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Plazo de devolución de los adeudos SEPA


sepa-imageHace algún tiempo explicaba como preparar los mandatos SEPA, en particular como determinar el Identificador del acreedor y también como establecer el Código BIC o SWIFT.

También he hablado sobre la diferencia entre las modalidades de adeudo SEPA “Core” y B2B y sobre la forma de calcular el código IBAN de las cuentas bancarias.

Hoy toca hablar de los plazos de devolución. Es decir, de cuanto tiempo tiene el deudor para solicitar al banco la retrocesión del apunte de adeudo.

Son plazos diferentes según se trate de órdenes SEPA “Core” (o “basicas”) o de órdenes SEPA “B2B” (o “entre empresas”)

Core Básico

Se destina principalmente a operaciones con particulares pero puede ser también ser utilizada para adeudos con empresas. El acreedor utiliza el formato definido en el Cuaderno-19-14-XML Esquema Básico para enviarlo a su entidad. Previamente debe existir una orden de domiciliación firmada o aceptada por el deudor para la emisión de adeudos.

Plazo devolución

  • Hasta 5 días por cualquier motivo
  • Hasta 8 semanas por orden del cliente
  • 13 meses para pagos no autorizados

B2B Entre empresas

Se destina principalmente a operaciones con empresas pero puede ser también ser utilizada para adeudos con autónomos.  El acreedor utiliza el formato definido en el Cuaderno-19-44-XML Esquema B2B para enviarlo a su entidad. Previamente debe existir una orden de domiciliación firmada o aceptada por el deudor para la emisión de adeudos.

Plazo devolución

2 días hábiles, sin posibilidad de cancelación por el deudor una vez efectuado el cargo en cuenta. No obstante requiere que el deudor apruebe cada adeudo con su entidad, lo que genera muchas incidencias si no se realiza en plazo.

Tasas de intercambio en tarjetas


De trascendental para el sector de los medios de pago puede calificarse el Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta, publicado en el Diario Oficial de UE el 19 de mayo de 2015.

Esta regulación europea persigue, al limitar el importe de las tasas de intercambio, incentivar el uso de las tarjetas de pago, procurando su mayor aceptación y fomentando la innovación en el sector.

Este es el principal argumento del Reglamento: evitar que una excesiva facilidad y comodidad en la obtención de los ingresos derivados del régimen actual de uso de las tarjetas frene la necesaria evolución y difusión de los medios de pago electrónicos.

En concreto, tal como se ha adoptado finalmente en el ordenamiento jurídico español, las limitaciones de las tasas de intercambio aplicables a las operaciones efectuadas con tarjeta de pago en España se fijan en un 0,2% máximo en operaciones a débito y del 0,3% si son a crédito.

Estos umbrales se reducen respectivamente al 0,1% y 0,2% cuando la transacción es inferior a 20 euros y además se establece un máximo de 7 céntimos de euro en todo pago con tarjeta de débito.

Este Reglamento entró en vigor el 8 de junio de 2015, si bien el ejecutivo español anticipó la aplicación de los referidos límites al 1 de septiembre del 2014, primeramente, mediante el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y tras su convalidación, mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de idéntico propósito, tal y como se regula en el capítulo 3º del título I de ambas.

El propio Real Decreto–ley y la posterior Ley aclaran explícitamente que la razón para la anticipada aplicación en España de los referidos límites radica, además de en las razones económicas y sectoriales expuestas, en aliviar la difícil situación en la que se encuentra el comercio minorista en nuestro país.

El marco legal de estas medidas se completa con la Circular 1/2015, de 24 de marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas y con la Circular 1/2016, de 29 de enero, que modifica la anterior.

En cumplimiento de las citadas disposiciones, el Banco de España anunciaba, mediante comunicado de 9 de febrero de 2016, haber publicado en su página web la información recibida de los proveedores de servicios de pago sobre las tasas de intercambio y de descuento percibidas en las operaciones de pago con tarjeta realizadas en terminales de punto de venta en España.

Esta información sobre tasas de descuento de tarjetas de crédito y débito también la ha publicado la Secretaría de Estado de Comercio.

Este el resumen de la situación actual sobre las tasas de descuento de medios de pago, y sirve de actualización al artículo que sobre este tema escribí en 2007: Tasas de intercambio.

Así quedan los límites máximos tras la aplicación de la normativa indicada:

Tasas de Intercambio Máximas- Ley 18/2014

Importe de la compra Débito Crédito
De 0.01€ a 20.00€ 0.1% 0.2%
De 20.01€ a 35.00€ 0.2% 0.3%
Más de 35.00€ 0.07€ por operación 0.3%

 

Evolución de las tasas de intercambio 2014 (fuente BdE)
  Crédito Débito
2º Trim. 2014(abril-jun/2014) 0,66% 0,61%
Septiembre/2014 0,29% 0,10%
Octubre 2014 0,29% 0,10%
Noviembre 2014 0,29% 0,10%
Variación junio /noviembre 2014 – 55.49% – 83.40%

 

¿Qué puede pasar si un banco no comprueba la firma en una solicitud de trasferencia?


Puede pasar, por ejemplo, que el banco deba pagar 117.000 € a su cliente por no comprobar su firma en la solicitud de trasferencia, según se desprende de una sentencia del Tribunal Supremo en la que  condena a la entidad que recibió un fax con la firma falsificada del titular de la cuenta y siguió sus instrucciones de realizar una transferencia desde su cuenta sin hacer ninguna verificación de que la solictud procedía de su cliente.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha condenado a una entidad española a devolver 117.249,25 euros a un cliente por realizar una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma del fax que recibió y en el que se ordenaba la operación. Alguien había imitado la firma en ese documento, pero la entidad no hizo las oportunas comprobaciones.

Ocurrió en diciembre de 2005 en una sucursal de la entidad en Madrid, donde se recibió un fax aparentemente suscrito por un cliente de esta sucursal ordenando una transferencia a favor de la sociedad Servicios Inmobiliarios R. por 117.000 euros.

El fax, sin membrete alguno, no aportaba datos de identificación del ordenante (número de pasaporte o de documento nacional de identidad). También contenía inexactitudes en el nombre del beneficiario y de su número de cuenta, que fueron corregidas por la propia entidad porque la sociedad inmobiliaria era también cliente suya.

Pese a todo, el banco realizó la operación, detrayendo la cantidad indicada en el fax de la cuenta corriente del cliente.

El Supremo ha condenado a la entidad financiera a devolver al cliente la cantidad transferida indebidamente, más los intereses legales, al considerar que no desplegó toda la diligencia profesional exigible a una entidad bancaria en sus deberes de gestión y custodia de una cuenta corriente. Para el tribunal, el banco debió al menos llamar por teléfono a su cliente para cerciorarse de la veracidad de la orden de transferencia.

En una sentencia de la que ha sido ponente Francisco Javier Orduña, la Sala subraya que, en este caso, la comprobación de la firma por parte del banco resultaba especialmente necesaria no sólo porque el Código de Comercio impone al comisionista el deber de consultar al comitente “en lo no previsto y prescrito expresamente”, sino también por las circunstancias que se dieron. El banco sabía que el titular de la cuenta sólo efectuaba ingresos y no retiraba fondos; la transferencia fue ordenada por un medio no habitual, como es el fax, y presentaba “claras irregularidades” en el nombre del beneficiario y en su número de cuenta, además de no aportar los datos de identificación del ordenante.

El Supremo también ha tenido en cuenta que el contrato por el que se abrió la cuenta no contemplaba como medio de pago el fax.

El Juzgado de Primera Instancia dio la razón al cliente y sentenció que hubo negligencia por parte del banco. Él no consideró procedente practicar la prueba pericial caligráfica solicitada por el cliente al estimar que era imposible realizarla al tratarse de un fax del que sólo había copia.

El banco recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón. El órgano de apelación consideró que la única forma de acreditar que la firma no correspondía al titular y que se había incumplido el contrato era haber practicado una pericial.

El cliente ha tenido que llegar hasta la Sala Civil del Tribunal Supremo para logar la devolución del dinero. El Supremo concluye que la Audiencia hacía recaer en él, indebidamente, la carga de probar la falsedad de la firma inserta en el fax.

La sentencia indica que es incorrecta y desproporcionada la imputación al cliente de los efectos negativos de la falta de la prueba, ya que él no tenía ninguna oportunidad de disponer y facilitar la prueba: aunque solicitó la pericial caligráfica, no tenía el original que era necesario para practicarla con garantías.

PRIIP- Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products


La denominación de “productos de inversión minorista empaquetados” (en inglés PRIIP, Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products), abarca diferentes productos de inversión que se comercializan entre inversores minoristas que, unidos, forman un mercado en Europa valorado en hasta 10 billones de euros.

El 9 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 1286/2014 sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros. Esta norma entra en vigor a partir del 31 de diciembre de 2016 y pretende garantizar un trato homogéneo a todos los productos financieros para su comercialización a clientes minoristas en la Unión Europea. Las normas técnicas de adopción obligatoria (en inglés, RTS, Regulatory Technical Standards) están disponibles como borradores finales.

El reto que supone para las entidades financieras y aseguradoras la implementación de estas normas en su variente técnica requiere algunos roles de tercero de confianza para mantener el registro de transacciones y vincular las diferentes fuentes de información de modo que quede garantizada la auditabilidad del cumplimiento.

Entre otros aspectos se establece el requisito de disponer para cada oferta de productos de inversión PRIPP de un documento que recoja los datos fundamentales del producto, que contenga la información importante de manera sencilla y concisa, y que permita realizar una comparación con otros productos similares.

Estas normas se añaden a las denominadas MIFID II, en particular la Directiva 2014/65 y el
Reglamento UE 600/2014, que imponen también requisitos técnicos respecto al regiistro de operaciones y la interacción con los clientes finales.

EADTrust ofrece diversos módulos de integración que facilitan a las entidades el cumplimiento de esta normativa.

La fecha límite del 31 de diciembre de 2016 exige una respuesta acelerada de las entidades para dar cumplimiento a la mencionada normativa.

Entre los denominados PRIIP se encuentran diferentes productos de inversión:

  • Fondos de inversión
  • Productos de inversión basados en seguros
  • Valores estructurados al por menor
  • Depósitos a plazo estructurados

 

 

 

Algunas medidas para impulsar las TIC y el comercio electrónico en España (y Europa)


Llevo unos cuantos años impulsando y ayudando a impulsar el comercio electrónico en España y en Europa.

Y a pesar de los años, veo que todavía quedan muchas cosas por hacer.

Ahora presido la Comisión de Comercio Electrónico de AMETIC, un Foro formidable para hacer llegar peticiones y reflexiones a las administraciones públicas y reguladores.

Estos días he hecho un pequeño ejercicio de reflexión para identificar acciones que se podrían acometer desde el estado (especialmente a nivel regulatorio) para mejorar la adopción por las empresas de diferentes tecnologías de Información y Comunicaciones, lo que redundará en su mejora de competitividad a medio y largo plazo. Y también acciones para mejorar la generalización del Comercio Electrónico.

Aprovecho este blog para compartirlas con sus lectores y pedir más ideas que llevar a los debates de la Comisión de Comercio Electrónico de AMETIC:

  • Simplificación del sistema impositivo para transacciones transfronterizas: IVA unificado en la UE para transacciones e-commerce y tributación en el pais del prestador, con reglas de compensación entre paises.
  • En el marco de subvenciones y financiación apoyada institucionalmente, prioridad a inversiones en ICT a todas las empresas y de circulante a empresas de ámbito TIC
  • En el ámbito de capital riesgo, vehículos de apoyo a Business Angels que inviertan en start ups de entornos ICT
  • En el ámbito de la formación: inclusión de asignaturas tecnológicas (apicaciones especiales según disciplina y técnicas de programación) y de emprendimiento (gestión, contabiidad, fiscalidad) en todas las carreras universitarias
  • En el ámbito de la contratación pública, supresión de las modalidades no digitales de licitación (adopción paulatina con medidas de e-inclusión para autónomos y pymes)
  • Perfeccionamiento de la normativa bancaria respecto a la certeza de cobro de los sistemas de pago (y evitar “chargebacks” en transacciones por imperfecciones de su sistema que los bancos trasladan a sus clientes)
  • Tratamiento fiscal favorable (incluso recuperación de parte de impuestos especiales en combustibles) a sistemas logísticos para mejorar su competitividad
  • Implantación de marco legal que imponga limitaciones al plazo de pago de facturas. Por ejemplo, identificar electrónicamente a la Agencia Tributaria facturas no cobradas tras 60 diás, de forma que en esas facturas se produzca inversión del sujeto pasivo: en vez de que sea el suministrador el encargado de ingresar el impuesto en Hacienda, sería el adquirente.

Por favor, comenta a continuación otras medidas que propondrías

Aplicabilidad del Reglamento Europeo UE 910/2014 (EIdAS)


A diferencia de la Directiva 93/1999 /CEE del Consejo, el Reglamento (UE)  nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (denominado reglamento eIDAS por las iniciales de Electronic Identificatiom Authentication and Signature) que entró en vigor el 17 de septiembre de 2014, tendrá un impacto directo y, en algunos casos,  supondrá la derogación de las leyes nacionales vigentes en los Estados miembros.

El Reglamento se aplicará gradualmente en los próximos meses con plazos de entrada en vigor escalonados que concluirán el 01 de julio 2016, con la derogación de la Directiva 93/1999 / CEE.

Desde su entrada en vigor el 17 de septiembre de 2014, ya son de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 9.5, 17.8, 19.4, 20.4, 21.4, 24.5, 27.4, 28.6, 29.2, 30.3, 30.4, 31.3, 32.3, 33.2, 34.2, 37.4, 38.6, 42.2, 44.2, 45.2, 47 y 48. El resto de las disposiciones, a excepción de los artículos 7, 8.1, 8.2, 9, 10, 11 y 12.1, que se aplicará a partir del 18 septiembre de 2015, deben ser implementadas a partir del 1 de julio de 2016. Sólo el  artículo 6 se aplicará a partir del 18 de septiembre 2018.

Desde 01 de julio de 2016 en adelante:

  • Los Dispositivos de Creación de Firma (denominados antes Dispositivos Seguros de Creación de Firma y ahora Dispositivos Cualificados de Creación de Firma) que tuvieran la consideración de tales según  el artículo 3.4  de la Directiva 93/1999 /CEE,  mantendrán su reconocimiento tras la nueva norma (Reglamento eIdAS).
  • Los certificados reconocidos expedidos a personas físicas de acuerdo con la Directiva 93/1999 /CEE se consideran hasta su vencimiento certificados cualificados de acuerdo con la nueva norma (Reglamento eIdAS).
  • Para ser considerados prestadores de servicios de confianza digital cualificados de acuerdo con el Reglamento eIDAS, los Prestadores de Servicios de Certificación que emitían  ​​certificados reconocidos de acuerdo con la Directiva 93/1999 / CEE deben presentar a partir del 01 de julio de 2017 un informe de evaluación sobre el cumplimiento de la normativa técnica y organizativa aplicable al órgano de supervisión (Minetur, en el caso de España).

La aplicación del Reglamento eIdAS, implica la puesta en marcha de 7 actos de ejecución que deben adoptarse en un  año:

  • 3 actos de ejecución relativos a la identificación y autenticación digital (eID)
  • 4 actos de ejecución en materia de servicios de confianza digital
    • Formatos de firma electrónica (artículo 27.4)
    • Formatos de sellos electrónicos (artículo 37.4)
    • Listas de confianza (artículo 22.5)
    • Marca de confianza de la UE (artículo 23.3)

En los más de 16 años de vigencia de la Directiva 93/1999 /CEE del Consejo, cada Estado miembro la ha desarrollado en su legislación nacional adoptando, en algunos casos normas técnicas de organismos como ETSI y CEN. En España, entre otras normas la Ley 59/2003, con disposiciones sobre firmas electrónicas en la Ley 11/2007 y en la Ley 18/2011.

El impacto revolucionario del Reglamento, sin embargo, cambia todos los paradigmas existentes anteriormente, que pueden considerarse los causantes de la falta de interoperabilidad transnacional en el mercado único europeo. El nuevo modelo, destinado a facilitarla, todavía tiene que demostrar su utilidad en un contexto internacional en el que los mayores avances se han producido a partir de la adopción de incoativas de la industria a través del CAB Forum, solo para el ámbito de los certificados para servidores web, en un modelo como en norteamericano de escasa regulación.

¿Es el DNI electrónico un gran fiasco?


Hace un par de años mereció letras de titular sensacionalista una frase descontextualizada del Presidente de nuestra asociación AMETIC, que tanto ha empujado la adopción del DNI electrónico, incluso antes de la fusión de las dos asociaciones empresariales tecnológicas de las que procede: AETIC y ASIMELEC.

El periódico El País incidió solo en los aspectos negativos (que los hay) porque el continuo descenso en inversiones TIC de los últimos años por parte de grandes y medianas empresas y administraciones públicas estaba originando deterioros de sostenimiento en los despliegues ya realizados y ponían en riesgo la competitividad española a medio y largo plazo.

Como si después de acometer grandes inversiones para construir autopistas se abandonara su mantenimiento por no asumir costes marginales y se acabara con un equipamiento deteriorado y peligroso.

“Un gran fiasco”. Así califica al DNI electrónico José Manuel de Riva, presidente de la asociación de empresas tecnológicas, Ametic. La culpa, en su opinión, la falta de aplicaciones para esos 34 millones de documentos que, según la Policía Nacional, ha sido ya expedidos.

En cuanto a la administración electrónica en España, para De Riva el balance es “en general negativo, salvo excepciones. Hay ministerios con aplicaciones y sistemas de comunicación con el ciudadano bastante adaptados incluso pioneros, pero otros, en cambio, funcionan fatal”.

De Riva ha advertido que la Agenda Digital española está enunciada, pero no desarrollada. “Se está observando cierta demora en la Agenda Digital. Se nos va a pasar la mitad de la legislatura y estamos todavía mareando la perdiz”, ha apostillado. Para De Riva, en España, al igual que en toda Europa, hay un “exceso de regulación”, así como “demasiadas trabas impositivas” que gravan la actividad para “exprimir” al sector de las TIC y hacen perder competitividad.

El sector de las TIC facturó el pasado año 85.703 millones de euros, lo que representa un descenso del 5% respecto al ejercicio anterior, con una caída de todos lo sectores, pero especialmente en electrónica de consumo (-23%) y en componentes electrónicos (-16%).

Ciertamente, son muchos los retos a acometer y esencial la aportación de las empresas especializadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la modernización de nuestra sociedad en un contexto internacional altamente exigente.

Y muchas grandes inversiones pueden verse desperdiciadas si no se gestiona adecuadamente su continuidad. Pero el DNI electrónico, en mi opinión, con sus luces y sombras, es uno de los grandes aciertos de los gobiernos anteriores, de diferentes signos políticos.

España es líder mundial en número de certificados cualificados expedidos. Certificados de alta calidad, basados en dispositivo cualificado, bien diseñados para favorecer la interoperabilidad. Los años de experiencia nos han conducido al DNI 3.0 que se ha lanzado este año 2015 y que resuelve casi todos los aspectos técnicos criticados en el pasado e incorpora mejoras pensadas en un mundo digital marcado por la movilidad.

Me considero un experto en aspectos de firma electrónica y me siento orgulloso de que España haya desplegado la infraestructura que la favorece y de que los españoles contemos con esta extraordinaria herramienta en nuestros bolsillos.

Pero el potencial del DNI electrónico no se circunscribe a sus aspectos técnicos, sino que se materializará cuando los ciudadanos seamos conscientes de lo que implica y nos habituemos a su uso. Y las empresas e instituciones empiecen a desplegar mecanismos de identificación y firma sencillos y orientados al usuario.

El propio “viejo” DNI electrónico no es el principal responsable de la escasa calidad de muchas implementaciones tempranas que conducían a sus uso. Todavía se abusa de sistemas de firma electrónica (Key Usage: ContentCommitment) cuando se deberían usar sistemas de autenticación SSL basada en certificados (Key Usage: ElectronicSignature).

Se usan despliegues basados en java para firma en cliente web (que provocan miles de problemas de incompatibilidad de navegadores, sistemas operativos y versiones de máquina virtual java y miles de problemas de soporte), cuando los documentos deberían firmarse tranquilamente con aplicaciones nativas antes de remitirlos de forma sencilla por otros procedimientos, que, posiblemente ni siquiera requieran autenticación.

El verdadero éxito del DNIe es que cada vez somos más conscientes de que está ahí, de que lo tenemos en el bolsillo y de que debe de servir para algo. Y de que se ha roto el círculo vicioso de que el reducido número de usuarios no justifica el despliegue de aplicaciones.

Los problemas de la generalización del DNI electrónico, son los consustanciales a un gran despliegue, y los típicos asociados a la gestión del cambio, y los habituales asociados a la adopción temprana cuando las tecnologías no están del todo maduras.

Sin embargo este gran número de DNIe expedidos nos sitúan en la “pole position” de la sociedad digital.

Los “feature phones” permiten hacer poco más que hablar por teléfono y enviar y recibir SMS pero en eso son perfectamente compatibles con los “smart phones”. Y en algunos países africanos la bancarización de personas humildes se vehiculiza mediante terminales sencillos de pocas prestaciones.

Como nos vamos habituando a un acelerado ritmo de innovaciones de alcance global (impulsado por “grandes players”) llegamos a pensar que nuestro propio contexto de innovación se queda atrás. Y no es así. Los retos superados por los españoles y por los especialistas españoles en identidad digital, gobierno digital, comercio digital y, en definitiva sociedad digital, posiblemente permitan ayudar a otros países más rezagados, que no sufrirán los “problemas de crecimiento adolescente” que hemos sufrido por nuestra propia ruta innovadora.

Pero ayudarán sobre todo, a que las próximas generaciones de españoles consideren normal el DNIe, un potente instrumento que con el tiempo se convertirá en un trofeo que pocos otros países podrán mostrar en sus anaqueles.

Y ya va siendo hora de que nos quitemos complejos.