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Justicia Digital


El expediente judicial digital es uno de los retos de la digitalización de la Justicia y su adopción avanza en las administraciones pública con competencias en materia de Justicia.

Desarrollos de aplicaciones como Minerva (Sistema de Gestión Procesal), Lexnet (Sistema de comunicaciones entre los órganos de la administración de justicia y los profesionales que interactúan con ellos), Visor Horus (para localizar y consultar de forma rápida la información de los expedientes electrónicos judiciales y admi­nistrativos), Portafirmas (herramienta para facilitar la firma digital PADES de documentos), Cargador de expedientes (servicio que permite la remisión de documentación de índole Administrativa de ls AAPP a la Administración de Justicia.

730 órganos judiciales tienen acceso a la tecnología que facilita la digitalización de la Justicia. 250.000 usuarios hacen uso de ella.

Reconocimiento de “Justicia Digital” en los Premios Autelsi 2018


Los Premios Autelsi 2018 se entregarán con motivo de la celebración de  la XIV Convención Autelsi, el próximo 8 de marzo de 2018. Este evento congrega en torno a 200 profesionales del sector TIC, y y en el se lleva a cabo el reconocimiento público a instituciones y empresas que hayan destacado en las cinco categorías contempladas.

Para esta edición de los premios, se valoraron 26 proyectos que los asociados de Autelsi votaron para determinar los ganadores.

El Premio Autelsi al mejor proyecto para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, ha recaído ex-aequo a dos iniciativas que obtuvieron el mismo número de votos:  el proyecto ”Aragón Open Data” del Gobierno de Aragón y el proyecto ”Identidad y Confianza Digital” de Abanca.

En la categoría de Iniciativa Tecnológica en el Sector Público el proyecto ganador ha sido “Justicia Digital” del Ministerio de Justicia

En la categoría de Compromiso Social y Medioambiental el galardón recae en el proyecto: ”Formatos tecnológicos e innovadores para un Museo más social” del Museo Nacional de Arte Centro Sofía

El premio en la categoría de Labor de Divulgación y Difusión de las TIC, ha sido para el proyecto del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ”Protege tu empresa”.

En la página de asociación se recoge información sobre los diferentes proyectos presentados en sus Premios Autelsi 2018.

Por su interés para los lectores de este Blog se transcribe la información relativa al proyecto Justicia Digital.

En 2015, tras introducirse cambios relevantes en las leyes procesales y en la normativa conexa, como la relativa a Lexnet, se emprende en el Ministerio de Justicia de España el Programa Justicia Digital con el objetivo de desarrollar aplicaciones y servicios que faciliten la gestión procesal automatizada de los asuntos sometidos a los Tribunales, así como la implantación de nuevas metodologías de trabajo que mejoren la eficiencia de los procesos.

La solución tecnológica que se ha diseñado está compuesta por un conjunto de módulos que gracias a la interoperabilidad con el Sistema de Gestión Procesal (Minerva para los órganos judiciales o Fortuny para la Fiscalía) permite a los órganos judiciales y Fiscalías del “territorio Ministerio” el tratamiento electrónico de la información.

Se denomina “Territorio Ministerio” al conjunto de comunidades autónomas en las que la responsabilidad de provisión de medios materiales para la administración de Justicia se mantiene dentro del Ministerio de Justicia. El resto de comunidades autónomas tienen competencias en dicha provisión de medios y ofrecen soluciones informáticas compatibles.

La estructura de personal de los operadores jurídicos (jueces y magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia, entre otros) es nacional e independiente de otras administraciones. La administración de Justicia es un poder del estado y no se considera administración pública en el sentido de la Administración General del Estado.

En el proyecto presentado, “Justicia Digital“,  las comunicaciones (demandas, escritos, notificaciones y expedientes administrativos), las operaciones de firma, visionado y consulta de documentos son íntegramente digitales, de manera que se elimina el uso del papel del proceso y se otorgan mayores garantías a todos los actos jurídicos.

Los diferentes módulos desarrollados son los siguientes:

  • Sistema de Gestión Procesal Minerva. Soporta la tramitación de la información relativa a los procedimientos judiciales y da servicio a los órganos judiciales.
  • Fortuny. Sistema de gestión procesal de la fiscalía para la tramitación de asuntos. A su vez se interconecta con el sistema LexNET Justicia y el gestor documental.
  • LexNET. Plataforma de intercambio seguro de información que posibilita la comunicación bidireccional electrónica entre las oficinas judiciales y los distintos operadores legales para la práctica de notificaciones y presentación de escritos.
  • Hermes. Posibilita las comunicaciones electrónicas con la sanidad pública y los Cuerpos de Policía dependientes de las corporaciones locales.
  • Cargador de expedientes administrativos electrónicos. Permite la incorporación automática de los expedientes administrativos remitidos electrónicamente por otras Administraciones Públicas
  • Sede Judicial Electrónica. Presta el servicio de comunicación y notificación por comparecencia electrónica a ciudadanos y personas jurídicas
  • Visor de Expedientes Judiciales Electrónicos Horus. Permite localizar y la consulta integral de la información de los expedientes electrónicos judiciales y administrativos, entre los que se encuentran documentos, vídeos, grabaciones de vistas judiciales etc..
  • Portafirmas electrónico. Proporciona la firma electrónica.
  • Otros sistemas. Proporcionan soporte a todas las necesidades adicionales que rodean al procedimiento judicial, como la elevación de un recurso a otros órganos judiciales, consulta y volcado de las resoluciones publicadas al Centro de Documentación Judicial y la grabación de juicios en salas de vistas u otras diligencias.

El procedimiento judicial deja de ser un conjunto de papeles atados con cordeles que se traslada de un órgano a otro y pasa a ser un Expediente Judicial Electrónico, referenciable desde cualquier lugar por vía electrónica. Se configura un registro único de entrada que se encarga de la recepción y catalogación de documentos, ya sean electrónicos o en papel (en este caso se digitalizan). Se normaliza, así la presentación de documentación independientemente de la vía de entrada de ésta y en todo momento existe un control y trazabilidad de la información.

Asimismo, se establecen metodologías de trabajo y de criterios de gestión homogéneos para facilitar el proceso de adaptación a las nuevas funciones del personal. Los Manuales de Operativas establecen los procedimientos que cubren las diferentes casuísticas de la operativa diaria en una sede judicial, adecuando los procesos de trabajo del Órgano Judicial con las herramientas tecnológicas necesarias que dan soporte al Expediente Judicial Electrónico.

Plan de Implantación de la Justicia Digital

El alcance de la implantación de la digitalización de la justicia circunscrito al ámbito territorial del Ministerio de Justicia (hay que considerar que en las comunidades autónomas no incluidas en este ámbito territorial también se están llevando a cabo diversas iniciativas de modernización) comprende:

  • 112 partidos judiciales (659 órganos judiciales).
  • 39 Fiscalías.
  • Órganos centrales: Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.

La puesta en funcionamiento de Justicia Digital se está llevando a cabo de forma progresiva en 3 fases:

  • Fase I (enero a julio de 2016). El sistema se implantó en 23 partidos judiciales del territorio de su competencia: las nueve capitales de provincia de Castilla y León, las cinco de Castilla-La Mancha, las dos de Extremadura, Murcia, Palma de Mallorca, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como otros partidos judiciales de tamaño mediano como Ponferrada, Ibiza y Cartagena.
  • Fase II (septiembre a diciembre de 2016). Extensión del sistema a las sedes judiciales de Talavera de la Reina, Mérida y Puertollano, además de completar Palma de Mallorca, Murcia y Valladolid en los órdenes jurisdiccionales civil y penal. Por lo que se refiere a las Fiscalías en noviembre de 2016 se puso en marcha una experiencia piloto en la Fiscalía Provincial de Valladolid.
  • Fase III (2017 y 2018). La fase III integra a 86 partidos judiciales, los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) y 39 Fiscalías del ámbito territorial del Ministerio de Justicia. La complejidad de la implantación se incrementa durante esta fase debido a la dispersión geográfica y el elevado número de sedes aunque el volumen de tramitación sea menor al ya realizado en las Fases I y II. El proceso de despliegue en los órganos judiciales está previsto que finalice en el mes de marzo de 2018. La culminación en los órganos centrales y Fiscalías se realizará a lo largo de 2018 conforme al calendario que se establezca de forma consensuada. Actualmente se ha realizado la implantación en 78 partidos judiciales, orden penal y social del Tribunal Supremo y 17 Fiscalías.

De forma paralela, los Jueces, Magistrados, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia están recibiendo un moderno equipamiento para facilitar la movilidad de su puesto de trabajo mediante la dotación de ordenadores de tipo tableta con teclado, de alto rendimiento (dispositivos portátiles Microsoft Surface) y elementos asociados (dock station, teclado, lector tarjetas inalámbrico), para acceder a las herramientas de soporte al Expediente Judicial Electrónico de forma segura y desde cualquier lugar.

En 2017 se han distribuido 1.451 puestos de trabajo móvil (57%) de los 2.541 previstos para completar el proceso se instalación a lo largo del 2018.

Resultados del Plan Justicia Digital

Tramitación electrónica en los órganos judiciales

Entre el 22 de febrero de 2016 y el 4 de diciembre de 2017, la tramitación electrónica de los procesos judiciales se ha puesto en funcionamiento en el 84% del ámbito territorial competencia del Ministerio de Justicia.

Esto supone el 100% de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, así como en el 97% de los Órganos Judiciales unipersonales del territorio Ministerio (638 de 659). Respecto a los órganos centrales el avance es del 54%, el Orden Social y Penal del Tribunal Supremo (7 órganos de 20), y el orden social y Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (22 órganos de 34) trabajan en digital.

Para culminar la implantación de Justicia Digital, durante los meses de febrero y marzo de 2018 se va a desplegar la solución en 21 órganos judiciales (de 8 partidos judiciales de Castilla la Mancha y Murcia), mientras que la implantación del resto de órdenes de los Órganos centrales, se efectuará conforme al calendario que se establezca de forma consensuada.

Los datos de uso, a fecha 11 de enero de 2018, teniendo en cuenta el carácter progresivo de la implantación y por tanto, la entrada de datos a partir de la puesta en producción en cada sede:

  • Presentación de escritos. Más del 79.9% de los escritos ya se presentan de forma electrónica (3.643.061 escritos electrónicos frente a 916.351 presentados en papel).
    13.480.553 documentos firmados digitalmente.
  • Acceso y consulta del Expediente Judicial Electrónico a través del Visor de expedientes Horus:
    • Consultas: 2.609.500 documentos, 1.427.810 procedimientos y 12.349 vistas judiciales.
    • Descargas: 5.130.728 documentos, 95.895 procedimientos.

Tramitación electrónica en la Fiscalía

Actualmente el Programa se ha implantado en 17 fiscalías de las 39 previstas, lo cual supone un avance de un 43,6% de la implantación planificada. En 2018 culminará el proceso en el resto de Fiscalías del territorio del Ministerio.

Los datos de uso desde el 12 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2018, teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento progresiva de cada Fiscalía, son: 190.376 notificaciones recibidas; 52.463 itineraciones telemáticas registradas (62,14 %), y 53.401 dictámenes firmados y enviados telemáticamente (67,56%).

Conclusiones

Con la implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales se mejora el servicio público que se presta en la Administración de Justicia adecuándose a lo estipulado en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia y se consiguen objetivos estratégicos como una Justicia más accesible, más transparente, ágil y mejor interconectada.

La implantación de Justicia Digital representa un nuevo modelo de prestación de servicios de la Justicia orientado a la sostenibilidad, la eficiencia y la expansión a toda la Administración de Justicia.

Se dispone de un modelo de trabajo que compatibiliza aspectos centralizados y distribuidos, adaptado a las distintas peculiaridades de la sede judicial (órgano unipersonal, colegiado, esquema de oficina judicial…).

Asimismo, se favorece el máximo aprovechamiento de las TIC en la actividad judicial, de modo que los sistemas pueden compartir datos e información que permiten una tramitación más ágil de los asuntos judiciales, contribuyen a reducir errores y a mejorar la calidad de las decisiones judiciales.

El proyecto Justicia Digital Supone un gran avance en la prestación de servicios de la Administración de Justicia que apuesta por una nueva forma de funcionamiento que aporta eficacia, eficiencia, productividad, seguridad y calidad en los mismos.

Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia


Ayer, 7 de febrero de 2018, se constituyó  el Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia, que funcionará como un grupo de trabajo que asesorará al Ministerio de Justicia en el diseño y ejecución de programas de innovación y, a petición del ministro, podrá pronunciarse sobre las medidas y los proyectos normativos que impulse el departamento en esta materia.

Tiene por objeto promover la colaboración con el sector privado y la participación de la sociedad civil en las políticas de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido a los miembros del Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia que aporten su visión estratégica y experiencia en los ámbitos de la tecnología, la innovación y la gestión de organizaciones para impulsar la acción del Gobierno en la transformación digital de la Justicia.

Durante su intervención, Rafael Catalá ha destacado el desafío que supone para las administraciones públicas el empleo de la tecnología que está transformando los modelos de prestación de servicios y las relaciones con los ciudadanos. Las aportaciones y recomendaciones de los miembros de este consejo asesor, todos ellos profesionales que han promovido avances importantes en sus organizaciones, ayudarán, ha señalado Catalá, a trazar las líneas de trabajo del Ministerio de Justicia en su estrategia de transformación del servicio público, atendiendo a las demandas y tendencias que en cada momento marcan la sociedad y el progreso tecnológico.

Forman parte del Consejo Asesor para la Innovación en la Justicia, a título personal,

  • César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica;
  • César Cernuda, presidente de Microsoft Latinoamérica y vicepresidente corporativo de Microsoft;
  • Bernardo Hernández, emprendedor que ha desarrollado su carrera en Google, Flickr, Yahoo o Tuenti;
  • Chema Alonso, encargado de la estrategia de Big Data, Publicidad y Cuarta Plataforma de Telefónica;
  • Martín Varsavsky, fundador de diversas compañías del sector tecnológico;
  • Javier Rodríguez Zapatero, cofundador y presidente de la escuela de negocios ISDI;
  • Carina Spilzka, fundadora de General Partner K Fund;
  • Ángel Cano, que fue consejero delegado del Grupo BBVA;
  • Enrique Dans, profesor de Innovación en la IE Business School;
  • Santiago Segarra, responsable de la transformación de la Agencia Tributaria como director de tecnología;
  • Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo-Sotelo;
  • Hugo Écija, fundador de la firma ÉCIJA; y
  • Borja Adsuara, que fue director general para el desarrollo de la sociedad de la información y de Red.es.

Políticas marco de firma electrónica


El 2 de diciembre de 2015, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) aprobó la Guía de Interoperabilidad y Seguridad (GIS) de Autenticación, Certificados y Firma Electrónica en la Administración de Justicia en España, que constituye de facto la “Política Marco de Firma Electrónica para la Administración de Justicia”.

El objeto de esta norma es servir como guía en lo relativo a la gestión de firmas electrónicas en el ámbito de la justicia, así como tomar en consideración los conceptos conexos de autenticidad de documentos electrónicos y uso de certificados en el marco de la identificación y autenticación de intervinientes cuando no se precise el uso de firma electrónica.

Es de aplicación a la Administración de Justicia, a los ciudadanos en sus relaciones con ella y a los profesionales que actúen en su ámbito, así como a las relaciones entre aquélla y el resto de Administraciones y organismos públicos.

La administración de Justicia es la estructura de la administración específica para el Poder Judicial, que es un poder diferente al Ejecutivo y lo es también la infraestructura administrativa que le da soporte.

En el ámbito de la Administración Pública, la Administración General del Estado ha desarrollado diversa normativa destinada  favorecer la digitalización de su funcionamiento. En su momento, uno de los hitos principales de ese proceso de digitalización lo constituyó la publicación de la Ley 11/2007 que suplementaba lo dispuesto en la Ley 30/1992. En el año 2015 se publicaron las leyes siamesas Ley 39/2015 y Ley 40/2015 (subsumiendo las dos leyes citadas), un año después de la publicación del Reglamento europeo UE 910/2014 (EIDAS) y teniendo ya en cuenta bastantes de los aspectos de la norma europea.

Por su lado, en la Administración de Justicia se ha desarrollado la Ley 18/2011 a semejanza de la Ley 11/2007 y se han modificado las leyes procesales, con cambios significativos en 2015.

AGE-AJU

En el ámbito de la AGE, dentro del Esquema nacional de Interoperabilidad  se ha desarrollado una política marco de firma electrónica que ha consolidado la experiencia de  las versiones 1.8 y 1.9. La actual, Política 2.0 se publicó en el BOE de 2 de noviembre de 2016.

En su contexto es muy importante una norma complementaria que ayuda a uniformizar la interoperabilidad de los certificados en España.

En el ámbito de la AJU, dentro de las Bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad  se ha desarrollado la política marco de firma electrónica del CTEAJE citada al inicio:

Con sus similitudes y sus diferencias, ambas Políticas son referentes de sus respectivas administraciones.

Akoma Ntoso: una norma XML para documentos jurídicos


El estándar XML Akoma Ntoso es un formato específico de codificación de datos para expresar documentos parlamentarios, legislativos y jurídicos.

Akoma Ntoso, que significa “corazones unidos” en el lenguaje del pueblo Akan del oeste de Africa, es un conjunto de normas de codificación de documentos XML que permite  intercambiar documentos parlamentarios, legislativos y jurídicos de manera más eficiente, de forma que la información puede interpretarse por los sistemas informáticos.

Akoma Ntoso se orienta a documentos oficiales, tales como los legislativos, los documentos de debate, las actas, etc. que permiten añadir estructuras descriptivas a los documentos parlamentarios y legislativos.

En España, el Documento Judicial Electrónico incluido en la GIS correspondiente del CTEAJE asume la evolución producida a partir del Test de Compatibilidad definido desde 2008 por el Consejo General del Poder Judicial.

Ya los primeros avances en la digitalización de la Justicia fueron impulsados con el Plan de Modernización de la Justicia, aprobado por el CGPJ el 12 de noviembre de 2008.

En 2014 se publicó la Hoja de ruta del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica,  definió las diferentes necesidades de normalización en el ámbito de la Justicia.

¿Convergerán algún dia Akoma Ntoso y las normas XML nacionales?

 

Como digitalizar documentos y destruir los originales


El reto de la digitalización de las entidades públicas y privadas tropieza en la necesidad de conservar los documentos en papel por si fuera preciso recurrir a su valor probatorio.

¿Es posible destruir documentos en papel tras digitalizarlos?

destruir-documentosLa respuesta corta es que, en bastantes casos, si.

Sin embargo hay que matizar que es conveniente realizar un análisis de riesgos regulatorios en función del sector de actividad al que pertenezca la entidad, ya que ciertos documentos no pueden ser destruidos, tras la digitalización.

En particular, los documentos que contengan firmas manuscritas que pudieran tener valor como tales firmas en un proceso litigioso deben conservarse por si se precisara realizar sobre ellos un informe pericial caligráfico.

¿Qué normativa legal existe para la conservación y destrucción de documentos?

Respecto a la conservación de los documentos, una de las normas de referencia más relevantes es el Código de Comercio. En su artículo 30 dispone:

1. Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.

2. El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le exime del deber a que se refiere el párrafo anterior y si hubiese fallecido recaerá sobre sus herederos. En caso de disolución de sociedades, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo prevenido en dicho párrafo.

Los sujetos obligados por la Ley 10/2010 deben conservar durante un período mínimo de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha Ley.

En ciertos casos, podrá realizarse la conservación mediante el uso de tecnologías de la información. Por jemplo, la citada Ley 10/2010 señala en su artículo 25:

(…) los sujetos obligados conservarán (…) las copias de los documentos de identificación a que se refiere el artículo 3.2 en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad, la correcta lectura de los datos, la imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y localización.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no entra en más detalles sobre la forma de cumplir los requisitos.

Sin embargo, existen diferentes normas sobre digitalizacón certificada a las que hacer referencia según los casos:

  • Para la digitalización certificada de facturas recibidas en papel, la Orden EHA 962/2007 y la RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización contemplado en la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril de 2007.
  • Para la digitalización garantizada en el ámbito de las administraciones públicas, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y algunas Normas Técnicas de Interoperabilidad, como la de digitalización, la de copiado auténtico, la de documento electrónico administrativo y la de política de firma electrónica.
  • Para la digitalización certificada en el ámbito de la administración de justicia, el RD 1065/2015, y diferentes normas del CTEAJE, como las Bases del EJIS, la política de certificados y firma electrónica y la GIS de digitalización certificada.

¿Qué requisitos debe cumplir el software de digitalización?

El software debera cumplir lo indicado en las normas anteriores.

Si se orienta al ámbito tributario, deberá homologarse por la Agencia Tributaria o por los organismos designados por la normativa tributaria foral equivalente, para lo que será necesario acompañar la solicitud con un informe de audtoría.

El resto de normas no define un organismo de homologación, pero un informe de auditoría puede certificar el cumplimento de los requisitos aplicables.

¿Quien puede realizar informes de auditoría de Digitalización Certificada?

La normativa tributaria se refiere a entidades  de auditoría informática independiente con solvencia técnica acreditada en el ámbito del análisis y la evaluación de la actividad desarrollada. Una de esas entidades es EADTrust con más de 50 auditorás realizadas. Se puede contactar con EADTrust llamando al 917160555,

¿Es posible encontrar más información sobre Digitalización Certificada y Garantizada?

Si.

En los siguientes enlaces puede encontrar información de interés:

¿Cuantos tipos de firma avanzada existen?


Según la legislación aplicable en España, y obviando la Ley 59/2003 que en lo esencial se ha visto sustituida por el Reglamento (UE) 910/2014 (EIDAS) se definen tres tipos de firma electrónica:

  • «firma electrónica (simple)», los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar.
  • «firma electrónica avanzada», la firma electrónica que cumple los siguientes requisitos:
    • estar vinculada al firmante de manera única.
    • permitir la identificación del firmante.
    • haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y
    • estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.
  • «firma electrónica cualificada», una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica. Es equivalente a la firma manuscrita.

La firma electrónica avanzada puede ser:

  • No basada en certificados. En cuyo caso, la vinculación del firmante con lo firmado, la identificación del firmante y su creación con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, deberá gestionarse con técnicas apropiadas, incluyendo las criptográficas. Entre estas se encuentran las firmas biométricas.
  • Basada en certificados. En cuyo caso se dan dos variantes:
    • Certificados no cualificados.
    • Certificados cualificados. En cuyo caso se dan dos variantes:
      • No basadas en dispositivos cualificados de creación de firma
      • Basadas en dispositivos cualificados de creación de firma. Esta es la firma cualificada.

Muchas normas dan valor jurídico a diferentes tipos de firmas avanzadas (no solo a las firmas cualificadas). Por ejemplo, la Ley 18/2011 da valor de forma expresa a la firma avanzada basada en certificado cualificado, y no basadas en un dispositivo cualificado de creación de firma:

Artículo 14. Formas de identificación y autenticación.

1. La Administración de Justicia admitirá, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en (la ley 18/2011 hacer referencia a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, pero en la actualidad sta refeencia debe entenderse en relación con el Reglamento UE 910/2014) y resulten adecuados para garantizar la identificación de los firmantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de la presente Ley y en todo caso, con sujeción estricta a lo dispuesto por las leyes procesales, los ciudadanos y profesionales del ámbito de la Justicia podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con la Administración de Justicia:

(…)

b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones públicas.

c) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

No olvidemos que el Artículo 25 del Reglamento UE 910/2014 define los efectos jurídicos de las firmas electrónicas

1. No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de la firma electrónica cualificada.

2. Una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita.

3. Una firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocida como una firma electrónica cualificada en todos los demás Estados miembros.

Aunque la Ley 59/2003 ya no se considera de aplicación en sentido estricto, cabe mencionar una variante de firma electrónica definida en ella (en su artículo 3 apartado 10), que podria denominar “firma acordada”:

Cuando una firma electrónica se utilice conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas.