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Código Seguro de Verificación (CSV) enrutable


El Código Seguro de Verificación de un documento es un valor alfanumérico que lo identifica y que permite su cotejo en una sede electrónica.

En el ámbito de la Administración de Justicia se ha definido una regla de codificación de este tipo de códigos que podría permitir su cotejo en cualquier sede electrónica independientemente del órgano que haya generado el código y lo haya asignado a un documento.

En efecto, el CTEAJE  (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica) ha publicado una PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DEL INTERFAZ DE ACCESO AL SERVICIO DE CSV DE LAS SEDES, destinada principalmente a permitir el cotejo de cualquier  documento de índole judicial desde el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia (PAGAJ).

Como resultado tenemos una propuesta de Código Seguro de Verificación (CSV) enrutable que podría ser adoptado también por otras administraciones públicas y contempla que pueda utilizarse en contextos internacionales. La posibilidad de hacer uso de este tipo de códigos podría hacer innecesaria la Apostilla de la Haya en algunos supuestos, ya que la fuente del documento electrónico autentico es un organismo oficial que emplea un sistema de intercambio compatible, aunque el punto de cotejo sea otro organismo, incluso de otro país.

A continuación se describe el formato, tal como se recoge en el documeto indicado:

CSV-enrutable

ES XX Y – RESTO CÓDIGO (No hay espacios, la representación los incluye por claridad).

  • ES: Código ISO de país según la norma ISO 3166 (permite enrutar códigos a otros países, o recibir consultas de otros países).
  • XX: Dígitos de control. Se calculan en base al resto del código y aplicando el modelo 97-10 (regla de cálculo definida en la norma ISO 7604). Permite controlar que no se producen errores cuando se teclean por una persona. Esta regla es similar a la que se utiliza en banca para el cálculo de IBAN.
  • Y: Tipo de código (permite tener varias reglas de construcción, y prever que la codificación pueda cambiar en el futuro, en cuyo caso equivale a número de versión).

Se adoptará esta primera versión del código con Y=1 la siguiente regla de construcción para “RESTO DE CÓDIGO”:

CSSV-entrutable-Y-1-ruta-DIR3

  • El código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas), es una codificación actualmente en uso por las Administraciones Públicas españolas (central, autonómica y local).

El Directorio Común proporciona un Inventario unificado y común a toda la Administración de las unidades orgánicas/organismos públicos, sus oficinas asociadas y unidades de gestión económica – presupuestaria, facilitando el mantenimiento distribuido y corresponsable de la información. Incluye ya los órganos de la Administración de Justicia.

Esta codificación está amparada por el artículo 9 del ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad), aprobado por el Real Decreto 4/2010, donde se estipula que las Administraciones públicas (…) “mantendrán una relación actualizada de sus órganos administrativos y oficinas de registro y atención al ciudadano, y sus relaciones entre ellos. Dichos órganos y oficinas se codificarán de forma unívoca y esta codificación se difundirá entre las Administraciones públicas.”

  • [CADENA ALFANUMÉRICA] Se establece el uso de 40 caracteres alfanuméricos.

Para mejorar la usabilidad del servicio de validación de códigos, se evitará el uso de caracteres que pueden llevar a confusión a los usuarios cuando los teclean manualmente, para ello la propia regla de codificación obviará el uso de los siguiente caracteres

    • ‘i’ mayúscula (I), ‘ele’ minúscula (l) se puede confundir con el ‘número uno’ (1).
    • o’ mayúscula (O) se puede confundir con el ‘número cero’ (0).
    • ‘símbolo dólar ($)‘ se puede confundir con la letra S.

Es decir, no se pueden incluir en el CSV los caracteres prohibidos indicados y si un usuario los teclea por error, se interpretarán en el sentido de los caracteres atorizados correpondientes: ‘número uno’ (1), ‘número cero’ (0) y letra S).

Dado que esta regla de codificación se aplica cuando el valor Y=1, el propio servicio de cotejo tendrá la posibilidad de establecer reglas de validación complementarias al cálculo de los dígitos de control, como podría ser la aplicación en backend de las siguientes reglas de sustitución del código introducido por el usuario en caso de detectar alguno de los caracteres anteriormente excluidos:

    • ‘i’ mayúscula (I), ‘ele’ minúscula (l) se interpretarán como ‘número uno’ (1).
    • ‘o’ mayúscula (O), se interpretará como ‘numero cero’ (0).
    • ‘símbolo dólar ($)’ se interpretará como letra S.

Posteriormente a la sustitución se verificaría si los dígitos de control son correctos, para en su caso, mostrar un mensaje de error al usuario o admitir el código para su remisión al órgano resolutor.

Esta codificación permite que cuando se coteja un documento en un órgano, como por ejemplo el Punto de Acceso General, se sepa a qué plataforma concreta debe dirigir la petición cuando se realice un Cotejo de documentos.

El documeto del CTEAJE contempla la posibilidad de adoptar una codificación transitoria que no requiere validar los dígitos de control y que permite a las entidades seguir utilizando su codificación actual, anteponiendo un prefijo propio:

  • ES000DIR3-Código

 

 

 

Políticas marco de firma electrónica


El 2 de diciembre de 2015, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) aprobó la Guía de Interoperabilidad y Seguridad (GIS) de Autenticación, Certificados y Firma Electrónica en la Administración de Justicia en España, que constituye de facto la “Política Marco de Firma Electrónica para la Administración de Justicia”.

El objeto de esta norma es servir como guía en lo relativo a la gestión de firmas electrónicas en el ámbito de la justicia, así como tomar en consideración los conceptos conexos de autenticidad de documentos electrónicos y uso de certificados en el marco de la identificación y autenticación de intervinientes cuando no se precise el uso de firma electrónica.

Es de aplicación a la Administración de Justicia, a los ciudadanos en sus relaciones con ella y a los profesionales que actúen en su ámbito, así como a las relaciones entre aquélla y el resto de Administraciones y organismos públicos.

La administración de Justicia es la estructura de la administración específica para el Poder Judicial, que es un poder diferente al Ejecutivo y lo es también la infraestructura administrativa que le da soporte.

En el ámbito de la Administración Pública, la Administración General del Estado ha desarrollado diversa normativa destinada  favorecer la digitalización de su funcionamiento. En su momento, uno de los hitos principales de ese proceso de digitalización lo constituyó la publicación de la Ley 11/2007 que suplementaba lo dispuesto en la Ley 30/1992. En el año 2015 se publicaron las leyes siamesas Ley 39/2015 y Ley 40/2015 (subsumiendo las dos leyes citadas), un año después de la publicación del Reglamento europeo UE 910/2014 (EIDAS) y teniendo ya en cuenta bastantes de los aspectos de la norma europea.

Por su lado, en la Administración de Justicia se ha desarrollado la Ley 18/2011 a semejanza de la Ley 11/2007 y se han modificado las leyes procesales, con cambios significativos en 2015.

AGE-AJU

En el ámbito de la AGE, dentro del Esquema nacional de Interoperabilidad  se ha desarrollado una política marco de firma electrónica que ha consolidado la experiencia de  las versiones 1.8 y 1.9. La actual, Política 2.0 se publicó en el BOE de 2 de noviembre de 2016.

En su contexto es muy importante una norma complementaria que ayuda a uniformizar la interoperabilidad de los certificados en España.

En el ámbito de la AJU, dentro de las Bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad  se ha desarrollado la política marco de firma electrónica del CTEAJE citada al inicio:

Con sus similitudes y sus diferencias, ambas Políticas son referentes de sus respectivas administraciones.

Akoma Ntoso: una norma XML para documentos jurídicos


El estándar XML Akoma Ntoso es un formato específico de codificación de datos para expresar documentos parlamentarios, legislativos y jurídicos.

Akoma Ntoso, que significa “corazones unidos” en el lenguaje del pueblo Akan del oeste de Africa, es un conjunto de normas de codificación de documentos XML que permite  intercambiar documentos parlamentarios, legislativos y jurídicos de manera más eficiente, de forma que la información puede interpretarse por los sistemas informáticos.

Akoma Ntoso se orienta a documentos oficiales, tales como los legislativos, los documentos de debate, las actas, etc. que permiten añadir estructuras descriptivas a los documentos parlamentarios y legislativos.

En España, el Documento Judicial Electrónico incluido en la GIS correspondiente del CTEAJE asume la evolución producida a partir del Test de Compatibilidad definido desde 2008 por el Consejo General del Poder Judicial.

Ya los primeros avances en la digitalización de la Justicia fueron impulsados con el Plan de Modernización de la Justicia, aprobado por el CGPJ el 12 de noviembre de 2008.

En 2014 se publicó la Hoja de ruta del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica,  definió las diferentes necesidades de normalización en el ámbito de la Justicia.

¿Convergerán algún dia Akoma Ntoso y las normas XML nacionales?

 

Revista Justicia Digital


Cuando cambia un gobierno y se definen las prioridades del nuevo equipo en una determinada área de responsabilidad aparecen nuevas actividades y desaparecen otras interesantes iniciativas.

Esto podría llegar a suceder con la revista Justicia Digital, creada para informar sobre algunos avances de la digitalización de la Justicia, especialmente en torno al Sistema Lexnet.

En el momento actual se han publicado ya 12 números:

Hubo una iniciativa anterior “Justicia & news – Revista de la Secretaría General
de la Administración de Justicia” de la que también se publicaron varios números:

Grupo de Trabajo de Bases de Interoperabilidad y Seguridad del CTEAJE


Es un Grupo de Trabajo creado en el marco del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), en el que participan como miembros el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, y las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Navarra, Canarias y Andalucía.

Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo principal desarrollar las Bases del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, tal y como establece el artículo 45 de la Ley 18/2011, de 5 de julio.

Tras alcanzar el 6 de julio de 2015 el objetivo de elaborar y publicar el Texto de las Bases de Interoperabilidad y Seguridad, que ya tuvo en cuenta el Reglamento UE 910/2014 (#eIdAS) se priorizaron las líneas de actuación del Documento judicial electrónico, del Expediente judicial electrónico, de la Política de firma electrónica y certificados y  de Transferencia tecnológica.

Fruto del esfuerzo del Grupo, se han aprobado varias Guías de interoperabilidad y seguridad (GIS) que se encuentran publicadas en el apartado Normativa Técnica del portal del CTEAJE.

Las Guías publicadas son las siguientes:

  • GIS de Política de Autenticación, Certificados y Firma electrónica
  • GIS de Digitalización certificada en la Administración de Justicia
  • GIS de procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos Judiciales electrónicos.
  • Versión 1.0 del CTEAJE de la GIS de Documento Judicial Electrónico. Actualmente el Grupo de trabajo está consensuando una nueva versión.
  • Versión 1.0 del CTEAJE de la GIS de GIS de Expediente Judicial Electrónico. Actualmente el grupo de trabajo está consensuando una nueva versión.

El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica se reúne en Oviedo


La Comisión Permanente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) se reunió ayer, 18 de octubre de 2016 en Oviedo en el que ha supuesto su noveno encuentro, en esta ocasión bajo la presidencia de la Secretaria de Estado de Justicia Carmen Sánchez-Cortés, quien ha señalado la necesidad de construir un sistema procesal común.

ctaje-oviedo-octubre-2016

El Secretario General de la Administración de Justicia y presidente de la Comisión Permanente, Antonio Dorado y otros altos cargos del Ministerio de Justicia, compartieron foro con representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, y de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia.

Se abordaron diferentes asuntos relacionados con la Justicia digital para constatar sus avances y exponer líneas de actuación de cara al futuro.

Se presentaron algunos resultados del plan de seguimiento de las comunicaciones electrónicas, de las que se han realizado más de 52 millones desde principios de año. En la actualidad trabajan de forma electrónica dos de cada tres juzgados de las comunidades autónomas que usan los sistemas del Ministerio de Justicia, contando con que en esta proporción no se incluyen las comunidades que tienen transferida la provisión de medios materiales en materia de  Justicia.

También se tratóla situación del Expediente Judicial Electrónico en España que incorpora los avances producidos en la especificación del Documento Judicial Electrónico.

Se aprobó el nuevo perfil de certificados de firma electrónica de los colectivos que operan en el ámbito de la Justicia, que hará uso de un código que identifica a cada operador jurídico, lo que hará posible que en esos certificados no figure el número de DNI. La propuesta, elaborada inicialmente por el Ministerio de Justicia, ha contado con el acuerdo con el CGPJ.

Se analizaron las propuestas de creación de las sedes judiciales electrónicas de Canarias, Cantabria y Navarra, y la iniciativa para la estandarización de la codificación de los Códigos Seguros de Verificación de las administraciones de Justicia, que permitirá facilitar y agilizar su cotejo tanto a profesionales como a ciudadanos.

En el contexto de la estandarización de los formularios únicos de entrada en materia de comunicaciones electrónicas, se trató la homogeneización de esos documentos en el orden penal, tal y como se hiciera previamente en los órdenes civil y social y en el contencioso-administrativo.

La Secretaria de Estado de Justicia señaló los avances que ya se han producido en el marco del CTEAJE para favorecer la puesta a disposición del conjunto de las administraciones con competencias en materia de Justicia de los desarrollos aportados por cada una de ellas en el contexto de colaboración y transferencia tecnológica que propicia el Comité.

También destacó la necesidad de construir entre todos un sistema de gestión procesal compartido que incluya dicha transferencia tecnológica para evitar duplicidades a la hora de desarrollar nuevas aplicaciones y poder trabajar de forma integrada. Para impulsar esta iniciativa, Sánchez-Cortés ha iniciado una ronda de reuniones con los consejeros de Justicia de todas las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia mediante la que confía en alcanzar acuerdos.

Asimismo, Sánchez-Cortés recordó el hito del 1 de enero de 2017, que marca la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En esa fecha se entra en vigor la obligación de comunicarse de forma electrónica con la Administración de Justicia a otros actores institucionales y profesionales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios sanitarios instituciones penitenciarias y personas jurídicas, ampliando los colectivos a los que ya era aplicable esta obligación.

Las reuniones de la Comisión Permanente del CTEAJE son itinerantes según antigüedad del Estatuto de Autonomía de cada comunidad y en esta ocasión ha correspondido a la ciudad de Oviedo ejercer de anfitriona.

Se concluye el estándar XML base.xsd que regula el documento judicial


El Grupo de Trabajo de Bases de Interoperabilidad y Seguridad del CTEAJE en su reunión del pasado viernes 16 de septiembre de 2016 y tras una larga serie de debates ha aprobado por unanimidad el formato estándar XML base.xsd para el documento judicial  electrónico. Este formato normalizado retoma los avances producidos en los últimos años en el Test de Compatibilidad impulsado por el Consejo General del Poder Judicial y más recientemente por el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica).

Los cambios en las leyes procesales y en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial exigen la incorporación de nuevos términos y procedimientos en los sistemas de intercambio de información entre Sistemas de Gestión Procesal y entre éstos y los sistemas de comunicaciones como Lexnet. En el año 2015 se produjeron varios desarrollos legislativos con gran impacto en las normas procesales que deben ser considerados en los intercambios.

Aunque ha sido muy importante el consenso que ha permitido consolidar esta versión del estándar, ya aparecen nuevos retos para su incorporación en la siguiente versión, por ejemplo en el ámbito de la ley procesal penal.

Tras acordar el contenido de esta versión de base.xsd es necesario revisar las Guías de Interoperabilidad y Seguridad (GIS) de Expediente Judicial electrónico y de Documento Judicial electrónico de acuerdo con la estructura semántica y sintáctica actualizada.

En España existen diferentes sistemas de Gestión Procesal desarrollados por las diferentes administraciones autonómicas con competencias en materia de Justicia, y el propio Ministerio de Justicia, y todas ellas deben interoperar de forma armonizada, incorporando los avances tecnológicos disponibles para intentar converger en un modelo de actuación que minimice el uso de documentos en papel, sin menoscabo de la seguridad jurídica y estimulando el uso eficiente de recursos.

 

El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica se reúne en Pamplona


La Comisión Permanente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) acordó el pasado miércoles 9 de marzo impulsar el establecimiento definitivo de la denominada “justicia digital” durante una reunión en Pamplona bajo la presidencia del Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado.

cteaje-pamplona-marzo-2016

Al encuentro asistieron representantes del Ministerio de Justicia y del de Hacienda y Administraciones Públicas, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, Letrados de la Administración de Justicia y responsables de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, Madrid, País Vasco y Valencia, comunidades con competencias transferidas en relación con la provisión de Medios para la Administración de Justicia.

Cabe recordar que la labor de Jueces y Magistrados, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia es de ámbito nacional, si bien varias Comunidades Autónomas han asumido la responsabilidad de dotarles de medios en el marco de sus competencias.

La Comisión inició el debate analizando las comunicaciones y notificaciones electrónicas entre los profesionales de la Justicia y los órganos judiciales obligatorias para profesionales como abogados, procuradores y graduados sociales desde el pasado 1 de enero y teniendo en cuenta el grado de adopción en la que se encuentran el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y las diferentes comunidades autónomas.

En la reunión se abordaron también los progresos y expectativas de cada uno de los operadores jurídicos, así como los pasos que hay que dar para la generalización de la adopción del expediente judicial electrónico, que según la Ley 18/11, de 5 de julio, debe estar implantado en todas las administraciones con competencias en materia de Justicia el 7 de julio de 2016.

Asimismo, se trató la próxima entrada en vigor de la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos en la relación  con la Administración de Justicia por parte de las administraciones y organismos públicos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a partir de enero de 2017, tal y como establece la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Antonio Dorado se mostró convencido de que cada una de las partes integrantes de este Comité continuarán esforzándose en cumplir la ley para la consecución del objetivo de una Justicia digital. Un proceso que, si bien reconoció es complicado en sus inicios, cada vez resultará más fluido y será muy beneficioso tanto para los ciudadanos, a los que se les quiere ofrecer una Justicia 24 horas, los 7 días de la semana, como para los profesionales a los que permite ahorrar costes y disponer de mejores herramientas para trabajar.

Los asistentes a esta reunión repasaron diferentes actividades realizadas por los grupos de trabajo del CTEAJE centrados en aspectos como la estadística judicial, la gestión documental de archivos, la asistencia jurídica gratuita, y la digitalización de documentos.

Resumen del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) y diferencias respecto al ENS y al ENI


Recientemente el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica) ha publicado las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad .

El texto de las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) está disponible en el Portal de la Administración de Justicia desde 6 de julio de 2015.

Este documento se alinea con el marco del Plan para la aceleración de la Justicia en entornos digitales del Ministerio de Justicia, y su publicación se realiza apurando el plazo previsto en la Disposición adicional tercera, de la Ley 18/11, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Lo ha elaborado el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica)  para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas al servicio de la Administración de Justicia, desplegados por las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia.

El CTEAJE es un órgano que copreside el Ministerio de Justicia junto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ejerciendo en estos momentos la presidencia el Secretario General de la Administración de Justicia, y del que también forman parte la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

El EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad) se inspira en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), con algunas diferencias determinadas por las leyes procesales y la Ley marco de la digitalización de la Justicia, la Ley 18/11, de 5 de julio, que singulariza para el ámbito de la Justicia algunas de las principales aportaciones de la Ley 11/2007.

Algunas de las diferencias más reseñables respecto al ENI (RD 4/2010) son las siguientes:

  • Catálogo de Estándares: EJIS presenta compatibilidad con los formatos utilizados en el marco de AGE (Administración General del Estado). Además, permite al CTEAJE definir el suyo si se diera el caso.
  • Interoperabilidad: La redacción del EJIS es aclaratoria de las dimensiones de la interoperabilidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad centrado en el ámbito de la Administración de justicia (AJ) ya que tiene en cuenta las peculiaridades del ámbito de justicia en sus tres ámbitos (con la Administración de Justicia, con los ciudadanos y profesionales y con el resto de Administraciones Públicas)
  • Inventarios de información Administrativa: En enfoque se centra en el “Test de Compatibilidad” catalogación de activos semánticos del ámbito de la Justicia gestionado desde hace varios años por el CGPJ (Consejo general del Poder Judicial) puesto que es preciso garantizar su alineamiento con las leyes procesales.
  • Activos Semánticos del Test de Compatibilidad del CGPJ, modelo de datos lógico para conseguir un intercambio de información entre sistemas (asuntos, recursos y exhortos).
  • Firma Electrónica:
    • Alineamiento con el Reglamento europeo UE 910/2014.
    • Política única de firma electrónica para toda la AJ (Administración de justicia).
    • Simplificación de certificados de firma y sello asociados a órganos judiciales.
    • Accesibilidad: admisión amplia de firmas de ciudadanos.
    • Diferencia la autenticación de la firma electrónica
    • Admisión de prestadores de cualquier país de la Unión Europea en base a la lista TSL.
  • Digitalización Certificada: se contempla un procedimiento de homologación de soluciones de software para digitalización.
  • Declaración de Conformidad: en la AGE consiste en una declaración genérica; en la AJ existe un índice de aspectos a cumplir con varios niveles de exigencia por lo que es posible declarar el cumplimiento de unos u otros e incluso acreditarlo con la posibilidad de realizar auditorías opcionales.
  • Custodia Documental (Conservación): se indica la presunción de mantenimiento de integridad y autenticidad del EJE (Expediente Judicial Electrónico) y del DJE (Documento Judicial Electrónico), lo que afecta a la forma de custodiar las firmas electrónicas. Esa presunción implica la exigencia de adopción de medidas adecuadas de seguridad

Algunas de las diferencias más reseñables del EJIS respecto al ENS (RD 3/2010) son las siguientes:

  • Categorías de los Sistemas:
    • EJIS añade la dimensión de seguridad “CONSERVACIÓN” que viene contemplada en la propia Ley 18/2011. El concepto de archivo judicial se extiende a períodos de conservación que en el ámbito administrativo se considerarían prescritos y sin necesidad de conservación.
    • Se aclara la forma de determinar los niveles de las dimensiones y las categorías.
  • Auditoría: Se elimina la auditoria como requisito del EJIS, si bien se prevé un futuro desarrollo de los requisitos de seguridad en una futura Guia Técnica de Seguridad.
  • Medidas de Seguridad:
    • Se mantienen las medidas de seguridad como marco de requisitos a cumplir por los órganos judiciales.
    • Se refuerza la exigencia de algunas medidas, en especial en firma electrónica y en custodia de evidencias electrónicas.
  • Guía Técnica de Seguridad: se prevé la publicación de nueva norma específica para ampliar el detalle de la sección de seguridad del EJIS, que amplía la normativa de seguridad del Test de compatibilidad.
  • Coordinación: el CTEAJE coordinará la gestión de incidentes entre los órganos que los sufran y los servicios prestados por el Centro Criptológico Nacional

Se puede ampliar información sobre estas cuestiones en esta presentación sobre la Modernización de la Administración de Justicia .