Algunas medidas para impulsar las TIC y el comercio electrónico en España (y Europa)


Llevo unos cuantos años impulsando y ayudando a impulsar el comercio electrónico en España y en Europa.

Y a pesar de los años, veo que todavía quedan muchas cosas por hacer.

Ahora presido la Comisión de Comercio Electrónico de AMETIC, un Foro formidable para hacer llegar peticiones y reflexiones a las administraciones públicas y reguladores.

Estos días he hecho un pequeño ejercicio de reflexión para identificar acciones que se podrían acometer desde el estado (especialmente a nivel regulatorio) para mejorar la adopción por las empresas de diferentes tecnologías de Información y Comunicaciones, lo que redundará en su mejora de competitividad a medio y largo plazo. Y también acciones para mejorar la generalización del Comercio Electrónico.

Aprovecho este blog para compartirlas con sus lectores y pedir más ideas que llevar a los debates de la Comisión de Comercio Electrónico de AMETIC:

  • Simplificación del sistema impositivo para transacciones transfronterizas: IVA unificado en la UE para transacciones e-commerce y tributación en el pais del prestador, con reglas de compensación entre paises.
  • En el marco de subvenciones y financiación apoyada institucionalmente, prioridad a inversiones en ICT a todas las empresas y de circulante a empresas de ámbito TIC
  • En el ámbito de capital riesgo, vehículos de apoyo a Business Angels que inviertan en start ups de entornos ICT
  • En el ámbito de la formación: inclusión de asignaturas tecnológicas (apicaciones especiales según disciplina y técnicas de programación) y de emprendimiento (gestión, contabiidad, fiscalidad) en todas las carreras universitarias
  • En el ámbito de la contratación pública, supresión de las modalidades no digitales de licitación (adopción paulatina con medidas de e-inclusión para autónomos y pymes)
  • Perfeccionamiento de la normativa bancaria respecto a la certeza de cobro de los sistemas de pago (y evitar “chargebacks” en transacciones por imperfecciones de su sistema que los bancos trasladan a sus clientes)
  • Tratamiento fiscal favorable (incluso recuperación de parte de impuestos especiales en combustibles) a sistemas logísticos para mejorar su competitividad
  • Implantación de marco legal que imponga limitaciones al plazo de pago de facturas. Por ejemplo, identificar electrónicamente a la Agencia Tributaria facturas no cobradas tras 60 diás, de forma que en esas facturas se produzca inversión del sujeto pasivo: en vez de que sea el suministrador el encargado de ingresar el impuesto en Hacienda, sería el adquirente.

Por favor, comenta a continuación otras medidas que propondrías

Notarios y registradores esperan a que se concrete el coste de cancelación de la hipoteca


MADRID, 6 Sep. 2011 (EUROPA PRESS) Ver artículo original

Los notarios y registradores de la propiedad han explicado que están a la espera de que la Justicia determine la aplicación de los aranceles que deben cobrar al consumidor por la cancelación una hipoteca, según explicaron en sendos comunicados.

Así han pronunciado el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores, tras conocer la acusación formulada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra ellos por cobrar hasta 93 millones de euros de forma indebida por cobros superiores a los aranceles establecidos en la reforma de 2007.

Los registradores explicaron que la “falta de claridad” del criterio introducido en dicha reforma ha motivado que se hayan dictado resoluciones administrativas contradictorias respecto a la aplicación de los aranceles.

Estas resoluciones son las que están recurridas ante los distintos tribunales -las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña, País Vasco, Málaga y Sevilla- pendientes de resolución. Los honorarios de los registradores están controlados por un procedimiento de impugnación de minutas establecido en el Real Decreto 427/1989.

Por su parte, el Notariado añadió que hasta que los tribunales se pronuncien, sus colegiados deben aplicar la doctrina de la Dirección General de los Registro y del Notariado (DGRN) en materia de cancelación de hipotecas, que en los últimos meses se ha pronunciado en el sentido de que son documentos sin cuantía (con coste mínimo para el consumidor).

Por el momento, solo se conoce la sentencia dictada el pasado 24 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que dio la razón a un particular frente a un registrador por la disputa de una minuta por cancelación hipotecaria, a la que tuvo acceso Europa Press. Esta resolución es firme.

El registrador de la propiedad cobró al cliente 122,53 euros por la cancelación de un préstamo hipotecario, cuando, según concluye la sentencia, debía cobrar un arancel de 24,04 euros con una reducción del 90%, resultando un importe de 2,4 euros, al tratarse de una hipoteca sin capital pendiente (como era el caso) o cuando éste sea de entre 0 euros a 6.010 euros.

Hogar Conectado a Internet (HCI)


Hace unos días, Alfonso Arbaiza. Director General de Fundetec escribió un artículo en Cinco Días que merece la pena reproducir: Llamamiento al legislador

En un momento como el actual, en el que el Gobierno trata de alejarse del déficit con medidas para reducir el gasto e incrementar los ingresos del Estado, toda aportación en este sentido resulta positiva y merece la pena ser tenida en cuenta.

Desde Fundetec (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad), queremos llamar la atención del legislador sobre la iniciativa Hogar Conectado a Internet (HCI), regulada por la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 35/2006 del IRPF, que considera gastos de formación profesional, y no renta en especie para el empleado a efectos de IRPF, las cantidades destinadas por su empresa a facilitarle la conexión a internet y adquisición de equipos informáticos para uso desde el hogar, al tiempo que la empresa obtiene una deducción en el Impuesto sobre Sociedades.

Los programas HCI son una herramienta eficaz para contribuir a la reducción de la brecha digital en España: 332.000 familias españolas se conectaron a internet entre 2006 y 2008 gracias a esta iniciativa.

Pero además de esta aportación al avance de la Sociedad de la Información, HCI dinamiza el comercio, repercute en las ventas del sector tecnológico y se traduce, por tanto, en más ingresos para el Estado en concepto de IVA. Un dato: durante 2009, los fabricantes de ordenadores vendieron en España 5,28 millones de equipos, según Gartner. El 4,4% de ellos se comercializaron a través de programas HCI.

Y ahora, una estimación a futuro: el Estado español obtendría unos ingresos de 38,3 millones de euros en cuatro años si se decide ampliar la vigencia de la citada disposición que regula esta iniciativa, cuyo plazo expira el 31 de diciembre de 2010.

Esta proyección ha sido calculada a partir del coste medio de un ordenador y de una línea ADSL, el número de equipos vendidos y un IRPF medio del 18% aplicado en España durante el año 2009, calculando después la diferencia entre la desgravación por IRPF que dejaría de ingresar el Estado a través de los programas HCI y los ingresos por IVA, resultantes de la venta de equipos y conexiones a internet.

Si bien es cierto que durante el primer año el Estado obtendría un saldo negativo de casi 8,9 millones de euros (motivado por las desgravaciones en el IRPF), durante los tres años posteriores los ingresos serían de 15,7 millones de euros anuales, lo que arroja un saldo positivo al finalizar el cuarto año de 38,3 millones de euros. A ello habría que añadir el incremento de la productividad laboral y de la capacitación tecnológica de todos los miembros de la unidad familiar española.

Fundetec, asesorada por el despacho de Garrigues, ha presentado una enmienda ante diputados populares y socialistas de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso, que plantea la ampliación de la vigencia de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 35/2006 a través de su incorporación al Proyecto de Ley de Economía Sostenible.

Evidentemente, 38 millones de euros no es mucho al lado de las estadísticas que maneja el decretazo. Pero todo suma y no debería pasarse por alto una disposición que beneficia a la sociedad española en su conjunto y que, al mismo tiempo, genera ingresos tan necesarios en la actual coyuntura económica.

El fraude de “Directorio Internet España”


De vez en cuando advierto desde este blog de algunos fraudes que están en boga y que atropellan a muchas personas que no detectan inicialmente la estafa.

Uno de los avisos, el de hoy, es respecto a unas cartas que imitan los colores de Telefónica y que aparentemente son para solicitar la corrección de errores de un supuesto directorio. Con letra grande se indica que no tiene coste, pero luego en letra pequeña se indica que si. Y no un coste pequeño. La gente envía las correcciones (¡qué casualidad, siempre hay errores!)  posteriormente llegan las facturas y las amenazas de iniciar un procedimiento judicial por impago en Alemania.

Este fraude está bastante documentado. Incluyo algunos enlaces:

La solución: primero, no envíes ninguna información. Segundo, si has enviado correcciones y recibes facturas y cartas amenazantes, denúncialo a la policía llevando toda la documentación y no pagues.

Vender Vaporware es delito


Lo he visto hoy en Europa Press.

Un joven murciano es condenado a 6 meses de cárcel por colgar en eBay un producto inexistente y cobrar por él

El Penal número 2 de Logroño ha impuesto una pena de seis meses de cárcel a un joven de 24 años, natural y vecino de Murcia, por colgar en eBay un producto inexistente y ‘venderlo’ a tres personas, por quinientos euros cada una. La sentencia contempla la atenuante de devolución del dinero.

Tal y como relata la sentencia, I.G.C, “con ánimo de enriquecerse ilícitamente”, ofertó, en la página de subastas de Internet eBay, un electro estimulador “sin tener en ningún momento intención de transmitirlo”.

A la subasta concurrieron un vecino de Logroño, al que se le adjudicó el aparato el 10 de enero de 2007, por quinientos euros más quince de gastos de envío; otro logroñés, al que se le adjudicó diez días más tarde por lo mismo; y un vecino de Palma de Mallorca, que pagó diez euros más por él el 18 de enero.

Los tres transfirieron el dinero a una cuenta de la madre del acusado, sin que después les fuera enviado el aparado. El acusado, tras dar largas a los envíos, dejó de ser usuario registrado en eBay. Después, tras ser llamado a declarar por la Policía, devolvió el dinero.

En el transcurso del juicio, el acusado explicó que no tenía intención de engaño a los compradores, pero no pudo entregarles los aparatos porque estaban estropeados, no logró arreglarlos y los tiró. “Sin embargo”, dice la sentencia, “no existe constatación alguna de que tuviese en su poder ni un solo aparato”.

Además, en su oferta en Internet se asegura que el aparato está “nuevo, a estrenar”. Procede, por tanto, considera el Penal, considerar los hechos como un delito continuado de estafa.

Interlocución telemática


El 29 de diciembre de 2007 se publicó en el BOE la LMISI, Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Una de las características de esta norma es que impone a las empresas privadas ciertas obligaciones coherentes con el derecho de los ciudadanos a usar la vía telemática que se consagra en la  LAECSP, Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos .

En el artículo 2 de la LMISI se establece la obligación de ciertas empresa de disponer de un medio de interlocución telemática para la prestación de servicios al público de especial trascendencia económica. Y en la disposición final cuarta se indica que esta obligación entrará en vigor a los doce meses de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado.

Todo el artículo tiene su interés, pero conviene destacar que sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación a distancia con los clientes, las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica deberán facilitar a sus usuarios un medio de interlocución telemática que, mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica, les permita la realización de ciertos trámites como la contratación electrónica, modificación de condiciones contractuales, altas, bajas, quejas, histórico de facturación, sustitución de informaciones y datos en general, así como el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en materia de protección de datos

Las empresas obligadas por esta normativa son aquellas con más de 100 empleados o un volumen de operaciones superior a los 6 millones de euros que presten servicios al público considerados como de especial trascendencia económica, como banca, electricidad, agua y gas, y telecomunicaciones, entre otros.

Para facilitar a todo tipo de empresas el cumplimiento de esta norma, Albalia Interactiva ha desarrollado en el marco de su gama de servicios EADTrust la funcionalidad de Interlocución Telemática que se integra con facilidad en el entorno web  de la empresa. De esta manera, en un tiempo record, es posible contar con este tipo de servicios y cumplir los plazos marcados por la ley. Los formularios firmados electrónicamente se guardan en formato XAdES-X-L (según se define por la norma TS 101 903) por lo que incluyen todas las evidencias electrónicas que afectan a la validez del certificado en el momento de la firma.

El sistema es personalizable con la imagen del web de la entidad y permite definir todo tipo de trámites y formularios. Además, es posible diseñar entornos mixtos en los que el formulario se completa y se prevalida en la entidad y se firma electrónicamente en la plataforma EADTrust.

Trámites que debe permitir la interlocución telemática

Mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica, la interlocución telemática debe permitir a los clientes y usuarios la realización de, al menos, los siguientes trámites:

  • Contratación electrónica de servicios, suministros de bienes, la modificación y finalización o rescisión de los contratos, así como cualquier acto o negocio jurídico entre las partes.
  • Consulta de los datos de cliente, que incluirán información sobre su historial de facturación de, al menos, los tres últimos años y el contrato suscrito.
  • Presentación de quejas, incidencias, sugerencias y reclamaciones, garantizando la constancia de su presentación para el consumidor y asegurando una atención personal directa.
  • Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.

Empresas afectadas por la normativa

Las empresas obligadas por esta normativa son aquellas que agrupen a más de cien trabajadores o cuenten con un volumen anual de operaciones superior a los 6.010.121 euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes sectores:

  • Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores.
  • Servicios financieros destinados a consumidores, que incluyen los servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, las operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de intermediación de seguros.
  • Servicios de suministro de agua a consumidores.
  • Servicios de suministro de gas al por menor.
  • Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales.
  • Servicios de agencia de viajes.
  • Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, vía marítima o aérea.
  • Actividades de comercio al por menor.

Además, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, podrán ampliar el ámbito de aplicación de esta obligación a otras empresas distintas de las previstas en la Ley, en aquellos casos en los que se considere que en el desarrollo de su actividad normal deban tener una interlocución telemática con sus clientes o usuarios.