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El Subdirector General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, premio EnerTIC


El Subdirector General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, José Luis Hernández Carrión, ha sido distinguido con el galardón al mejor directivo en el sector de la Administración Pública Central por su contribución en el ámbito de la aplicación de las TICs para la mejora de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad.

El premio llega en reconocimiento a la capacidad y esfuerzo realizado en los últimos años para hacer realidad la implantación de la tramitación electrónica en todos los órganos judiciales y fiscalías del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia.

La entrega de los galardones ha tenido lugar el 12 de diciembre de 2018 en la Secretaría de Estado para el Avance Digital (Madrid), durante la tradicional gala de Proyectos y Directivos que organiza la Plataforma EnerTIC, y que ha sido presidida por D. David Cierco, Director General de Red.es y D. Antonio Alcolea, Subdirector General de Fomento de la Sociedad de la Información (Secretaría de Estado para el Avance Digital).

Cerca de 200 directivos del sector y altos cargos de la Administración estuvieron presentes en la Ceremonia de Entrega de la sexta edición de los premios.

Adicionalmente, se ha presentado la VII Guía de Referencia Smart Energy: “Tecnología para la mejora de la Eficiencia Energética” que incluye entre otros contenidos las entrevistas de los directivos, los proyectos más innovadores y buenas prácticas del año 2018, así como las novedades para el año 2019 con las claves de los proyectos del futuro.

Esta edición, prologada por el Comisario Europeo de Energía, D. Miguel Arias Cañete, y por la Ministra de Transición Ecológica, Dña. Teresa Ribera, analiza en el impacto de la Transformación Digital para la mejora de la Competitividad Energética y establece los objetivos principales para poder seguir impulsando una economía descarbonizada en el Programa Horizonte 2030.

EnerTIC es una plataforma de empresas TIC para la mejora de la eficiencia energética en España con el apoyo de las Empresas Asociadas e instituciones públicas, en favor de una economía más competitiva y sostenible. Desde el año 2013, los enerTIC Awards premian los proyectos tecnológicos más innovadores, así como a los directivos que más se comprometen con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

¿Me interesa cambiar las bombillas por luces LED?


GU10-MR16-E27-LED-Light-emitting-diode-220V-4W-6W-8W-BombillaLas bombillas incandescentes, incluidas las halógenas, desperdician buena parte de la energía eléctrica que consumen, que se transforma en calor, ya que sólo una mínima parte se transforma en energía luminosa. En el caso de las luces LED (Light Emitting Diode), casi toda la energía consumida se transforma en luminosa.

Si cambiáramos las 3 luces halógenas de un aplique de 50 W cada una por bombillas LED de 7 W, tendríamos una luminosidad equivalente y la intensidad luminosa para la que eran necesarios los 150 watios de potencia se podría lograr con 21 watios.

Si cada bombilla LED costara 4 euros (y este coste se irá reduciendo conforme se vaya generalizando su uso hasta alrededor e 1 euro), se recuperaría la inversión en 10 meses.

Para ello, podemos considerar un coste de la energía (redondeando) de 0,1 €/KWh (aunque es frecuente pagar 0,12 €/KWh o más) y estimar que tenemos las luces conectadas 3 horas al día. Al cabo de 300 días habrán transcurrido 900 horas, lo que en el caso de las luces halógenas de 150 watios supone 135 KWh. Por otro lado la misma cantidad de luz con luces LED habrá supuesto 18, 9 KWh, una diferencia de 115, 1 KWh, que, con el coste de la energía indicado supone un ahorro de 11, 51, euros en esos 10 meses. Redondeando, el coste de las luces LED.

A partir de ese momento, el ahorro es neto, ya se ha recuperado el coste de las 3 bombillas LED y ahorraremos casi 12 euros cada 10 meses.

Si el coste de las bombillas fuera de 2 euros, la recuperación de su coste se produciría en unos 5 meses. Y sea cual sea su coste, cambiar 150 W por 21 W produce un ahorro de más de 14 euros al año, con el supuesto de 3 horas con esas luces encendidas por día. Y si el coste de la energía es mayor, también lo será el ahorro, y menor el tiempo de recuperación del coste de las bombillas.

Energías Renovables, empleo y desarrollo


Artículo publicado en la “Tercera de ABC” el 23 de marzo de 2012.

Autor: Felipe Benjumea Llorente, presidente de Abengoa

“No está bien que paguen justos por pecadores”

Estamos entre los países más avanzados en el desarrollo de energía eólica, y somos los primeros del mundo en termosolar.

“Atribuir a la energía termosolar el déficit de la tarifa eléctrica es simplemente falso; pretender evitar el déficit futuro matando esta actividad, un grave error”.

El modelo energético que actualmente existe en España no podrá mantenerse durante mucho tiempo. Está basado en un 80 %, en energías de origen fósil (gas, carbón y petróleo), prácticamente todas ellas de importación. Esta dependencia exterior, supone un serio lastre para la balanza de pagos, la seguridad de suministro, y por tanto, para la seguridad nacional. Dependemos de un pequeño número de países poco estables, que manejan producciones y precios según intereses muy alejados de los nuestros. Pero siendo estas razones poderosas para propiciar un cambio de modelo, lo es más el hecho de que los combustibles fósiles son la causa de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que dan lugar al calentamiento global y el cambio climático. No combatir las causas del incremento de la temperatura del planeta, tendría un grave efecto sobre las especies que lo habitan, y unos costes económicos mucho mayores que las medidas necesarias para mitigarlo.

Por todo ello, la Unión Europea ha emprendido el camino hacia un sistema energético basado en las energías renovables. España se ha comprometido a alcanzar en el año 2020 una cuota del 20 % de renovables respecto al consumo total, lo cual supone duplicar la cuota actual. Asimismo, la Comisión Europea en su “Energy Roadmap 2050“, ha definido un nivel de penetración de energías renovables del 25 % en 2030 y del 55 % en 2050. Estos objetivos, están acompañados de un creciente papel de la electricidad, que deberá proceder en 2050, entre un 65 % y un 97 %, de fuentes renovables. Hemos de duplicar nuestra producción de renovables en la presente década e incrementarla en mayor medida hasta el 2050.

Ante la necesaria evolución hacia un modelo energético renovable, caben dos actitudes. Una, la más frecuente en nuestra historia, esperar a que otros hagan los desarrollos y luego adquirir de ellos la tecnología. La otra, la que históricamente ha convertido en líderes a los países más desarrollados, aprovechar la gran oportunidad que para la economía y el empleo supone participar en primera línea del desarrollo, y exportar a otros tecnología, equipos e instalaciones. En este momento, se dan las condiciones para poder adoptar con éxito la segunda de las opciones. España, por primera vez en su historia, ocupa una posición de liderazgo en un sector industrial y tecnológico de gran y creciente importancia mundial. El sector de renovables da empleo directo en nuestro país a más de 120.000 personas, genera el 1% del PIB, e invierte en I+D el 2,67% de su contribución al PIB, lo que representa más del doble de la media nacional. Este liderazgo español lo es en distinto grado para las diferentes tecnologías. Estamos entre los países más avanzados en el desarrollo de energía eólica, y somos los primeros del mundo en termosolar. El reconocimiento de este liderazgo puede encontrarse en numerosas publicaciones internacionales e incluso en discursos del presidente de los EE UU.

El liderazgo en tecnología solar termoeléctrica se debe a factores como: una alta irradiación solar, una buena política de I+D, una buena regulación, y unas empresas que invirtieron arriesgándose en ella. La actividad termosolar da empleo a 25.000 personas en España, la inmensa mayoría en las regiones con mayor índice de paro; permitió ahorrar en 2010 la importación de 150.000 toneladas equivalentes de petróleo, cantidad que será diez veces mayor en el año 2015; además de evitar en ese mismo año, la emisión de más de 300.000 toneladas de CO2. Las empresas españolas construyen en este momento más plantas termosolares fuera que dentro de España. Se produce en ellas el círculo virtuoso de mantener en nuestro país las actividades de mayor valor añadido con el consiguiente desarrollo en otros sectores, el pago de los correspondientes impuestos, la generación de empleo, y la exportación de tecnología avanzada.

En las últimas semanas se ha producido un intenso debate en torno al “Déficit Tarifario” del sistema eléctrico. Es decir, la acumulación de una deuda contraída con las grandes generadoras de electricidad, debida la diferencia entre los costes estimados del sistema eléctrico y los ingresos obtenidos de su explotación comercial. El monto del déficit acumulado, (más de 24.000 millones de euros) pone de manifiesto la magnitud del problema y la urgencia de una revisión general de costes e ingresos del sistema eléctrico. Ante esta situación, algunos han acusado interesadamente a las energías renovables, y especialmente a la termosolar, de ser las causantes del problema. Nada más lejos de la realidad. El déficit tarifario se viene produciendo desde el año 2000 cuando las energías renovables representaban el 5% de la generación. Si se comparan los 24.000 millones de euros de déficit con los 605 millones de euros recibidos por la termosolar hasta el año 2011, se comprende que atribuir a ésta el citado déficit es completamente absurdo. Como también lo es, pretender resolver el problema mirando al conjunto de las renovables cuyos ingresos totales representan únicamente el 15 % del total de costes del sistema eléctrico.

El origen del déficit se encuentra en una regulación inadecuada derivada de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, que ha permitido una brecha entre los precios del mercado y los costes reconocidos al sistema. Las compañías generadoras de entonces, aceptaron diferir sus ingresos en un contexto de condiciones muy favorables de regulación y financiación del déficit. Desde entonces existen una serie de pagos regulados al régimen ordinario de generación eléctrica, mucho más importante que las primas de las energías renovables, y que son los principales causantes del déficit. Entre ellos destacan los “Costes de Transición a la Competencia” reconocidos a las compañías eléctricas de la época, que los recibieron con un exceso de más de 3.000 millones de euros, y que nunca han sido liquidados por estas. O los grandes beneficios sobrevenidos (windfall profits) que reciben cada año las instalaciones nucleares e hidráulicas a las que se paga la producción a un precio muy superior a sus costes, ya que la inversión en instalaciones fue ya recuperada por las compañías con los mecanismos establecidos en la citada Ley. O los ingresos extraordinarios a estas instalaciones derivados del sistema de pagos por emisiones de CO2.

El conjunto de la generación eléctrica en nuestro país tiene procedencia diversa porque así se ha decidido y comprometido en el seno de la Unión Europea. Cada tecnología debe ser remunerada según sus costes y grado de madurez. El pago de unos precios como los que reciben la nuclear o la hidráulica, muy por encima de sus costes, es una subvención injustificada. La energía nuclear española, a pesar de la recuperación de la inversión por sus propietarios, aún recibe un 42 % más que la francesa y un 62 % más que se estimó para Alemania antes de suspender el programa nuclear. La hidráulica, extrae su energía de cauces públicos con concesiones que se prorrogan sin contrapartida alguna.

En este contexto, las energías renovables están reduciendo sus costes rápidamente recorriendo una curva de aprendizaje que hará que en pocos años, no sólo generen beneficios indirectos que compensan sus mayores costes, sino que estos sean menores que los de la obtenida de combustibles fósiles que marcan el precio del mercado. Según un informe del pasado noviembre de la Asociación de Academias de Ciencias de Europa, la generación termoeléctrica alcanzará costes menores que la de origen fósil en la próxima década. Este hecho está haciendo que numerosos países promuevan la construcción de plantas de este tipo y que empresas españolas estén llevando a cabo muchos de los proyectos. Para que sigamos aprovechando esta oportunidad de generación de empleo y desarrollo, es imprescindible una regulación que permita la construcción en España de plantas en las que las empresas puedan demostrar los avances en su tecnología. El desarrollo de las tecnologías renovables, es una apuesta de primer nivel por el empleo presente y futuro, por el medioambiente, la balanza de pagos, y por nuestra independencia. Atribuir a la energía termosolar el déficit de la tarifa eléctrica es simplemente falso; pretender evitar el déficit futuro matando esta actividad, un grave error.

Propuestas para un nuevo modelo energético


Nombrado doctor «honoris causa» por la universidad de Salamanca, Ignacio Galán propone un decálogo de medidas para impulsar un sector «imprescindible para el crecimiento económico sostenido y sostenible»

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha propuesto el pasado viernes 2.11.2011, un nuevo modelo energético alternativo al oficial para 2020 “más barato, más sostenible, con menos emisiones y creador de más empleo”, al tiempo que ha destacado la importancia de este sector “como tractor económico”.

Sánchez Galán, que ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca (USAL), en reconocimiento a su trayectoria profesional y a la labor de mecenazgo de su empresa a la institución académica y al Campus de Excelencia Internacional, ha trazado en su discurso los ejes centrales de su propuesta energética.

A su juicio, de lo que se trata es de avanzar “hacia un modelo energético seguro, sostenible y competitivo”, en torno a una serie de objetivos, entre los que ha destacado, “la garantía de suministro, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia económica”.

Galán ha calificado de “equilibrado” su propuesta de mix energético, “con una contribución similar de las tecnologías térmica (24%), eólica (21%) y nuclear (18%), y una aportación del 12% de la hidroeléctrica y del 5% de la solar, quedando el 20% restante cubierto básicamente por cogeneración y biomasa”.

En su opinión, este nuevo escenario conllevaría una mejora sustancial respecto a la planificación energética oficial prevista para 2020 y no sólo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde la perspectiva económica.

Desde este ámbito, ha subrayado que “los costes serían un 20% inferiores y en igual medida (20%) se recortarían las inversiones -hasta los 36.000 millones de euros-, un factor especialmente importante en estos momentos de escasez de recursos financieros”.

También, ha subrayado que “se mantendrían o crearían, además, cientos de miles de empleos estables, dado que la mayor parte del esfuerzo inversor se destinaría a industrias españolas, al apostar por tecnologías con un fuerte componente de contribución nacional”.

Sánchez Galán ha subrayado que la política energética debe ser una “cuestión de Estado” y ha insistido en que más de la mitad de los costes incluidos en la factura “no están relacionados con el suministro de electricidad sino con decisiones administrativas”.

También en clave económica, ha estimado en “más de 19.000 millones de euros las necesidades de inversión en las redes de distribución y de cerca de 11.000 millones para las de transporte de electricidad y la evacuación de la energía de las nuevas instalaciones renovables que construyan”.

El nuevo Doctor Honoris Causa de la USAL, tras hacer un llamamiento a “la reflexión” y a la “toma de las correspondientes decisiones regulatorias”, ha expresado la “necesidad” de que las fuerzas políticas “trabajen de forma conjunta para alcanzar un consenso que transmita estabilidad y seguridad de cara a hacer posibles las inversiones requeridas”.

Por su parte, el rector de la USAL, Daniel Hernández Ruipérez, en su discurso, ha definido a Sánchez Galán como “uno de los más importantes ejecutivos de nuestro país”, al tiempo que ha resaltado la “audacia” en la “apuesta decidida por la innovación y la investigación”.

Todo ello ha permitido a Iberdrola, según ha concluido Hernández Ruipérez, “convertirse en una de las empresas líderes mundiales del sector energético y una de las firmas con más menciones en el ámbito de la sostenibilidad”.

Propuestas para un nuevo modelo energético

POR IGNACIO GALÁN
03/12/2011

El diseño de un modelo energético seguro, sostenible y competitivo ocupa un lugar prioritario en la agenda política europea y española. Compartimos unos retos comunes con los países de nuestro entorno que tienen su origen en la necesidad de suministrar de forma eficiente y segura una demanda energética creciente en un escenario de precios al alza, derivados de la evolución de las materias primas y de las restricciones ambientales, que impactan en la competitividad de todos los sectores productivos. Pero, además, confluyen en nuestro país factores diferenciales agravantes; unos de carácter estructural, como la elevada dependencia energética del exterior y el escaso nivel de interconexiones eléctricas y gasistas existente; otros, derivados de decisiones estrictamente administrativas que han fomentado la producción con tecnologías poco eficientes, poco maduras y no siempre respetuosas con el medio ambiente.

Como consecuencia de estas decisiones han crecido exponencialmente las primas a las energías renovables y la cogeneración (el llamado régimen especial) que han elevado significativamente los costes eléctricos. Este aspecto, unido al mantenimiento de las tarifas de suministro oficiales sin reconocimiento de dichos incrementos de costes, ha generado un déficit de tarifa que es equivalente ya al 2% del PIB de nuestro país y que, por contar con el aval del Estado en su titulización, puede afectar directamente a la consideración de la deuda pública.

La necesidad acuciante de abordar los retos energéticos pendientes se produce, además, en un escenario de crisis económica sin precedentes, a cuya solución puede contribuir decisivamente el sector dado su carácter dinamizador del desarrollo económico, industrial y social. Se trata de un sector que invierte en España alrededor de 15.000 millones de euros anuales, destinados al desarrollo de infraestructuras determinantes para la competitividad del país y sin recurrir a los fondos de los Presupuestos Generales del Estado, y da empleo directo e indirecto a 400.000 personas. Además, realiza compras anuales por valor de 40.000 millones de euros a fabricantes y suministradores, con el consiguiente efecto tractor para el conjunto del tejido industrial.

Es urgente diseñar una estrategia para el sector clara y estable, que haga de la política energética una cuestión de Estado y en la que trabajen de forma conjunta todas las fuerzas políticas, para alcanzar un consenso que transmita estabilidad y seguridad al sector. Además, es fundamental establecer un marco jurídico y regulatorio predecible, que dé certidumbre a las inversiones energéticas y confianza para acometer nuevos proyectos.

Para llevar a cabo los cambios necesarios es esencial que se realice una planificación completa y detallada, que dote de visión de largo plazo y que permita adoptar decisiones sobre las distintas opciones que se plantean.

Esta planificación debe ser la base de un nuevo modelo energético que, a mi juicio, debe tener cinco objetivos principales: en primer lugar, la garantía de suministro, con el fin de asegurar la cobertura de la demanda; en segundo lugar, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, según los compromisos de nuestro país en materia de cambio climático; el tercer objetivo es la eficiencia económica, tanto en inversión como en costes, que mejore la competitividad de la economía; el cuarto, la reducción de la dependencia exterior, disminuyendo la vulnerabilidad en términos de riesgos de precio y geopolíticos; y finalmente, garantizar la contribución al crecimiento de la economía española, ya que el modelo energético puede y debe tener un impacto positivo sobre la balanza comercial, así como sobre el desarrollo industrial y la creación de empleo.

El balance eléctrico para 2020 se realizaría partiendo de una demanda nacional estimada en 300 TWh en 2020 (en lugar de los 350 TWh previstos en el PER 2011-2020), con una potencia punta de 55.000 megavatios y un índice de cobertura del 1,1, valor comúnmente aceptado como límite para garantizar la cobertura de la demanda. Además, tendría que cumplirse estrictamente el objetivo de renovables planteado por la Unión Europea para España, cifrado en el 20% sobre el consumo final, en lugar del 20,8% propuesto en el mencionado plan energético oficial, lo que implicaría rebajar la producción renovable de 146 TWh a 126 TWh, priorizando aquellas tecnologías más eficientes en función de su coste de producción e inversión.

El mix de producción resultante sería equilibrado, con una contribución similar de las tecnologías térmica (24%), eólica (21%) y nuclear (18%), y una aportación del 12% de la hidroeléctrica y del 5% de la solar, quedando el 20% restante cubierto básicamente por cogeneración y biomasa. Las inversiones necesarias para alcanzar esos objetivos de nueva capacidad ascenderían a 36.000 millones de euros, es decir, 20.000 millones menos que la cifra prevista en la planificación oficial.

Esta estructura de producción tendría un triple efecto positivo en términos de sostenibilidad ambiental (20% menos de emisiones con respecto al PER); menores costes de suministro (20% inferiores) y menores necesidades de inversión (-20%), un factor especialmente importante en estos momentos de escasez de recursos financieros y del que se podrían beneficiar otros sectores de nuestra economía.

A este notable incremento de eficiencia en el suministro de energía, habría que añadir los beneficios derivados del hecho de que la mayor parte del esfuerzo inversor se destinaría a industrias españolas, al apostar por tecnologías con un fuerte componente de contribución nacional. Ello permitiría el mantenimiento o la creación de cientos de miles de puestos de trabajo estables.

Además, sería necesario destinar más de 19.000 millones de euros a las redes de distribución, tanto para llevar a cabo las inversiones recurrentes como para desarrollar las llamadas redes inteligentes, y cerca de 11.000 millones de euros para las redes de transporte de electricidad, las interconexiones con nuestros vecinos y la evacuación de la energía de las nuevas centrales renovables que se construyan.

Esta propuesta de planificación debe ir acompañada de algunas reflexiones y, en su caso, decisiones regulatorias, dado que, a día de hoy, más de la mitad de los costes incluidos en la factura eléctrica no están relacionados con el suministro de electricidad, sino con decisiones políticas tales como el suministro eléctrico a las islas, la financiación de los déficit de años anteriores, los costes sociales de la minería del carbón o la tarifa social, además de un sinfín de tasas e impuestos de ámbito local, autonómico o estatal.

En definitiva, las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito energético deben ser abordadas desde una visión de Estado que vele por la solidez y la estabilidad del modelo, sin el dictado cortoplacista de las coyunturas económicas y políticas. Como recientemente decía el también Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, Luiz Inácio Lula da Silva, a propósito de la perspectiva con la que los gobiernos deberían afrontar la crisis: «el político no puede decidir pensando en las próximas elecciones. Tiene que pensar en las próximas generaciones».

La energía del futuro: retos urgentes


En las páginas salmón de EL PAIS de ayer (27.11.2011) se incluía un artículo compuesto por Paulina Beato y Juan Delgado que recoge una buena parte de las conclusiones de nuestro grupo de debate en Saviálogos (la mesa la coordinaba Paulina Beato, y en ella participamos Blas Calzada, José Luis Erro,  Javier Díez Holchleitner, Julián Inza y Paul Isbell).

La fuente original en EL PAIS: La energía del futuro se decide hoy

Lo transcribo a continuación:

El panorama energético mundial ha cambiado en el último año debido fundamentalmente a dos acontecimientos: el accidente de Fukushima y el descubrimiento de nuevas y abundantes reservas de gas. Los retos de la política energética se mantienen: garantizar el suministro energético de forma competitiva y medioambientalmente sostenible; pero la senda para alcanzarlos ha cambiado. La estrategia para afrontar estos retos debe ponerse en marcha hoy.

El declive de la energía nuclear, el auge del gas y la insuficiencia de las políticas actuales para frenar el calentamiento global son tres de los aspectos más destacables del reciente informe sobre el futuro energético de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El futuro de la energía nuclear es incierto. El accidente de Fukushima ha supuesto un replanteamiento de la estrategia nuclear. Alemania, por ejemplo, se ha comprometido a cerrar sus centrales nucleares en 2022. Otros países, como China o Japón, han ralentizado sus inversiones. Además, las medidas adicionales de seguridad han encarecido notablemente la construcción de nuevas centrales.

El peso de la energía nuclear sobre el mix energético mundial se mantendrá en 2035 en los niveles actuales frente a las previsiones de crecimiento contempladas en el escenario pre-Fukushima. El 70% de la inversión tendrá lugar en países emergentes. El declive de la energía nuclear favorecerá el desarrollo de otras energías como el gas o las energías renovables.

La explotación de nuevas y abundantes reservas de gas cambiará el mapa energético mundial. Las nuevas reservas de gas no convencional, es decir, gas no extraíble mediante tecnologías hasta ahora convencionales, y el abaratamiento de las tecnologías de extracción permiten ser optimista sobre el futuro del gas.

En Estados Unidos y Canadá se están explotando yacimientos cuya viabilidad económica resultaba hasta ahora impensable. La extensión de estas tecnologías a otras regiones del mundo permitirá la explotación de cuantiosas reservas. El gas no convencional es especialmente abundante en Norteamérica, Rusia, China y Latinoamérica y, frente a la concentración del gas convencional, se encuentra geográficamente muy atomizado.

De acuerdo con la AIE, la proporción de gas en el mix energético ascenderá del actual 21% al 25% en 2035. El gas no convencional supondrá el 20% de la producción total frente al actual 12%. Las reservas de gas no convencional son suficientes para garantizar el consumo durante más de 250 años. Así pues, el agotamiento de los recursos energéticos no es uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la humanidad.

La mayor disponibilidad de gas, la menor concentración geográfica frente al petróleo y el aumento del comercio, debido a innovaciones en el transporte y a nuevas infraestructuras de almacenamiento, harán que se modere su precio y se generalice su uso. Por ejemplo, China prevé en su plan quinquenal 2011-2015 una fuerte apuesta por el gas. La AIE también prevé un incremento del uso del gas en el sector del transporte. Además, la atomización de las reservas de gas suavizará los desequilibrios globales de las balanzas comerciales, uno de los elementos subyacentes en la crisis financiera actual.

Desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono, el gas es una opción más limpia que otros combustibles fósiles, pero ¿se traducirá el nuevo mix energético en una disminución de las emisiones respecto al escenario anterior? Sí, pero no de forma sustancial, ya que el gas sigue siendo una alternativa con más emisiones que la energía nuclear, a la que también reemplazará parcialmente.

Los combustibles fósiles seguirán teniendo un papel predominante en 2035. Según la AIE, el nuevo escenario energético con un aumento del uso del gas pero con un menor peso de la energía nuclear que el previsto anteriormente hace disminuir ligeramente las emisiones de CO2 respecto al escenario previo, pero conduce a un aumento de la temperatura en el largo plazo de 3,5 grados centígrados, cifra muy superior a los 2 grados centígrados acordados como objetivo global.

Las políticas actuales no son suficientes para frenar el calentamiento global. El mayor peso del gas no eliminará la necesidad de seguir desarrollando políticas activas contra el cambio climático basadas en las energías renovables, la eficiencia energética, las tecnologías de captura de dióxido de carbono y la adaptación a tecnologías más limpias. El gas puede contribuir a mejorar la seguridad energética y a la transición hacia un mundo libre de carbono pero no es la solución al calentamiento global.

Descarbonizar el mundo es un proceso progresivo y costoso. El margen de maniobra para situar el sector energético en una trayectoria sostenible es limitado. El 80% de las emisiones del sector energético permisibles en 2035 son difícilmente evitables debido a las inversiones ya realizadas.

Según la AIE, se necesitaría una inversión mundial de 28 billones de euros en infraestructura hasta 2035 para poder satisfacer la demanda creciente de energía, especialmente de China e India. Las inversiones deberán ser incluso mayores para mantenerse en una trayectoria sostenible. Las tecnologías actuales no son suficientes para reducir las emisiones de CO2. Es necesario no solo invertir en nuevas tecnologías, sino también hacerlas llegar a los países en fase de industrialización.

La AIE presenta un panorama relativamente favorable para la competitividad y la seguridad energética, pero desalentador en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿A qué retos se enfrenta España en este nuevo escenario? Las energías renovables y el gas natural están llamados a desempeñar un papel muy relevante en el sistema energético español. El futuro de la energía nuclear no está decidido, pero es poco probable que se lleven a cabo nuevas inversiones. El carbón nacional tenderá a desaparecer por su alto coste y elevadas emisiones.

La agenda energética del nuevo Gobierno en este nuevo escenario está repleta de retos ineludibles. En nuestra opinión, son tres los más prioritarios:

En primer lugar, la eficiencia energética debe convertirse en una de las claves de la política energética. Hay multitud de medidas con bajo coste que contribuyen a reducir el uso de energía. La eficiencia energética no solo reduce las emisiones de CO2, sino que hace disminuir el alto déficit energético español, que ejerce una gran presión sobre la balanza comercial.

En segundo lugar, se deben sentar las bases para crear un mercado nacional del gas y su integración en Europa. España se encuentra en una situación geográfica excelente para convertirse en un punto de entrada del gas en Europa occidental. El aumento del comercio mundial de gas requiere de infraestructuras apropiadas y de mercados líquidos para que ciudadanos y empresas se beneficien del mismo.

Por último, España debe apostar decididamente por la lucha contra el cambio climático suprimiendo las ayudas al uso del carbón y apoyando el despliegue de energías limpias. El apoyo financiero del sector público a la investigación y adopción de medidas contra el calentamiento global debe ser firme y continuado. La coordinación y optimización de los instrumentos de lucha contra el cambio climático se hacen más necesarias en épocas de restricciones presupuestarias.

La dilación en la puesta en marcha de estas medidas no hará más que encarecer el suministro futuro de energía y reducir las posibilidades de frenar el calentamiento global. Un precio muy alto para las generaciones venideras. La inacción no es una solución sino una condena.

Paulina Beato, doctora en Economía por la Universidad de Minnesota, es consejera de Repsol. Juan Delgado, doctor en Economía por la Universidad Carlos III, es consultor en asuntos energéticos.

Saviálogos 2011 en Pamplona


Interesante debate sobre la energía, ayer y hoy.

Paulina Beato, José Luis Erro, Blas Calzada, Paul Isbel, Javier Díez-Hochleitner, Julián Inza  y Juan Bernal.

Los recursos energéticos no se van a acabar en términos prácticos. Las restricciones del modelo energético son el coste y el impacto mediambiental local y global.

  1. Ahorro y eficiencia energética en la generación, en la distribución y en el consumo
  2. Competitividad y competencia de los mercados energéticos. Grandes posibilidades de mejora.
  3. Promover el desarrollo de fuentes de energía próximas y sostenibles.
  4. Promover el I+D+i para mejorar la eficiencia, el impacto ambiental y la seguridad de las energías ya existentes y encontrar otras nuevas.
  5. Promover un regulador armonizado a nivel europeo de la adopción de políticas energéticas, indexado sobre estrategias globales consensuadas, que no solo tenga objetivos medioambientales. Promover un mercado global más eficiente de CO2 dentro de los objetivos de Kioto.
  6. Mejor acceso a las redes de distribución por parte de nuevas entidades generadoras que introduzca mayor competencia. Smart Grid.
  7. Potencial de shale gas, energía nuclear, energía hidroeléctrica que a aportan energía a costes  que estimulan la competencia, mientras se avanza en diferentes opciones productoras de energía.
  8. Los hidrocarburos permiten la obtención de materiales sofisticados (algunos aún no descubiertos), por lo que se debería intentar evitar usarlos para quemar, mientras haya otras opciones.

Inseguridad jurídica en la energía fotovoltáica


Un estado de derecho se debe de caracterizar por la seguridad jurídica. Si las disposiciones que aparecen en el BOE se modifican cada dos por tres sin necesidad aparente, se demuestra en cada modificacion que las normas que se cambian estaban mal en primer lugar. Pero es que además, cuando afecta a decisiones económicas, cada cambio es un cambio de reglas de juego en mitad de la partida. El dislate llega al máximo cuando se imponen modificaciones con efectos retroactivos.

Esto es lo que ha pasado en el mundo de la energía fotovoltáica, y que ha dado lugar a la movilización de los afectados por la nueva normativa de placas fotovoltaicas.

La situación se resume muy bien en el artículo las consecuencias e implicaciones del RD-Ley 14/2010 del bufete Navas & Cusí Abogados que reproduzco:

Las consecuencias e implicaciones del RD-Ley 14/2010

En el año 2007, el Gobierno español incentivó y fomentó el uso, producción y venta de energías renovables alternativas, fomentando especialmente la inversión en plantas fotovoltaicas de energía eléctrica. Para ello, aprobó el Real Decreto 661/2007 mediante el cual se incentivó la colocación de plantas fotovoltaicas asegurando la inversión
realizada estipulando un precio fijo por el que las compañías eléctricas compraban la totalidad de la energía eléctrica generada por dichas placas fotovoltaicas.

Ante la garantía y seguridad ofrecida por el Estado, cientos de personas invirtieron sus ahorros en la instalación de plantas
fotovoltaicas, tanto por estar en la creencia de que el gobierno deseaba crear una auténtica fuente eficaz de energía alternativa, como por la seguridad que otorga contratar con el Estado.

El pasado viernes 24 de Diciembre de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 14/2010 mediante el cual el gobierno, de forma unilateral y sin consultar a los afectados e interesados del sector, aplica medidas económicas con carácter retroactivo que afectan a todos los inversores con plantas fotovoltaicas, sin diferenciar entre los productores hasta la actualidad y los nuevos productores con posterioridad al Decreto,  limitando las horas de producción eléctrica e instaurando un peaje transitorio de acceso a las redes de transporte y distribución a satisfacer por los productores de energía eléctrica.

En resumen:

  • Los propietarios de plantas fotovoltaicas estarán obligados, a partir del 1 de enero de 2011 y hasta que no se desarrolle un reglamento que imponga otros precios, a pagar un peaje de acceso por distribuir la energía eléctrica de 0,5 €/MWh.
  • Se procede a limitar las horas de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas hasta el 31 de Diciembre de 2013. Las limitaciones para las instalaciones fotovoltaicas reguladas por el Real Decreto 661/2007 serán los siguientes, según su tecnología:
> Instalación fija: 1.250 horas equivalentes de referencia / año
> Instalación con seguimiento a 1 eje: 1.644 horas equivalentes de referencia / año
> Instalación con seguimiento a 2 ejes: 1.707 horas equivalentes de referencia / año

El presente Real Decreto comportará grandes perjuicios y pérdidas económicas a los inversores, quienes decidieron realizar la inversión amparados en unas determinadas condiciones que actualmente el Gobierno ha  modificado de forma unilateral y sin respetar las condiciones contractuales pactadas, dado que no podrán recuperar la inversión realizada en el tiempo estimado por limitar el Gobierno la producción de energía eléctrica y dejar de pagar los importes y los KW estimados.

Dicho Real Decreto y sus disposiciones transitorias pueden afectar a principios constitucionales básicos como son la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes.