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PSD2, Thrid Party Payment Service Providers, directiva antiblanqueo y #eIdAS


El 23 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la nueva Directiva UE 2015/2366  de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior (PSD2, por sus siglas en inglés), tras el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo en los trílogos  en mayo de 2015. La PSD2 conlleva cambios fundamentales en la industria de pagos al dar a los proveedores de servicios de pago terceros (TPP, por las siglas en inglés de Thrid Party Payment Service Providers) acceso a la infraestructura de los bancos.

Según la PSD2, los TPP (proveedores de servicios de pago terceros, básicamente, servicios iniciadores de pagos “payment initiation services PIS” y agregadores de información “account information services – AIS“). ), deberán tener acceso a las cuentas de clientes bancarios a través de mecanismos de programación (APIS y Servicios Web), lo que les permitirá ofrecer sus servicios como extensiones de la funcionalidad que ofrecen las propias entidades financieras, haciendo uso de la infraestructura de los bancos, a petición de sus clientes que sean también clientes de estos bancos.

Todavía están pendiente de clarificación  aspectos de la relación entre los bancos y los TPP, pues el texto determina explícitamente que no se requerirá un contrato entre las partes, pero los bancos deberán proporcionar el acceso a terceros sin discriminación, una vez autorizados por el cliente. Por tanto, los TPP se beneficiarían de la infraestructura de pagos de los bancos sin contraprestaciones, al tiempo que ofrecen servicios que mejoran la oferta que los clientes reciben de sus entidades. El resultado puede suponer una simbiosis en algunos casos, pero las entidades temen que se trate más frecuentemente de un actividad parásita que saque provecho de la infraestructura que a ellas les suponen costes, sin contribuir a su sostenimiento.

Ya están surgiendo las primeras soluciones técnicas del sector a través de las API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), aunque no hay unos estándares fijos que garanticen la interoperabilidad.

La Autoridad Bancaria Europea (ABE, EBA por sus siglas en inglés: European Banking Authority) se ha comprometido a proporcionar directrices y establecer estándares técnicos relacionados con la autorización de entidades de pago, protocolos de seguridad y comunicación entre las partes, así como relaciones empresariales y cuestiones de responsabilidad.

Para septiembre de 2018, la ABE actualizará las guías que ha publicado recientemente sobre la seguridad de los pagos en Internet (guías que se desarrollaron antes de la PSD2 y que se aplican a partir del 1 de agosto de 2015), ampliando su alcance a las nuevas entidades y cubriendo los nuevos requerimientos de la PSD2.

La autorización como entidad de pagos, otorgada por las autoridades competentes del estado miembro de origen, permitirá la provisión de servicios de pago en toda la Unión Europea, en virtud del “Pasaporte Comunitario“.

En lo que respecta a la supervisión, en la práctica las entidades de pago están sujetas a la supervisión  tanto de las autoridades competentes del país de origen como las del país en el que pretende prestar servicios, pues la directiva permite a estas últimas exigir informes periódicos sobre las actividades llevadas a cabo en su territorio.

En caso de incumplimiento normativo, será responsabilidad de los organismos supervisores del país de origen la adopción de las medidas apropiadas, incluidas las sancionadoras, aunque también los del país de prestación de servicios  pueden adoptar medidas cautelares en situaciones perentorias.

Dado el régimen de cooperación entre los organismos de supervisión nacionales, el correcto funcionamiento del mercado único para los pagos electrónicos dependerá de cómo se desarrolle esa cooperación. Las directrices y estándares de la ABE jugarán un papel fundamental a este respecto.

En España, el Banco de España y el Ministerio de Economía no acaban de ponerse de acuerdo sobre la forma de gestionar la adopción de directrices que en bastante casos tendrán carácter técnico.

Lo que sí parece que está fuera de toda duda, es que los servicios de gestión de identidades y los conexos Servicios Electrónicos de Confianza definidos en el Reglamento UE 910/2014 (EIDAS) serán de importancia capital en el marco de los servicios Thrid Party Payment Service Providers, tal como evidencia un documento de trabajo publicado el 8 de diciembre de 2015 por la EBA, sobre los futuros desarrollos técnicos previstos en la PSD2, en relación con la autenticación fuerte de clientes (“Discussion Paper on future Draft Regulatory Technical Standards on strong customer authentication and secure communication under the revised Payment Services Directive -PSD2-“).

La necesidad de autenticación fuerte de clientes que resuelve EIDAS también queda patente en la Directiva UE 2015/849 de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo publicada el 5 de junio del 2015 en el Diario Oficial de la Unión Europea.

De momento los desarrollos sobre sistemas de identificación mediante videoconferencia han quedado expéditos para el sector financiero por la Autorización de procedimientos de identificación no presencial mediante videoconferencia del SEPBLAC, que como servicios proporcionados por terceros caen directamente en la categoría de los sistemas sometidos a la supervisión de la SESIAD (Secretaria de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital) del MINETAD (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital).

La esperada publicación de una nueva Ley que derogue la Ley 59/2003 sobre firma electrónica contemplará la normativa nacional sobre sistemas de identificación mediante videoconferencia y otros que el Reglamento UE 910/2014 menciona en su artículo 24.

En efecto, en este artículo se indica que “Al expedir un certificado cualificado para un servicio de confianza, un prestador cualificado de servicios de confianza verificará, por los medios apropiados y de acuerdo con el Derecho nacional, la identidad y, si procede, cualquier atributo específico de la persona física o jurídica a la que se expide un certificado cualificado.

Y entre las formas de verificar la identidad, se admite que esta verificación puede hacerse utilizando otros métodos de identificación reconocidos a escala nacional que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física. La seguridad equivalente será confirmada por un organismo de evaluación de la conformidad.

Algunos de los aspectos que podría cubrir la nueva Ley de Servicios de Confianza Digital (si se confirma un mayor uso del término “digital” en detrimento del término “electrónico“) se dejan entrever en la reciente consulta realizada por el MINETAD, y reflejados en este documento: Ley de servicios de confianza digital

Los consejos de Servired, Sistema 4B y Euro 6000 dan el sí definitivo a su fusión


Noticia publicada en Cinco Días, por Ángeles Gonzalo Alconada

Hace justo un año que los tres sistemas de medios de pago, Servired, Sistema 4B y Euro 6000, comenzaban a hablar de su fusión. En junio se confirmó el acercamiento de los representantes de las tres redes con ciertas reticencias de los de Euro 6000 y este mes de diciembre de 2016 los consejos de los tres sistemas han aprobado ya definitivamente su integración (el 21 de diciembre fue el de Euro 6000). El objetivo es operar ya como una sola sociedad en algún momento del primer trimestre de 2017. Faltan aún las autorizaciones oficiales de la CNMC, del Ministerio de Economía y del Banco de España, aunque inicialmente parece que serán positivas.

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Los tres sistemas de pago están ya únicamente a la espera de las autorizaciones de las autoridades para dar por cerrada su fusión y crear una única marca en 2017.

Esta operación les permitiría posicionarse como uno de los principales sistemas de pago de Europa, algo que según todas las fuentes consultadas supondría dar un salto cuantitativo y cualitativo que les permitiría sumar más peso ante posibles negociaciones sobre esta actividad ante otras plataformas similares del continente, e iniciar proyectos de carácter europeo extendiendo sus servicios a otros países.

A lo largo de este mes de diciembre, Servired, Sistema 4B y Euro 6000 han sometido a sus respectivos consejos de administración la fusión de las tres sistemas y la respuesta ha sido positiva. De esta forma, a partir del primer trimestre de 2017 podrían dejar de existir estas tres conocidas plataformas para crear una única red de medios de pagos como existe en el resto de los países de Europa.

Los primeros acercamientos se produjeron hace un año, inicialmente por las entidadess que integran Servired y las que pertenecen a Sistema 4B. Pero ambos grupos invitaron también a Euro 6000, el sistema de medios de pagos de las antiguas cajas de ahorros, que todavía opera como una asociación en la que se incluyen ofertas para los clientes de sus tarjetas.

Varios socios de Euro 6000 fueron reacios inicialmente a esta unión, pero el pasado 21 de diciembre sus miembros dieron el sí a la operación impulsada por el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), como ya hicieron en el caso de la plataforma de pagos por móvil Bizum en la que participan prácticamente todos los bancos españoles.

La nueva sociedad se repartirá en un 66% aproximadamente para los socios de Servired (sus principales accionistas son BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell), mientras que el 20% será para los representantes de 4B (integrado por Santander, Popular y Banca March), y el 14% para los de Euro 6000 (en el que se encuentran Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN, Liberbank, Evo Banco y Abanca). La determinación de los consejeros de la nueva sociedad fusionada estará en función del número de tarjetas emitidas por cada entidad.

La integración de estos esquemas de medios de pago tiene ahora más sentido que hace ocho años, cuando 4B y Servired ya intentaron su unión. La política de comisiones por sacar dinero en los cajeros ajenos, que además se encuentran reguladas, han desactivado casi por completo las ventajas que suponía para el cliente operar en los terminales de un mismo sistema.

Pese a la prevista próxima creación de esta sociedad, todavía quedan pendientes las autorizaciones de la Comisión de Mercados y de la Competencia (CNMC), del Banco de España y del Ministerio de  Economía, aunque se espera que no haya ningún problema, más cuando el supervisor bancario es partidario de la existencia de un único medio de pagos en España.

Se espera que la operación implique un recorte del 35% de la plantilla de las tres empresas fusionadas (unos 25 puestos de trabajo) a través de fórmulas como prejubilaciones para suavizar el impacto social, según han indicado fuentes próximas a la negociación.

Aunque se espera que las tres redes operen como una sola sociedad en algún momento del primer trimestre de 2017, la fusión no estará plenamente operativa hasta el tercer trimestre debido a la necesidad de sacar de la sociedad algunos activos de las entidades bancarias afectadas que quedarán fuera del perímetro incluido en la operación de fusión.

La nueva sociedad contaría con cerca de 63.900 cajeros automáticos, procedentes de Sistema, 4B (12.752 cajeros), Servired (33.100 cajeros) y Euro 6000 (18.098 cajeros).

El número de tarjetas gestionadas ascendería a 71,8 millones de unidades entre crédito y débito, procedentes de Sistema, 4B (20 millones de tarjetas), Servired (42 millones de plásticos) y Euro 6000 (9,77 millones de soportes).

KPMG, N+1 y Boston Consulting  han realizado el plan de viabilidad de la nueva sociedad en un este estudio, entregado a los bancos a finales de octubre.

 

 

Plazo de devolución de los adeudos SEPA


sepa-imageHace algún tiempo explicaba como preparar los mandatos SEPA, en particular como determinar el Identificador del acreedor y también como establecer el Código BIC o SWIFT.

También he hablado sobre la diferencia entre las modalidades de adeudo SEPA “Core” y B2B y sobre la forma de calcular el código IBAN de las cuentas bancarias.

Hoy toca hablar de los plazos de devolución. Es decir, de cuanto tiempo tiene el deudor para solicitar al banco la retrocesión del apunte de adeudo.

Son plazos diferentes según se trate de órdenes SEPA “Core” (o “basicas”) o de órdenes SEPA “B2B” (o “entre empresas”)

Core Básico

Se destina principalmente a operaciones con particulares pero puede ser también ser utilizada para adeudos con empresas. El acreedor utiliza el formato definido en el Cuaderno-19-14-XML Esquema Básico para enviarlo a su entidad. Previamente debe existir una orden de domiciliación firmada o aceptada por el deudor para la emisión de adeudos.

Plazo devolución

  • Hasta 5 días por cualquier motivo
  • Hasta 8 semanas por orden del cliente
  • 13 meses para pagos no autorizados

B2B Entre empresas

Se destina principalmente a operaciones con empresas pero puede ser también ser utilizada para adeudos con autónomos.  El acreedor utiliza el formato definido en el Cuaderno-19-44-XML Esquema B2B para enviarlo a su entidad. Previamente debe existir una orden de domiciliación firmada o aceptada por el deudor para la emisión de adeudos.

Plazo devolución

2 días hábiles, sin posibilidad de cancelación por el deudor una vez efectuado el cargo en cuenta. No obstante requiere que el deudor apruebe cada adeudo con su entidad, lo que genera muchas incidencias si no se realiza en plazo.

Tasas de intercambio en tarjetas


De trascendental para el sector de los medios de pago puede calificarse el Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta, publicado en el Diario Oficial de UE el 19 de mayo de 2015.

Esta regulación europea persigue, al limitar el importe de las tasas de intercambio, incentivar el uso de las tarjetas de pago, procurando su mayor aceptación y fomentando la innovación en el sector.

Este es el principal argumento del Reglamento: evitar que una excesiva facilidad y comodidad en la obtención de los ingresos derivados del régimen actual de uso de las tarjetas frene la necesaria evolución y difusión de los medios de pago electrónicos.

En concreto, tal como se ha adoptado finalmente en el ordenamiento jurídico español, las limitaciones de las tasas de intercambio aplicables a las operaciones efectuadas con tarjeta de pago en España se fijan en un 0,2% máximo en operaciones a débito y del 0,3% si son a crédito.

Estos umbrales se reducen respectivamente al 0,1% y 0,2% cuando la transacción es inferior a 20 euros y además se establece un máximo de 7 céntimos de euro en todo pago con tarjeta de débito.

Este Reglamento entró en vigor el 8 de junio de 2015, si bien el ejecutivo español anticipó la aplicación de los referidos límites al 1 de septiembre del 2014, primeramente, mediante el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y tras su convalidación, mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de idéntico propósito, tal y como se regula en el capítulo 3º del título I de ambas.

El propio Real Decreto–ley y la posterior Ley aclaran explícitamente que la razón para la anticipada aplicación en España de los referidos límites radica, además de en las razones económicas y sectoriales expuestas, en aliviar la difícil situación en la que se encuentra el comercio minorista en nuestro país.

El marco legal de estas medidas se completa con la Circular 1/2015, de 24 de marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas y con la Circular 1/2016, de 29 de enero, que modifica la anterior.

En cumplimiento de las citadas disposiciones, el Banco de España anunciaba, mediante comunicado de 9 de febrero de 2016, haber publicado en su página web la información recibida de los proveedores de servicios de pago sobre las tasas de intercambio y de descuento percibidas en las operaciones de pago con tarjeta realizadas en terminales de punto de venta en España.

Esta información sobre tasas de descuento de tarjetas de crédito y débito también la ha publicado la Secretaría de Estado de Comercio.

Este el resumen de la situación actual sobre las tasas de descuento de medios de pago, y sirve de actualización al artículo que sobre este tema escribí en 2007: Tasas de intercambio.

Así quedan los límites máximos tras la aplicación de la normativa indicada:

Tasas de Intercambio Máximas- Ley 18/2014

Importe de la compra Débito Crédito
De 0.01€ a 20.00€ 0.1% 0.2%
De 20.01€ a 35.00€ 0.2% 0.3%
Más de 35.00€ 0.07€ por operación 0.3%

 

Evolución de las tasas de intercambio 2014 (fuente BdE)
  Crédito Débito
2º Trim. 2014(abril-jun/2014) 0,66% 0,61%
Septiembre/2014 0,29% 0,10%
Octubre 2014 0,29% 0,10%
Noviembre 2014 0,29% 0,10%
Variación junio /noviembre 2014 – 55.49% – 83.40%

 

Servired, Sistema 4B y Euro6000 podrían crear un gigante europeo de los medios de pago


Los bancos que integran las redes Servired, Sistema 4B y Euro6000 han aprobado la fusión de sus sistemas de medios de pago y han encomendado a KPMG, N+1 y Boston Consulting la realización del plan de negocio de la firma resultante de la integración.

4b-red-6000-serviredLos bancos que integran Servired, 4B y Euro6000 han decidido unirse para crear un gigante europeo de las tarjetas de crédito.

De consolidarse el proyecto, la sociedad fusionada se convertirá en una de las mayores de Europa en medios de pago.

Según informa Cinco Días, la idea es que el proyecto esté listo en septiembre para remitirlo a la Comisión de Mercados y de la Competencia. Hace unos veinte días los bancos de Servired dieron el sí a la operación de integración de este sistema de medios de pago con las otras dos plataformas, mientras que 4B y Euro 6000 lo hicieron hace unos 10 días.

El objetivo de este acuerdo es la creación de una sociedad común que les permita un ahorro de costes significativo, además de simplificar la operativa al existir solo un sistema en vez de los tres actuales.

El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España han insistido en diversas ocasiones en la peculiaridad de los sistemas de medios de pago en España, con tres plataformas, frente al sistema único que opera en otros paísese de Europa.

Por tanto, la fusión de las tres plataformas y la integración de sus esquemas de medios de pago tiene hoy en día incluso más sentido que hace unos años cuando 4B y Servired ya intentaron su unión.

Los recientes cambios normativos han impactado en la política de comisiones aplicables por sacar dinero de los cajeros y ha difuminado la percepción de que las retiradas de efectivo eran gratuitas en los cajeros de una misma red, por lo que el concepto mismo de redes separadas ha quedado en cuestión.

En este sentido, la unión de 4B (integrado, entre otros, por Santander, Popular y Banca March), Servired (entidad que cuenta entre sus principales accionistas con BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell), y Euro 6000 (en el que se encuentran Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN, Liberbank, Evo Banco y Abanca) supone la creación de un gran y único sistema de medios de pago que se posicionaría entre los primeros o el primero de Europa en este concepto.

Desde el pasado mes de diciembre, los directivos de los bancos encargados de este segmento están trabajando en este proyecto, aunque fue a finales de febrero cuando se designaron los equipos de trabajo para comenzar a dar forma a esta iniciativa.

Servired es el esquema de medios de pago líder en España. Cuenta con 40 millones de tarjetas emitidas, 945.860 comercios y cerca de 34.000 cajeros. Además de cubrir las necesidades del mercado español, proporciona interoperatividad internacional a través del co-branding con Visa y MasterCard. 4B, por su parte, es un sistema de medios de pago que cuenta con 20 millones de tarjetas, tanto de débito como de crédito, 12.752 cajeros automáticos de la red Telebanco 4B y 455.680 comercios adheridos. La infraestructura de Euro 6000 está formada por los centros de proceso de las entidades participantes, interconectados entre sí a través de CECAbank, a los que se conectan más de 18.098 cajeros y 142.627 terminales en comercios adheridos. Las entidades d Euro 6000 suman 10,2 millones de tarjetas a 31 de diciembre de 2014 (incluidas tanto las marcas Maestro y MasterCard como Visa y Visa Electron).

Un posible obstáculo a esta operación puede surgir de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que en el 2011, el organismo consideró que la fusión entre dos de las plataformas podría crear un entorno de restricción de la competencia.

Estos argumentos son rechazados por los bancos, que creen que la situación actual es diferente tras introducir la práctica del cobro de comisiones en los cajeros según la entidad financiera por el cambio normativo y que la concentración supondrá un ahorro de costes para las entidades financieras, que podrían trasladarlo a sus clientes.

 

 

¿Qué puede pasar si un banco no comprueba la firma en una solicitud de trasferencia?


Puede pasar, por ejemplo, que el banco deba pagar 117.000 € a su cliente por no comprobar su firma en la solicitud de trasferencia, según se desprende de una sentencia del Tribunal Supremo en la que  condena a la entidad que recibió un fax con la firma falsificada del titular de la cuenta y siguió sus instrucciones de realizar una transferencia desde su cuenta sin hacer ninguna verificación de que la solictud procedía de su cliente.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha condenado a una entidad española a devolver 117.249,25 euros a un cliente por realizar una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma del fax que recibió y en el que se ordenaba la operación. Alguien había imitado la firma en ese documento, pero la entidad no hizo las oportunas comprobaciones.

Ocurrió en diciembre de 2005 en una sucursal de la entidad en Madrid, donde se recibió un fax aparentemente suscrito por un cliente de esta sucursal ordenando una transferencia a favor de la sociedad Servicios Inmobiliarios R. por 117.000 euros.

El fax, sin membrete alguno, no aportaba datos de identificación del ordenante (número de pasaporte o de documento nacional de identidad). También contenía inexactitudes en el nombre del beneficiario y de su número de cuenta, que fueron corregidas por la propia entidad porque la sociedad inmobiliaria era también cliente suya.

Pese a todo, el banco realizó la operación, detrayendo la cantidad indicada en el fax de la cuenta corriente del cliente.

El Supremo ha condenado a la entidad financiera a devolver al cliente la cantidad transferida indebidamente, más los intereses legales, al considerar que no desplegó toda la diligencia profesional exigible a una entidad bancaria en sus deberes de gestión y custodia de una cuenta corriente. Para el tribunal, el banco debió al menos llamar por teléfono a su cliente para cerciorarse de la veracidad de la orden de transferencia.

En una sentencia de la que ha sido ponente Francisco Javier Orduña, la Sala subraya que, en este caso, la comprobación de la firma por parte del banco resultaba especialmente necesaria no sólo porque el Código de Comercio impone al comisionista el deber de consultar al comitente “en lo no previsto y prescrito expresamente”, sino también por las circunstancias que se dieron. El banco sabía que el titular de la cuenta sólo efectuaba ingresos y no retiraba fondos; la transferencia fue ordenada por un medio no habitual, como es el fax, y presentaba “claras irregularidades” en el nombre del beneficiario y en su número de cuenta, además de no aportar los datos de identificación del ordenante.

El Supremo también ha tenido en cuenta que el contrato por el que se abrió la cuenta no contemplaba como medio de pago el fax.

El Juzgado de Primera Instancia dio la razón al cliente y sentenció que hubo negligencia por parte del banco. Él no consideró procedente practicar la prueba pericial caligráfica solicitada por el cliente al estimar que era imposible realizarla al tratarse de un fax del que sólo había copia.

El banco recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón. El órgano de apelación consideró que la única forma de acreditar que la firma no correspondía al titular y que se había incumplido el contrato era haber practicado una pericial.

El cliente ha tenido que llegar hasta la Sala Civil del Tribunal Supremo para logar la devolución del dinero. El Supremo concluye que la Audiencia hacía recaer en él, indebidamente, la carga de probar la falsedad de la firma inserta en el fax.

La sentencia indica que es incorrecta y desproporcionada la imputación al cliente de los efectos negativos de la falta de la prueba, ya que él no tenía ninguna oportunidad de disponer y facilitar la prueba: aunque solicitó la pericial caligráfica, no tenía el original que era necesario para practicarla con garantías.

PRIIP- Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products


La denominación de “productos de inversión minorista empaquetados” (en inglés PRIIP, Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products), abarca diferentes productos de inversión que se comercializan entre inversores minoristas que, unidos, forman un mercado en Europa valorado en hasta 10 billones de euros.

El 9 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 1286/2014 sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros. Esta norma entra en vigor a partir del 31 de diciembre de 2016 y pretende garantizar un trato homogéneo a todos los productos financieros para su comercialización a clientes minoristas en la Unión Europea. Las normas técnicas de adopción obligatoria (en inglés, RTS, Regulatory Technical Standards) están disponibles como borradores finales.

El reto que supone para las entidades financieras y aseguradoras la implementación de estas normas en su variente técnica requiere algunos roles de tercero de confianza para mantener el registro de transacciones y vincular las diferentes fuentes de información de modo que quede garantizada la auditabilidad del cumplimiento.

Entre otros aspectos se establece el requisito de disponer para cada oferta de productos de inversión PRIPP de un documento que recoja los datos fundamentales del producto, que contenga la información importante de manera sencilla y concisa, y que permita realizar una comparación con otros productos similares.

Estas normas se añaden a las denominadas MIFID II, en particular la Directiva 2014/65 y el
Reglamento UE 600/2014, que imponen también requisitos técnicos respecto al regiistro de operaciones y la interacción con los clientes finales.

EADTrust ofrece diversos módulos de integración que facilitan a las entidades el cumplimiento de esta normativa.

La fecha límite del 31 de diciembre de 2016 exige una respuesta acelerada de las entidades para dar cumplimiento a la mencionada normativa.

Entre los denominados PRIIP se encuentran diferentes productos de inversión:

  • Fondos de inversión
  • Productos de inversión basados en seguros
  • Valores estructurados al por menor
  • Depósitos a plazo estructurados