Archivo de la categoría: Evidencias electrónicas

Las evidencias electrónicas son pruebas aportadas a un órgano jurisdiccional para demostrar que algo ha sucedido, o para identificar a su autor o las circunstancias en que aquello sucedió. Pero para que las acepte el juez, hay que cumplir algunos requisitos

El proyecto Justicia Digital cerca del 100% de cumplimiento


Según el Boletín Justicia Digital nº 33 de mayo de 2018, el proyecto de despliegue de aplicaciones y medios tecnológicos para la adopción de los principios de Justicia Digital en “territorio Ministerio de Justicia” alcanza el 97%.

El pasado 12 de marzo de 2018 concluyó el despliegue de Justicia digital en los 112 partidos judiciales del territorio del Ministerio de Justicia que integra a 659 órganos judiciales unipersonales, 153 salas de audiencias provinciales y 89 salas y secciones de tribunales superiores de Justicia. De esta forma, ya pueden trabajar en formato electrónico todos los órdenes e instancias de los juzgados de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En España, aunque la impartición de Justicia es una competencia del estado y los operadores jurídicos involucrados son de ámbito estatal (jueces y magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia), la provisión de medios materiales se considera parte de las competencias transferibles, y algunas comunidades autónomas, de hecho, los proveen. Las que no  prestan estos medios materiales son las que se incluyen en el denominado “territorio Ministerio de Justicia”.

Actualmente, para cerrar el ciclo de tramitación procesal electrónica está en curso la incorporación de los órganos centrales (avance del 62%) y las fiscalías (avance del 82%).

La implantación de justicia Digital se ha hecho en tres fases:

  • Fase I y II: despliegue en 26 partidos judiciales (470 Órganos Judiciales) y el 100% de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.
  • Fase III: despliegue en 86 partidos judiciales (189 Órganos Judiciales) y 62% de los Órganos Centrales.

Se reduce así el uso del papel en los Juzgados, se incrementa la seguridad, ya que en todo momento se garantiza la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la información, gracias al empleo de la firma electrónica y se reducen los errores derivados de la manipulación de la información. El intercambio de documentación y remisión de actuaciones entre los órganos judiciales se realiza por vía telemática.

Desde el punto de vista de los profesionales y del ciudadano, el principal impacto es una Justicia más accesible y disponible a cualquier hora del día, durante todos los días del año. Los representantes de las partes (procuradores, abogados y graduados sociales) pueden iniciar los procedimientos y presentar escritos en la oficina judicial, en cualquier momento a través de Internet, sin tener que desplazarse al órgano judicial. Del mismo modo, otros colectivos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los centros sanitarios y las administraciones y organismos públicos pueden interactuar con los órganos judiciales de forma electrónica.

También se facilita a las partes información actualizada del estado de la tramitación de su procedimiento y, actualmente, se está trabajando en proporcionar acceso electrónico a los datos y documentos del Expediente Judicial Electrónico de forma controlada, lo que significa otro paso importante en cuanto a transparencia y agilidad de las actuaciones.

Para favorecer el proceso de adaptación al nuevo modelo de trabajo, el Ministerio de Justicia continúa trabajando con distintas iniciativas tecnológicas y organizativas, para contribuir a mejorar la calidad del servicio prestado por la Administración de Justicia y la ergonomía digital de las aplicaciones.

Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia


Ayer, 7 de febrero de 2018, se constituyó  el Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia, que funcionará como un grupo de trabajo que asesorará al Ministerio de Justicia en el diseño y ejecución de programas de innovación y, a petición del ministro, podrá pronunciarse sobre las medidas y los proyectos normativos que impulse el departamento en esta materia.

Tiene por objeto promover la colaboración con el sector privado y la participación de la sociedad civil en las políticas de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido a los miembros del Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia que aporten su visión estratégica y experiencia en los ámbitos de la tecnología, la innovación y la gestión de organizaciones para impulsar la acción del Gobierno en la transformación digital de la Justicia.

Durante su intervención, Rafael Catalá ha destacado el desafío que supone para las administraciones públicas el empleo de la tecnología que está transformando los modelos de prestación de servicios y las relaciones con los ciudadanos. Las aportaciones y recomendaciones de los miembros de este consejo asesor, todos ellos profesionales que han promovido avances importantes en sus organizaciones, ayudarán, ha señalado Catalá, a trazar las líneas de trabajo del Ministerio de Justicia en su estrategia de transformación del servicio público, atendiendo a las demandas y tendencias que en cada momento marcan la sociedad y el progreso tecnológico.

Forman parte del Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia, a título personal,

  • César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica;
  • César Cernuda, presidente de Microsoft Latinoamérica y vicepresidente corporativo de Microsoft;
  • Bernardo Hernández, emprendedor que ha desarrollado su carrera en Google, Flickr, Yahoo o Tuenti;
  • Chema Alonso, encargado de la estrategia de Big Data, Publicidad y Cuarta Plataforma de Telefónica;
  • Martín Varsavsky, fundador de diversas compañías del sector tecnológico;
  • Javier Rodríguez Zapatero, cofundador y presidente de la escuela de negocios ISDI;
  • Carina Spilzka, fundadora de General Partner K Fund;
  • Ángel Cano, que fue consejero delegado del Grupo BBVA;
  • Enrique Dans, profesor de Innovación en la IE Business School;
  • Santiago Segarra, responsable de la transformación de la Agencia Tributaria como director de tecnología;
  • Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo-Sotelo;
  • Hugo Écija, fundador de la firma ÉCIJA; y
  • Borja Adsuara, que fue director general para el desarrollo de la sociedad de la información y de Red.es.

Voice signing over the phone as an #EIDAS advanced electronic signature


Telesales is the fastest way to perform contracts over the phone. Asking the customer to Fax, emai or send by postal mail the contract is the simplest way to lose sales.

EADTrust defines the framework for contract platforms to deal with voice signature, taking advantage of the definitions included in #eidas (Regulation UE 910/2014), so voice signature complies with article 26 and can be considered “advanced electronic signature”.

This voice based advanced electronic signature lets companies get the deals signed right on the phone, this eliminates lost sales, and time spent chasing customers to send back signed contracts.

Certified platforms record the customer’s verbal authorization and embeds the audio right in the document, providing a compliant voice based electronic signature.

Voice Signing exceeds 50% improvement in deals closing rates for a fraction of the cost and time.

EADTrust performs voice signature platform providers audits to verify that certain principles are met:

  1. Proof of the consent of the signer regarding a document by his own voice and linking of the evidence with the document
  2. Resistance to pre-recorded voice simulations and voice synthesizers by possible supplanters.
  3. Probatory symmetry. Availability of the document for the signer immediately and of the means of proof at a cost similar to that which would have the proof on paper  of a handwritten signature.
  4. Durable medium. Persistence of the document so that the parties can prove the identity of the signatories and the content of the document at any future time.
  5. Possibility of verifying the vocal signature and the content of the document by the signatory in a simple way, with a degraded version of what was pronounced by the signatory.
  6. Impossibility to extract the voice recorded in high quality by the entity that applies the technology and to embed the vocal signature in other documents.
  7. Possibility of comparing the document attached voice recording (high quality voice recording  attributable to the signer)  with other Incontrovertible samples in a forensic context and in dispute resolution environments.
  8. Possibility of generating hybrid documents, in paper and electronic medium.
  9. Availability of information for signatories or their legal representatives regarding the way to provide the evidence and analyze it in a dispute resolution context.
  10. Privacy related information protected in accordance with the Data Protection Act. Existence of data breach detection and notification procedures to the data protection authority when personal data is affected.

As of this writing, there is one accredited voice signing platform:

Contact EADTrust if you need an assessment of your #EIDAS compliant  Voice based electronic signature platform, calling at +34 917160555

Grupo de Trabajo de Bases de Interoperabilidad y Seguridad del CTEAJE


Es un Grupo de Trabajo creado en el marco del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), en el que participan como miembros el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, y las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Navarra, Canarias y Andalucía.

Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo principal desarrollar las Bases del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, tal y como establece el artículo 45 de la Ley 18/2011, de 5 de julio.

Tras alcanzar el 6 de julio de 2015 el objetivo de elaborar y publicar el Texto de las Bases de Interoperabilidad y Seguridad, que ya tuvo en cuenta el Reglamento UE 910/2014 (#eIdAS) se priorizaron las líneas de actuación del Documento judicial electrónico, del Expediente judicial electrónico, de la Política de firma electrónica y certificados y  de Transferencia tecnológica.

Fruto del esfuerzo del Grupo, se han aprobado varias Guías de interoperabilidad y seguridad (GIS) que se encuentran publicadas en el apartado Normativa Técnica del portal del CTEAJE.

Las Guías publicadas son las siguientes:

  • GIS de Política de Autenticación, Certificados y Firma electrónica
  • GIS de Digitalización certificada en la Administración de Justicia
  • GIS de procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos Judiciales electrónicos.
  • Versión 1.0 del CTEAJE de la GIS de Documento Judicial Electrónico. Actualmente el Grupo de trabajo está consensuando una nueva versión.
  • Versión 1.0 del CTEAJE de la GIS de GIS de Expediente Judicial Electrónico. Actualmente el grupo de trabajo está consensuando una nueva versión.

Plan de Acción Plurianual 2014-2018 relativo a la Justicia en Red Europea


Una de las cuestiones tratadas en el Grupo «Derecho en Línea» (Justicia en red) durante la Presidencia neerlandesa ha sido la preparación de la revisión intermedia del Plan de Acción Plurianual 2014-2018 relativo a la Justicia en Red Europea, tal como se prevé en el apartado 46 del Plan de Acción. El Grupo estudió este asunto en sus reuniones de 3 de febrero, 1 de marzo y 4 de mayo de 2016. En la reunión del 4 de mayo se acordó remitir la versión final del documento al Coreper (Comité de Representantes Permanentes). El Coreper confirmó que se había llegado a un acuerdo sobre el texto y decidió remitirlo al Consejo como Punto «A», para ser tratado en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior (Justice and Home Affairs Council) de los días 9 y 10 de junio de 2016.

Se trata de una actividad no legislativa, consistente en la valoración de los resultados obtenidos en el marco del Plan de Acción 2014-2018, una vez transcurrida la mitad del plazo de su vigencia, al final de la presidencia de turno de los Países Bajos.

El Plan de Acción completo en lo que se refiere a la Estrategia 2014-2018 relativa a la Justicia en red europea, está concebido para mejorar el funcionamiento general de los sistemas de Justicia en red tanto a escala de los Estados miembros como europea. Sin perjuicio de los proyectos y evolución nacionales en materia de Justicia en red, el Portal Europeo de Justicia en línea, albergado y gestionado por la Comisión de acuerdo con las orientaciones del Consejo, tiene un papel esencial para la prestación de la Justicia en red a escala europea.

El objetivo de esta actividad no legislativa es dar a conocer el avance de los proyectos contemplados por el Plan de Acción 2014-2018 que fue aprobado por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de 6 junio 2014. Con ello, se trata de llevar a cabo una reflexión sobre su grado de implementación práctica.

El Plan de Acción contempla una lista de proyectos, debidamente priorizados, así como la previsión temporal para la realización de los mismos, de forma que pueda llevarse a cabo el control de su puesta en funcionamiento. Todo ello sin perjuicio de otras iniciativas que, en este ámbito, puedan presentarse ante el Grupo de trabajo.

Hasta la fecha, deben destacarse las actuaciones llevadas en torno a comunicaciones electrónicas entre los profesionales y los Tribunales de justicia, la videoconferencia, e-CODEX, certificados sucesorios y el Portal e-Justice existente a nivel europeo. Igualmente se ha intensificado las relaciones entre los poderes judiciales y con las profesiones jurídicas (abogados, notarios, registradores, mediadores, etc.) contando con la activa colaboración con las redes ya existentes a nivel europeo. España además, impulsa un ámbito de colaboración estable con los países Iberoamericanos, a través de la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos ) y de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Las actividades en materia de e-Justice incluyen el seguimiento de todas aquellas iniciativas en materia de justicia que aseguren el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito de la justicia. También resulta fundamental que se difundan los proyectos y sus efectos prácticos entre los profesionales jurídicos y los ciudadanos.

Durante la Presidencia holandesa se cumplirá la mitad del plazo de implementación de este Plan de Acción plurianual. Es previsible que se alcancen resultados importantes en materia de interconexión de registros de última voluntad, open-data, información y asistencia a ciudadanos, publicación de edictos, información relativa a menores, subastas electrónicas, localización de mediadores, así como una estrategia multi-canal y de interoperabilidad en las aplicaciones informáticas. En cambio, otros proyectos contemplados en el Plan, deberán ser objeto de atención continuada durante el resto del período contemplado para su ejecución. Este será el caso de los proyectos inicialmente previstos para el año 2016 y posteriores, como sucede con las aplicaciones relativas a gestión de establecimientos penitenciarios, bases de datos de peritos, apostilla electrónica y el registro electrónico de poderes y de representantes legales.

El desarrollo de la Justicia en red europea debe incluir acciones en el plano tanto europeo como nacional. Con respecto a todos los proyectos de Justicia en red, tanto nuevos como ya existentes, habrá de dedicarse especial atención al logro de la más amplia participación posible, a fin de garantizar la satisfacción de las expectativas de los usuarios, la viabilidad a largo plazo y la rentabilidad de esos proyectos en relación con sus costes.

El Plan contempla una lista de proyectos recogidos al final del propio documento. ANEXO con la lista de proyectos. Pág. 6-12

Financiación de proyectos

Acceso:

  • Acceso a la información en el ámbito de la justicia
    • Información a través del Portal de Justicia en línea
    • Registros
    • Web semántica
  • Acceso a los tribunales y a procedimientos extrajudiciales en situaciones transfronterizas
    • Generalidades

Cooperación:

  • Comunicación entre autoridades judiciales
  • Cuestiones horizontales
    • Generalidades
    • Fijación de prioridades de actuación
    • Cribado de propuestas legislativas
  • Relaciones exteriores
  • Estructura de gobernanza

Situación de España

España participa activamente en los proyectos derivados del Plan e-Justicia 2014-2018. Como proyectos destacados debe señalarse el de subastas electrónicas, que se lleva a cabo en colaboración con el Boletín Oficial del Estado y que tiene como objetivos alcanzar una mayor transparencia, información y accesibilidad a todos los ciudadanos sobre los bienes subastados, en toda la Unión Europea. También reviste especial interés el intercambio electrónico de información en materia criminal, a fin de mejorar la eficiencia en la lucha contra la criminalidad, existente ya en materia de intercambio de antecedentes penales. También cabe destacar el interés que presenta la iniciativa relativa al gobierno abierto y “open data”, ya que es prioritario promover la transparencia, luchar contra la corrupción, fortaleciendo las instituciones de los Estados miembros, así como la confianza en su funcionamiento. La experiencia española en materia de apostilla electrónica, será además de utilidad para el desarrollo del segundo período del Plan de Acción 2014-2018.

Más información:

ENAC acredita a la Brigada Provincial de Policía Científica de Avila


La Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional de Ávila ha conseguido la acreditación de la identificación por huellas como laboratorio que “cumple con los requisitos” que exige la Unión Europea en los labores de identificación mediante este sistema.

Huellas-Certi-ENAC_

La Brigada Provincial de Policía Científica de Ávila ha superado de forma satisfactoria las auditorías efectuadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que regula los ‘Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de Ensayo y Calibración’.

Tras meses de trabajo y adaptación a las exigencias de la Unión Europea, la Brigada Provincial de Policía Científica de la Comisaría de la Policía Nacional en Ávila ha obtenido la acreditación como Laboratorio que cumple con los requisitos de calidad que la Unión Europea exige en sus labores de identificación lofoscópica o por huellas dactilares.

 

La evaluación se alinea con la Norma UNE EN ISO/IEC 17025, sbre Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

La norma fija los criterios generales que se particularizan al ámbito específico que se acredita, en este caso, sobre los criterios de calidad que deberán cumplir los laboratorios de Policía Científica para que los resultados de sus investigaciones tengan validez en el resto de los países de la Unión Europea. Con la acreditación  la Brigada Provincial de Policía Científica de la Comisaría de la Policía Nacional en Ávila podrá seguir perteneciendo a la ENFSI (RED Europea de Institutos de Ciencias Forenses).

Como consecuencia, los estudios realizados por el laboratorio acreditado en el marco del análisis de pruebas forenses serán válidos en todos los paises europeos, según lo dispone  la normativa europea. Los análisis realizados deben ser reproducibles en cualquier laboratorio español o de la UE, que deberían llegar a las mismas conclusiones, garantizando la objetividad de los resultados obtenidos.

CNP-ENAC-Avila

 

¿Qué puede pasar si un banco no comprueba la firma en una solicitud de trasferencia?


Puede pasar, por ejemplo, que el banco deba pagar 117.000 € a su cliente por no comprobar su firma en la solicitud de trasferencia, según se desprende de una sentencia del Tribunal Supremo en la que  condena a la entidad que recibió un fax con la firma falsificada del titular de la cuenta y siguió sus instrucciones de realizar una transferencia desde su cuenta sin hacer ninguna verificación de que la solictud procedía de su cliente.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha condenado a una entidad española a devolver 117.249,25 euros a un cliente por realizar una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma del fax que recibió y en el que se ordenaba la operación. Alguien había imitado la firma en ese documento, pero la entidad no hizo las oportunas comprobaciones.

Ocurrió en diciembre de 2005 en una sucursal de la entidad en Madrid, donde se recibió un fax aparentemente suscrito por un cliente de esta sucursal ordenando una transferencia a favor de la sociedad Servicios Inmobiliarios R. por 117.000 euros.

El fax, sin membrete alguno, no aportaba datos de identificación del ordenante (número de pasaporte o de documento nacional de identidad). También contenía inexactitudes en el nombre del beneficiario y de su número de cuenta, que fueron corregidas por la propia entidad porque la sociedad inmobiliaria era también cliente suya.

Pese a todo, el banco realizó la operación, detrayendo la cantidad indicada en el fax de la cuenta corriente del cliente.

El Supremo ha condenado a la entidad financiera a devolver al cliente la cantidad transferida indebidamente, más los intereses legales, al considerar que no desplegó toda la diligencia profesional exigible a una entidad bancaria en sus deberes de gestión y custodia de una cuenta corriente. Para el tribunal, el banco debió al menos llamar por teléfono a su cliente para cerciorarse de la veracidad de la orden de transferencia.

En una sentencia de la que ha sido ponente Francisco Javier Orduña, la Sala subraya que, en este caso, la comprobación de la firma por parte del banco resultaba especialmente necesaria no sólo porque el Código de Comercio impone al comisionista el deber de consultar al comitente “en lo no previsto y prescrito expresamente”, sino también por las circunstancias que se dieron. El banco sabía que el titular de la cuenta sólo efectuaba ingresos y no retiraba fondos; la transferencia fue ordenada por un medio no habitual, como es el fax, y presentaba “claras irregularidades” en el nombre del beneficiario y en su número de cuenta, además de no aportar los datos de identificación del ordenante.

El Supremo también ha tenido en cuenta que el contrato por el que se abrió la cuenta no contemplaba como medio de pago el fax.

El Juzgado de Primera Instancia dio la razón al cliente y sentenció que hubo negligencia por parte del banco. Él no consideró procedente practicar la prueba pericial caligráfica solicitada por el cliente al estimar que era imposible realizarla al tratarse de un fax del que sólo había copia.

El banco recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón. El órgano de apelación consideró que la única forma de acreditar que la firma no correspondía al titular y que se había incumplido el contrato era haber practicado una pericial.

El cliente ha tenido que llegar hasta la Sala Civil del Tribunal Supremo para logar la devolución del dinero. El Supremo concluye que la Audiencia hacía recaer en él, indebidamente, la carga de probar la falsedad de la firma inserta en el fax.

La sentencia indica que es incorrecta y desproporcionada la imputación al cliente de los efectos negativos de la falta de la prueba, ya que él no tenía ninguna oportunidad de disponer y facilitar la prueba: aunque solicitó la pericial caligráfica, no tenía el original que era necesario para practicarla con garantías.