Jefferson («Bill») Clinton firma la denominada «Electronic Signatures in Global & National Commerce Act» o «ESIGN Act» el 30 de junio del año 2000. 10 años más tarde, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución para que el 30 de junio tuviera la consideración de «National ESIGN Day» para aumentar la visibilidad de las irmas electrónicas y promover las ventajas el el comercio electrónico.

Antes de la adopción en el año 2000 de la Ley de Firma Electrónica (ESIGN-Electronic Signatures in Global & National Commerce Act), en 1999 se estableció la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas (UETA-Uniform Electronic Transactions Act). La diferencia entre la ESIGN y la UETA es que la ESIGN es una legislación federal, mientras que la UETA es adoptada por los estados individualmente. En el momento de la creación de la UETA, todos los estados excepto 3 adoptaron la ley en la legislación estatal.

Para firmar el proyecto de ley, el presidente introdujo una tarjeta inteligente criptográfica en un lector, tecleó su contraseña – «Buddy» (nombre de su perro) – y una réplica de su firma apareció en la pantalla, al tiempo que en el interior del fichero quedaba el hash del documento cifrado con su clave privada y acompañado de su certificado. Pero antes de hacerlo, firmó el proyecto de ley a la manera tradicional, con una pluma, debido a que los abogados de la Casa Blanca creían que la Constitución de Estados Unidos exige que los presidentes pongan la pluma sobre el papel para aprobar la legislación.

Es curioso, porque parece ser que en 2005 los abogados de la Casa Blanca redactaron un informe por el que que la firma con Autopen era constitucional. Y puestos a elegir, me parece que el uso de una tarjeta chip es más lógico que el de una máquina de firma.

Cómo tramitar en EPREL las etiquetas de eficiencia energética con certificados cualificados de persona jurídica


Las fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos deben sustituir las etiquetas de clasificación energética generadas con la normativa anterior por otras nuevas (que contienen un código QR) y que permiten afinar mejor entre los aparatos de menor consumo.

Para ello deben acceder a la base de datos EPREL de la comisión europea disponible en el enlace: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_es.htm

Para acceder a EPREL es necesario contar con una identificación gestionada en el sistema ECAS (EU Login) de la unión europea, por lo que el primer paso es darse de alta. Para ello es conveniente tener un teléfono móvil y descargarse la app «EU Login Mobile» ya que el acceso a los servidores comunitarios se refuerza con el control de identidad gestionado con la App.

La generación de las etiquetas energéticas se facilita con una web de ayuda denominada Energy Label Generator (en inglés).

Para darse de alta en ECAS (EU Login) hay que pinchar este enlace (https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-46376802)

Y a continuación «Create an account».

Dado que para gestionar la base de datos en lo que compete a cada entidad distribuidora o fabricante es necesario un certificado cualificado de persona jurídica, conviene contactar anticipadamente con EADTrust (en el+34 91 7160555) para conseguir uno.

Hace unos días comenté en este blog los cambios que se avecinaban en relación con EPREL y que ya se pueden comprobar desde el 14 de marzo de 2022.

Inscripción de productos en la base de datos EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) de la Comisión Europea con certificados de EADTrust


EADTrust ha verificado la compatibilidad de sus certificados electrónicos con las nuevas directrices sobre el Registro EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) de eficiencia de productos eléctricos.

A partir de ahora será necesario que las fichas clasificación energética de productos eléctricos se firmen o sellen electrónicamente con certificados electrónicos cualificados tales como los que expide EADTrust.

Una de las herramientas de política energética más conocidas, exitosas y longevas para ahorrar energía y costes a los consumidores es la etiqueta energética de la UE para los productos eléctricos.

Aunque el marco regulatorio existe desde 1994, se revisó por primera vez en 2010, y la última actualización se realizó en 2017, a través del Reglamento (UE) 2017/1369 por el que se establece un marco para el etiquetado energético («el Reglamento marco»).

Sobre la base del Reglamento marco, la Comisión Europea adopta requisitos de etiquetado para grupos de productos específicos a través de Reglamentos delegados.

La obligación de los suministradores de registrar los productos procede del Reglamento marco, que actualiza los requisitos de etiquetado de eficiencia energética para los productos relacionados con la energía.

Aparte de esto, el Reglamento también actualizó el formato de etiquetado energético. La revisión del Reglamento de 2010 permitió la ampliación de la escala energética más allá de la letra A, introduciendo nuevas clases (A+, A++ y A+++). Debido al progreso tecnológico, un número creciente de equipos se clasificó en los niveles superiores.

Llegó un momento en que se hizo necesario definir más finamente las categorias de certificación para que los equipos más eficientes se diferencien del resto.

Por este motivo, las nuevas etiquetas reasignarán la escala que pasará de recorrer los niveles A +++ a D a referirse a los niveles de A a G.

El Reglamento marco exige la creación de una «base de datos de productos».

El artículo 4 («Obligaciones de los proveedores en relación con la base de datos de productos») del Reglamento establece la obligación de los proveedores de registrar cualquier nuevo modelo de producto, en el ámbito de aplicación del Reglamento marco, antes de comercializarlo.

El artículo 12 («Base de datos de productos») del Reglamento, encomienda a la Comisión Europea que cree y gestione dicha base de datos en línea para productos con etiqueta energética.

La base de datos de productos tiene 3 funciones principales:

1. Permitir el registro por parte de los proveedores de modelos de productos introducidos en el mercado de la Unión, tal como exige la legislación.

2. Facilitar el acceso, por parte de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, a la documentación técnica necesaria para el control del cumplimiento.

3. Permitir a los consumidores un fácil acceso público en línea a la información clave sobre la eficiencia del producto, incluida la etiqueta energética.

Además, la plataforma asociada a la base de datos EPREL aporta:

  • Proveedores, la opción de generar Etiquetas y Fichas de Información de Producto (o Fichas de Producto) en todas las lenguas de la UE. La plataforma también proporciona una herramienta para generar un código QR, que redirige al equipo concreto en la base de datos.
  • Distribuidores, ela disponibilidad de las versiones electrónicas de las etiquetas y «fichas de información del producto» (o «fichas de producto» según el texto de la Directiva derogada). Tanto las tiendas físicas como tiendas de comercio electrónico pueden descargar estos documentos desde el Sitio Público o a través de Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) específicas.
  • Administraciones públicas, gestores de compra pública y responsables políticos, información necesaria para la toma de decisiones sobre los procedimientos de licitación, el enfoque de posibles ayudas y subvenciones, la elaboración de medidas fiscales y similares.

Puede contactar con EADTrust a través de los teléfonos +34 91 716 0555 (o 902 365 612)

Firma electrónica indirecta


En ocasiones hay que realizar firmas electrónicas sobre un documento electrónico principal que lleva adjuntos otros documentos electrónicos. Y puede que sea conveniente que alguno o todos los documentos adjuntos estén firmados electrónicamente. El primer documento suele estar en formato PDF y se puede firmar con herramientas como Adobe Acrobat DC (atención, las denominaciones de la firma en Acrobat son confusas: la que hay que usar es la firma basada en certificado).

Una posible solución a la firma de múltiples documentos (en caso de que el procedimiento al que se van a incorporar los documentos lo admita) es incluir en el escrito principal un anexo de firmas indirectas que incluye la relación de documentos electrónicos adjuntos, utilizando para ellos nombres descriptivos que deberán coincidir con los de los propios documentos y, si es posible, de forma que el nombre incluya entre sus primeros caracteres las cifras que componen su número ordinal dentro de la relación de documentos según la preferencia de ordenación del firmante o de quien elabora el escrito.

Para cada fichero es conveniente indicar el tamaño y es preceptivo indicar el valor hash correspondiente al fichero.

En la sección inicial del anexo, antes de incluir la propia tabla que contiene los nombres de los ficheros y sus valores, se debe especificar el formato de hash utilizado, que normalmente será de los tipos SHA-2 o SHA-3, considerando la variante concreta. Por ejemplo «SHA-2 (variante SHA-256)». Conviene indicar la notación empleada. Por ejemplo, «El resultado del valor HASH se expresa en notación hexadecimal», o «El resultado del valor HASH se expresa en notación Base64».

También es conveniente que los valores hash se incluyan en una tipografía de las denominadas  «de espaciado fijo entre caracteres» (en inglés «monospaced») como el tipo de letra Courier que permite apreciar que todas las tiras de caracteres tienen el mismo tamaño (y detectar errores relacionados con la existencia de un número de caracteres mayor o menor del que corresponde).

Para calcular los valores HASH de los ficheros existen diversas herramientas. En sistemas Windows, una de las recomendables por su sencillez es Hashtab disponible originalmente en la web Implbits.

Tras instalar el software, se crea una opción de menú contextual en el Explorador de Windows, de modo que, si pulsamos sobre un fichero con el botón derecho del ratón y a continuación sobre la opción «Propiedades» (la opción que queda abajo del todo) se abre una ventana que contiene una pestaña para los valores hash del documento («Hash de Archivos»).

A continuación se pulsa en la pestaña de la zona superior «Hash de Archivos» y se pueden ver los valores hash del fichero por tipo de algoritmo.

Si se pulsa sobre el enlace «Parámetros» (hacia la mitad de la ventana) se pueden elegir los tipos de hash que se desea que muestre la herramienta.

Este tipo de firmas indirectas puede considerarse similar a las denominadas «separadas» o «acompañantes» («detached» en inglés) ya que los propios documentos no se modifican para incluir las firmas (como en las firmas «attached enveloped») ni se crean estructuras contenedoras de la firma y del documento (como en las firmas «attached enveloping»)

Adobe actualiza su lista de confianza y sigue incluyendo la EUTL


Adobe desempeña un papel esencial en la popularización de la firma electrónica que hay que reconocer.

Por un lado, su herramienta gratuita de visualización de archivos PDF Acrobat Reader incluye sin coste una herramienta de creación de firmas electrónicas basada en certificados (entre los que destacan los certificados cualificados tal como los define el Reglamento UE 910/2014, eIdAS ).

Por otro lado, ha apostado desde la entrada en vigor del citado reglamento por incluir en la lista de confianza de sus productos (antiguamente denominada AATL) las entidades prestadoras de servicios de confianza que figuran en la lista de confianza de la unión europea (EUTL) que se puede recorrer con detalle gracias al Visualizador de Listas,

Esta combinación es importante para impulsar el uso de la firma electrónica en una herramienta que se caracteriza por la efectividad al cumplir su misión de mostrar los documentos electrónicos de forma muy parecida a los documentos en papel y establecer una potente metáfora del uso electrónico de los documentos manteniendo muchas de las ventajas de los documentos en papel, y algunas complementarias , como las informaciones adicionales que se guardan en los metadatos.

La lista actualizada de los entidades de confianza para Adobe obtenida de la EUTL puede verse en este artículo: ¿Qué es EUTL?

Y la lista concreta de los prestadores de servicios de certificación cualificados españoles (un subconjunto de la lista anterior), es esta:

Los certificados DSC de España con los que se firman los pasaportes COVID


Algunos paises europeos han publicado la información de los certificados electrónicos ECC (y unos pocos RSA) con los que se firman los pasaportes COVID (oficialmente «Certificados Digitales COVID» y anteriormente «Certificados verdes digitales»). Estos certificados se denominan DSC (Document Signing Certificate). Ya lo mencioné en el artículo «Public Key of Spain CSCA for European digital COVID certificate«.

Uno de los países que publican la información de dichos certificados electrónicos es Suecia, que hace referencia a los certificados incluidos en la pasarela de validación de confianza de pasaportes COVID (Técnicamente «Digital Green Certificate Gateway» DGCG).

En España, todos los certificados menos uno los ha expedido EADTrust (European Agency of Digital Trust), por lo que la Sub-CA de certificados de curva elíptica P-256 para sello de órgano de EADTrust se ha convertido en la principal CSCA (Certificate Signing Certificate Authority de España. Otra singularidad del sistema adoptado en España es que los DSC emitidos por EADTrust son, además, certificados cualificados de sello de órgano según el Reglamento EIDAS.

Estos son los datos principales de certificados de CSCA y DSC de España:

Country: ES
TypeNameContactPurpose
CSCA CertificateOU=Legal Person, OID.2.5.4.97=VATES-B85626240, C=ES, O=»European Agency of Digital Trust, S.L.», CN=EADTrust ECC 256 SubCA For Qualified Certificates 2019ca@eadtrust.eu
CSCA CertificateCN=iCA Izenpe, OU=Peer, O=IZENPE S.A., C=ES
Document SignerC=ES, O=SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES, OID.2.5.4.97=VATES-Q0719003F, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=Q0719003F, CN=IBSALUT-CVD-SELLO1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=Servicio Extremeño de Salud, OID.2.5.4.97=VATES-Q0600413I, OU=SSII, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=Q0600413I, CN=Servicio Extremeño de Salud1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON, OID.2.5.4.97=VATES- Q4700608E, OU=GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=Q4700608E, CN=GERENCIA REGIONAL DE SALUD CASTILLA Y LEÓN (SACYL)1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=»DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA, CONSUMO Y CUIDADOS», OID.2.5.4.97=VATES-S2633001I, OU=»DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PUBLICA, CONSUMO Y CUIDADOS», OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S2633001I, CN=Gobierno de La Rioja1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=Servicio Canario de la Salud, OID.2.5.4.97=VATES-Q8555011I, OU=Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=Q8555011I, CN=Secretaría General del Servicio Canario de la Salud1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, OID.2.5.4.97=VATES-S7900010E, OU=DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S7900010E, CN=SELLO ELECTRONICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, OID.2.5.4.97=VATES-Q9150013B, OU=SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=Q9150013B, CN=SELLO SAS PARA CERTIFICADO COVID DE LA UE1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerCN=DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES, OID.2.5.4.97=VATES-S4833001C, OU=SELLO ELECTRONICO, O=EUSKO JAURLARITZA – GOBIERNO VASCO, C=ES1.3.6.1.5.5.7.3.2
Document SignerC=ES, O=Servicio Cántabro de Salud, OID.2.5.4.97=VATES-Q3900738J, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=Q3900738J, CN=Servicio Cántabro de Salud1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, OID.2.5.4.97=VATES- Q4500146H, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=Q4500146H, CN=SESCAM Certificado Digital COVID UE1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=Ministerio de Defensa, OID.2.5.4.97=VATES-S2830001J, OU=Inspección General de Sanidad de la Defensa, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S2830001J, CN=Inspección General de Sanidad de la Defensa1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=Principado de Asturias, OID.2.5.4.97=VATES- S3333001J, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S3333001J, CN=Consejería de Salud del Principado de Asturias1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, OID.2.5.4.97=VATES-Q3150004D, OU=Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=Q3150004D, CN=Sello Electrónico del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA, OID.2.5.4.97=VATES-S6100007A, OU=CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S6100007A, CN=CEUTA1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=GENERALITAT VALENCIANA, OID.2.5.4.97=VATES-S4611001A, OU=CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S4611001A, CN=GENERALITAT VALENCIANA1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, OID.2.5.4.97=VATES-S0811001G, OU=Departament de Salut, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S0811001G, CN=CERT-GENCAT-1S-211.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA, OID.2.5.4.97=VATES- S3011001l, OU=DIRECCION GENERAL INFORMATICA CORPORATIVA, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S3011001l, CN=DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=MINISTERIO DE SANIDAD, OID.2.5.4.97=VATES-S2827001E, OU=SELLO MINISTERIO DE SANIDAD CERTIFICACION COVID19, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S2827001E, CN=SELLO MINISTERIO DE SANIDAD CERTIFICACION COVID191.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=GOBIERNO DE ARAGON, OID.2.5.4.97=VATES-S5011001D, OU=DEPARTAMENTO DE SANIDAD, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S5011001D, CN=DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGON1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, OID.2.5.4.97=VATES-Q2801221I, OU=DG SISTEMAS DE INFORMACION Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=Q2801221I, CN=FIRMA CERTIFICADO COVID DIGITAL UE 11.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4
Document SignerC=ES, O=Consellería de Sanidad, OID.2.5.4.97=VATES-S1511001H, OU=SELLO ELECTRONICO, SERIALNUMBER=S1511001H, CN=ConselleriadeSanidade.XuntadeGalicia1.3.6.1.5.5.7.3.2, 1.3.6.1.5.5.7.3.4

Electronic signatures in EU Digital COVID Certificates, based on qualified certificates issued by #EIDAS Certification Authorities


To configure DGCG (Digital Green Certificate Gateway) in Digital COVID Certificate project, participating countries provide information regarding Public Key of the certificate of CSCA (Certificate Signing Certificate Authority). Spain uses a ECC #eIDAS Sub-CA as CSCA.

CSCA, as defined in the DGC project, requires the CSCA cert to include the country field for which the CSCA is valid. However, #EIDAS certificates are intended for cross-border interoperability, so the country field in the CA cert is irrelevant to countries in which it is valid.

DGC technical documents should be changed so CSCA of one country could be serviced from a CA in other country. So #EIDAS certification authorities could provide DSC certificates to health bodies in any country. The same principle should be extended to WHO technical documents.

Extended key Usage Identifiers could be present with some information in #EIDAS certificates, so the explanation that the DSC may contain an extended key usage extension with zero or more key usage policy identifiers that constrain the types of HCERTs such DSC certificate may sign, should consider other OIDs as «not present» if the eHealth application doesn´t understand them.

If one or more of the special DGC OIDs are present, the verifiers SHALL verify the extended key usage against the stored HCERT.

In absence of any key usage extension of the special DGC OIDs (i.e. no such special DGC OIDs extensions), the related DSC certificate can be used to sign any type of HCERT.

So, in #EIDAS DSC certificates to be used to electronically sign HCERT, the following OIDs can be used in Extended Key Usage extension fields:

  • OID 1.3.6.1.4.1.1847.2021.1.1 — valid for test
  • OID 1.3.6.1.4.1.1847.2021.1.2 — valid for vaccinations
  • OID 1.3.6.1.4.1.1847.2021.1.3 — valid for recovery

This OIDs can be present if the related EU Digital COVID Certificate is restricted to one of two kind of certificates. If all 3 are included (or none of them) the related EU Digital COVID Certificate is NOT restricted and can reflect any of the three options.

Los servicios de confianza digital y el comercio electrónico en la relación UK-EU tras el Brexit


El borrador del acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, por un lado, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por otro, se publicó finalmente el 25 de diciembre de 2020 tras anunciarse la Nochebuena previa que se había alcanzado el acuerdo.

Aunque el borrador está sujeto a cambios menores de redacción, se someterá a ratificación por los gobernos de los paises miembros, y de lograrse, se aplicará a partir del dia 1 de mes siguiente al que se haya producido dicha ratificación y la del Parlamento británico.

Los primeros meses desde el 1 de enero de 2021 pueden ser un poco caóticos salvo que se adopten medidas provisionales, cuestionables desde el punto de vista de la percepción de la soberanía de los países miembros o el Reino Unido solicite un aplazamiento de la fecha límite de vigencia del período de transición. Lo que no se espera, porque da la impresión de que el Primer Ministro británico precisamente pretende demostrar que permanecer en la Unión Europea supone renunciar a un cierto grado de soberanía nacional.

En el acuerdo, a partir de la página 116 el Título III se refiere a las condiciones de Comercio Electrónico (Digital Trade).

TITLE III: DIGITAL TRADE
Chapter 1: General provisions
Article DIGIT.1 Objective


The objective of this Title is to facilitate digital trade, to address unjustified barriers to trade enabled by electronic means and to ensure an open, secure and trustworthy online environment for businesses and consumers.

Article DIGIT.2 Scope

  1. This Title applies to measures of a Party affecting trade enabled by electronic means.
  2. This Title does not apply to audio-visual services.

Article DIGIT.3 Right to regulate


The Parties reaffirm the right to regulate within their territories to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, social services, public education, safety, the environment including climate change, public morals, social or consumer protection, privacy and data protection, or the promotion and protection of cultural diversity.

Article DIGIT.4 Exceptions


For greater certainty, nothing in this Title prevents the Parties from adopting or maintaining measures in accordance with Article EXC.1 [General exceptions], Article EXC.4 [Security exceptions] and Article SERVIN.5.39 [Prudential carve-out] for the public interest reasons set out therein.

Article DIGIT.5 Definitions

  1. The definitions in Article SERVIN.1.2 [Definitions] of Title II [Services and investment] of this Heading apply to this Title.
  1. For the purposes of this Title:
    (a) «consumer» means any natural person using a public telecommunications service for other than professional purposes;
    (b) «direct marketing communication» means any form of commercial advertising by which a natural or legal person communicates marketing messages directly to a user via a public telecommunications service and covers at least electronic mail and text and multimedia messages (SMS and MMS);
    (c) «electronic authentication» means an electronic process that enables the confirmation of:
    (i) the electronic identification of a natural or legal person, or
    (ii) the origin and integrity of data in electronic form;
    (d) «electronic registered delivery service» means a service that makes it possible to transmit data between third parties by electronic means and provides evidence relating to the handling of the transmitted data, including proof of sending and receiving the data, and that protects transmitted data against the risk of loss, theft, damage or any unauthorised alterations;
    (e) «electronic seal» means data in electronic form used by a legal person which is attached to or logically associated with other data in electronic form to ensure the latter’s origin and integrity;
    (f) «electronic signature» means data in electronic form which is attached to or logically associated with other data in electronic form that:
    (i) is used by a natural person to agree on the data in electronic form to which it relates; and
    (ii) is linked to the data in electronic form to which it relates in such a way that any subsequent alteration in the data is detectable;
    (g) «electronic time stamp» means data in electronic form which binds other data in electronic form to a particular time establishing evidence that the latter data existed at that time;
    (h) «electronic trust service» means an electronic service consisting of:
    (i) the creation, verification and validation of electronic signatures, electronic seals, electronic time stamps, electronic registered delivery services and certificates related to those services;
    (ii) the creation, verification and validation of certificates for website authentication; or
    (iii) the preservation of electronic signatures, seals or certificates related to those services;
    (i) «government data» means data owned or held by any level of government and by non-governmental bodies in the exercise of powers conferred on them by any level of government;
    (j) «public telecommunications service» means any telecommunications service that is offered to the public generally;
    (k) «user» means any natural or legal person using a public telecommunications service.

Chapter 2: Data flows and personal data protection
Article DIGIT.6 Cross-border data flows

  1. The Parties are committed to ensuring cross-border data flows to facilitate trade in the digital economy. To that end, cross-border data flows shall not be restricted between the Parties by a Party:
    (a) requiring the use of computing facilities or network elements in the Party’s territory for processing, including by imposing the use of computing facilities or network elements that are certified or approved in the territory of a Party;
    (b) requiring the localisation of data in the Party’s territory for storage or processing;
    (c) prohibiting the storage or processing in the territory of the other Party; or
    (d) making the cross-border transfer of data contingent upon use of computing facilities or network elements in the Parties’ territory or upon localisation requirements in the Parties’ territory.
  2. The Parties shall keep the implementation of this provision under review and assess its functioning within three years of the date of entry into force of this Agreement. A Party may at any time propose to the other Party to review the list of restrictions listed in paragraph 1. Such a request shall be accorded sympathetic consideration.

Article DIGIT.7 Protection of personal data and privacy

  1. Each Party recognises that individuals have a right to the protection of personal data and privacy and that high standards in this regard contribute to trust in the digital economy and to the development of trade.
  2. Nothing in this Agreement shall prevent a Party from adopting or maintaining measures on the protection of personal data and privacy, including with respect to cross-border data transfers, provided that the law of the Party provides for instruments enabling transfers under conditions of general application34 for the protection of the data transferred.
  3. Each Party shall inform the other Party about any measure referred to in paragraph 2 that it adopts or maintains.


Chapter 3: Specific provisions
Article DIGIT.8 Customs duties on electronic transmissions

  1. Electronic transmissions shall be considered as the supply of a service within the meaning of Title II [Services and investment] of this Heading.
  2. The Parties shall not impose customs duties on electronic transmissions.

Article DIGIT.9 No prior authorisation

  1. A Party shall not require prior authorisation of the provision of a service by electronic means solely on the ground that the service is provided online, and shall not adopt or maintain any other requirement having an equivalent effect.
  2. A service is provided online when it is provided by electronic means and without the parties being simultaneously present.
  3. Paragraph 1 does not apply to telecommunications services, broadcasting services, gambling services, legal representation services or to the services of notaries or equivalent professions to the extent that they involve a direct and specific connection with the exercise of public authority.


Article DIGIT.10: Conclusion of contracts by electronic means

  1. Each Party shall ensure that contracts may be concluded by electronic means and that its law neither creates obstacles for the use of electronic contracts nor results in contracts being deprived of legal effect and validity solely on the ground that the contract has been made by electronic means.
  2. Paragraph 1 does not apply to the following:
    (a) broadcasting services;
    (b) gambling services;
    (c) legal representation services;
    (d) the services of notaries or equivalent professions involving a direct and specific connection with the exercise of public authority;
    (e) contracts that require witnessing in person;
    (f) contracts that establish or transfer rights in real estate;
    (g) contracts requiring by law the involvement of courts, public authorities or professions exercising public authority;
    (h) contracts of suretyship granted, collateral securities furnished by persons acting for purposes outside their trade, business or profession; or
    (i) contracts governed by family law or by the law of succession.

Article DIGIT.11 Electronic authentication and electronic trust services

  1. A Party shall not deny the legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings of an electronic document, an electronic signature, an electronic seal or an electronic time stamp, or of data sent and received using an electronic registered delivery service, solely on the ground that it is in electronic form.
  2. A Party shall not adopt or maintain measures that would:
    (a) prohibit parties to an electronic transaction from mutually determining the appropriate electronic authentication methods for their transaction; or
    (b) prevent parties to an electronic transaction from being able to prove to judicial and administrative authorities that the use of electronic authentication or an electronic trust service in that transaction complies with the applicable legal requirements.
  3. Notwithstanding paragraph 2, a Party may require that for a particular category of transactions, the method of electronic authentication or trust service is certified by an authority accredited in accordance with its law or meets certain performance standards which shall be objective, transparent and non-discriminatory and only relate to the specific characteristics of the category of transactions concerned.

Article DIGIT.12: Transfer of or access to source code

  1. A Party shall not require the transfer of, or access to, the source code of software owned by a natural or legal person of the other Party.
  2. For greater certainty:
    (a) the general exceptions, security exceptions and prudential carve-out referred to in Article DIGIT.4 [Exceptions] apply to measures of a Party adopted or maintained in the context of a certification procedure; and
    (b) paragraph 1 of this Article does not apply to the voluntary transfer of, or granting of access to, source code on a commercial basis by a natural or legal person of the other Party, such as in the context of a public procurement transaction or a freely negotiated contract.
  3. Nothing in this Article shall affect:
    (a) a requirement by a court or administrative tribunal, or a requirement by a competition authority pursuant to a Party’s competition law to prevent or remedy a restriction or a distortion of competition;
    (b) a requirement by a regulatory body pursuant to a Party’s laws or regulations related to the protection of public safety with regard to users online, subject to safeguards against unauthorised disclosure;
    (c) the protection and enforcement of intellectual property rights; and
    (d) the right of a Party to take measures in accordance with Article III of the GPA as incorporated by Article PPROC.2 [Incorporation of certain provisions of the GPA and covered procurement] of Title VI [Public procurement] of this Heading.

Article DIGIT.13 Online consumer trust

  1. Recognising the importance of enhancing consumer trust in digital trade, each Party shall adopt or maintain measures to ensure the effective protection of consumers engaging in electronic commerce transactions, including but not limited to measures that:
    (a) proscribe fraudulent and deceptive commercial practices;
    (b) require suppliers of goods and services to act in good faith and abide by fair commercial practices, including through the prohibition of charging consumers for unsolicited goods and services;
    (c) require suppliers of goods or services to provide consumers with clear and thorough information, including when they act through intermediary service suppliers, regarding their identity and contact details, the transaction concerned, including the main characteristics of the goods or services and the full price inclusive of all applicable charges, and the applicable consumer rights (in the case of intermediary service suppliers, this includes enabling the provision of such information by the supplier of goods or services); and
    (d) grant consumers access to redress for breaches of their rights, including a right to remedies if goods or services are paid for and are not delivered or provided as agreed.
  1. The Parties recognise the importance of entrusting their consumer protection agencies or other relevant bodies with adequate enforcement powers and the importance of cooperation between these agencies in order to protect consumers and enhance online consumer trust.

Article DIGIT.14 Unsolicited direct marketing communications

  1. Each Party shall ensure that users are effectively protected against unsolicited direct marketing communications.
  2. Each Party shall ensure that direct marketing communications are not sent to users who are natural persons unless they have given their consent in accordance with each Party’s laws to receiving such communications.
  3. Notwithstanding paragraph 2, a Party shall allow natural or legal persons who have collected, in accordance with conditions laid down in the law of that Party, the contact details of a user in the context of the supply of goods or services, to send direct marketing communications to that user for their own similar goods or services.
  4. Each Party shall ensure that direct marketing communications are clearly identifiable as such, clearly disclose on whose behalf they are made and contain the necessary information to enable users to request cessation free of charge and at any moment.
  5. Each Party shall provide users with access to redress against suppliers of direct marketing communications that do not comply with the measures adopted or maintained pursuant to paragraphs 1 to 4.

Article DIGIT.15 Open government data

  1. The Parties recognise that facilitating public access to, and use of, government data contributes to stimulating economic and social development, competitiveness, productivity and innovation.
  2. To the extent that a Party chooses to make government data accessible to the public, it shall endeavour to ensure, to the extent practicable, that the data:
    (a) is in a format that allows it to be easily searched, retrieved, used, reused, and redistributed;
    (b) is in a machine-readable and spatially-enabled format;
    (c) contains descriptive metadata, which is as standard as possible;
    (d) is made available via reliable, user-friendly and freely available Application Programming Interfaces;
    (e) is regularly updated;
    (f) is not subject to use conditions that are discriminatory or that unnecessarily restrict re-use; and
    (g) is made available for re-use in full compliance with the Parties’ respective personal data protection rules.
  1. The Parties shall endeavour to cooperate to identify ways in which each Party can expand access to, and use of, government data that the Party has made public, with a view to enhancing and generating business opportunities, beyond its use by the public sector.

Article DIGIT.16 Cooperation on regulatory issues with regard to digital trade

  1. The Parties shall exchange information on regulatory matters in the context of digital trade, which shall address the following:
    (a) the recognition and facilitation of interoperable electronic trust and authentication services;
    (b) the treatment of direct marketing communications;
    (c) the protection of consumers; and
    (d) any other matter relevant for the development of digital trade, including emerging technologies.
  2. Paragraph 1 shall not apply to a Party’s rules and safeguards for the protection of personal data and privacy, including on cross-border transfers of personal data.
    Article DIGIT.17 – Understanding on computer services
  3. The Parties agree that, for the purpose of liberalising trade in services and investment in accordance with Title II [Services and Investment] of this Heading, the following services shall be considered as computer and related services, regardless of whether they are delivered via a network, including the Internet:
    (a) consulting, adaptation, strategy, analysis, planning, specification, design, development, installation, implementation, integration, testing, debugging, updating, support, technical assistance or management of or for computers or computer systems;
    (b) computer programmes defined as the sets of instructions required to make computers work and communicate (in and of themselves), as well as consulting, strategy, analysis, planning, specification, design, development, installation, implementation, integration, testing, debugging, updating, adaptation, maintenance, support, technical assistance, management or use of or for computer programmes;
    (c) data processing, data storage, data hosting or database services;
    (d) maintenance and repair services for office machinery and equipment, including computers; and
    (e) training services for staff of clients, related to computer programmes, computers or computer systems, and not elsewhere classified.
  4. For greater certainty, services enabled by computer and related services, other than those listed in paragraph 1, shall not be regarded as computer and related services in themselves.

Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia


El pasado martes, 15 de diciembre de 2020 se aprobó en el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, impulsado por el Ministerio de Justicia.

La futura Ley promueve una nueva arquitectura jurídica dentro de la Estrategia Justicia 2030, enmarcada y conectada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation, con una mayor digitalización en los procedimientos judiciales y mejoras necesarias tras la experiencia acumulada en las condiciones de la pandemia de la Covid-19.

El Ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo, ha señalado que la futura Ley proporciona “un nuevo instrumento para avanzar en Sistema Público de Justicia, pensando en el ciudadano y poniéndolo en centro de toda la gestión”, que “quiere dar respuesta a desafíos tradicionales, y también a desafíos nuevos, como los que deja ver la pandemia que nos asola”.

La norma se estructura considerando tres ejes.

Medios adecuados de solución de controversias (MASC)

El primero de los tres ejes en los que está estructurado el Anteproyecto es el de la provisión de medios adecuados de solución de controversias (MASC), una medida que, más allá de la coyuntura de ralentización inicial y previsible incremento posterior de la litigiosidad, como consecuencia de la pandemia y la declaración del estado de alarma, se considera imprescindible para la consolidación de un servicio público de Justicia sostenible.

El objetivo de los MASC es recuperar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y la crispación que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales.

En ese sentido, el Sr. Campo ha señalado que las diferencias entre los ciudadanos no se “tienen que resolver necesariamente acudiendo a un tribunal de Justicia”, por ello, es necesario, ha añadido, “acometer mecanismos que nos permitan afrontar estas situaciones de conflicto sin llegar al punto final que son los tribunales”.

Para ello, es necesario introducir medidas eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos. Con este fin se ha de potenciar la mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado.

El Anteproyecto regula la implantación de los MASC en los asuntos civiles y mercantiles, sin perjuicio de que en el futuro puedan extenderse a otros ámbitos. Para potenciar de manera decidida su utilización, se ha establecido que habrá de acompañarse a la demanda el documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial como requisito de procedibilidad.

Los MASC que podrán utilizar las partes, se establecen en un catálogo amplio que favorece la libre elección de los mismos. En ese sentido se contempla: la actividad negocial, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, la mediación, así como cualesquiera otros procedimientos previstos en la legislación especial (particularmente en materia de consumo).

Una de las grandes novedades es que la validez que tendrá el acuerdo alcanzado a través del MASC es exactamente el mismo que si es resuelto por un juez. El acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no pudiendo presentar demanda con igual objeto. Para que tenga valor de título ejecutivo, el acuerdo habrá de ser elevado a escritura públicao bien homologado judicialmente cuando proceda.
Según el ministro, “estas medidas suponen que si se logra que uno de cada cuatro procedimientos civiles termina en un acuerdo entre las partes, el sistema judicial se descargará más de medio millón de procedimientos”.

Esto conlleva, ha señalado Campo, además, “una recanalización de recursos por valor de unos 380 millones de euros al año”, que, revertirían en una mejora sustancial del tratamiento de aquellos asuntos que sí lo necesitan.

Reforma de las leyes procesales

El segundo eje es el de la reforma de leyes procesales, una iniciativa que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Con ella se garantizan los altos estándares de calidad, se optimizan los recursos existentes, se agilizan los procesos de forma eficiente y eficaz, y se refuerza la seguridad jurídica.

Entre otras medidas, se van a potenciar las sentencias orales en determinados procedimientos como medida de agilización que puede usar el juez, de manera voluntaria, en atención a las concretas circunstancias del proceso.

Del mismo modo, se amplía el ámbito del juicio verbal, más rápido y ágil que el juicio ordinario y sin pérdida de garantías y se modifica en lo necesario su regulación. Se eleva su cuantía y se introducen nuevos procedimientos que podrán tramitarse por sus reglas.

Por otro lado, se introduce el procedimiento testigo y la extensión de efectos para una gestión ágil y eficaz de la litigación en masa en materia de condiciones generales de la contratación, regulándose unos requisitos muy medidos que habrán de concurrir para la posible utilización de ambas técnicas.

Finalmente, se modifica de manera muy relevante el recurso de casación civil, dándole después de 20 años desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario.

Reformas procesales para la transformación digital

El tercer eje clave es el que se refiere la transformación digital.

Este avance evitará desplazamientos a las sedes judiciales, reduciendo los costes económicos, ambientales y territoriales. Y permitirá que toda la tramitación sea mucho más ágil.

En este eje de reformas, el ministro de Justicia ha destacado que, se introduce “la regulación de los sistemas de identificación y autenticación para adaptar nuestra legislación a la europea”. Y ha añadido que se “generaliza la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia”.

Del mismo modo, se impulsará un “Registro electrónico de apoderamientos apud acta”, que permitirá el otorgamiento telemático.

En resumen, todas estas medidas mejoran la Administración de Justicia, respondiendo a las recomendaciones de la Unión Europea, que las fija como un elemento en la valoración de la calidad para los sistemas de Justicia. Del mismo modo, sitúa el Servicio Público de Justicia de España dentro de los estándares de calidad y eficacia europeos e internacionales, constatándolo en el Marcador de Justicia Europeo (EU Justice Scoreboard) de 2022.