El seguro de responsabilidad civil de los Prestadores de Servicios Electrónicos de Confianza


Este es un tema que suelo tratar con alguna frecuencia, por lo que se pueden ver otros artículos relacionados en esta lista:

En esta ocasión me limitaré a traducir la  Portaria n.o 1370/2000 (2.a série). Esta norma portuguesa establece las exigencias sobre el seguro de responsabilidad civil de los Prestadores de Servicios Electrónicos de Confianza radicados en Portugal. Se enmarca, por tanto en el desarrollo nacional del Reglamento UE 910/2014 (EIDAS).

Esta traducción puede servir para comparar con la normativa equivalente publicada en España y a la que me he referido reiteradamente en los articulos citados al principio.

Esta es la norma:

Tras la entrada en vigor del Decreto-ley n° 290-D/99, de 2 de agosto, por el que se aprueba el ordenamiento jurídico de los documentos electrónicos y de la firma digital, es necesario definir las características del contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil al que se refiere el apartado d) del artículo 12 del mismo decreto.

Se dio audiencia a la Asociación Portuguesa de Seguros.

Así:

En virtud del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 290-D/99 del 2 de agosto:

Manda al gobierno, por el Ministro de Hacienda, lo siguiente:

 1. — a) el contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio a que se refiere el apartado d del artículo 12 del Decreto-ley n° 290-d/99 del 2 de agosto, en lo sucesivo denominado «contrato de seguro», se refiere a los daños derivados de la actividad de certificación de las firmas digitales en el sentido del apartado c) del artículo 2 del mismo decreto.

b). sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c) del presente apartado, el contrato de seguro garantiza únicamente el pago de indemnización por daños y perjuicios derivados de las reclamaciones que se produzcan en su período de validez.

c) en los casos de expiración o retirada de la acreditación o cese de actividad de la autoridad certificadora, el contrato de seguro se efectuará hasta el final del período establecido en el mismo.

2. el contrato de seguro cumplirá los siguientes requisitos:

a) Ser celebrado por un determinado período, nunca inferior a un año, y renovable;

b) tener un capital mínimo anual de 125 000 €, independientemente del número de partes lesionadas y reclamaciones.

3. En el contrato de seguro se podrán estipular franquicias no oponibles a terceros perjudicados o a sus herederos que no superen los  10 000 €.

4. El contrato de seguro previsto en el apartado 1 deberá excluir siempre la cobertura de los daños que deban ser cubiertos por otros seguros obligatorios, aunque no hayan concluido.

5. el contrato de seguro previsto en el apartado 1 podrá excluir la cobertura de los daños y perjuicios:

a) causados a socios, administradores, representantes legales o agentes de la persona jurídica cuya responsabilidad esté garantizada;

b) causados a cualquier persona cuya responsabilidad esté garantizada por este acuerdo, y al cónyuge, que viva de hecho en unión con el asegurado, ascendente y descendente o personas que hayan cohabitado o vivan a cargo de ella;

c) ocurridos como resultado de la guerra, huelga, bloqueo, disturbios, conmociones civiles, agresiones, sabotaje, terrorismo, actos de vandalismo, levantamientos civiles o militares o decisiones de autoridades o fuerzas usurpadoras de autoridad;

d) resultantes del incumplimiento por la autoridad certificadora de los deberes derivados del artículo 26 del Decreto-ley n° 290-D/99 del 2 de agosto;

e) Correspondientes a lucros cesantes

6. el contrato de seguro previsto en el apartado 1 podrá prever el derecho de devolución de la empresa de seguros en los siguientes casos:

a) cuando los daños resulten de una acción intencional o de un acto de calificación como delito o administrativo del asegurado o de la persona por quien se civilmente responsable;

b) cuando los daños resulten de actos u omisiones efectuados por el asegurado o por la persona de quien sea civilmente responsable, en estado de demencia o bajo la influencia del alcohol, estupefacientes u otras drogas o productos tóxicos.

29 de agosto de 2000. — Por el Ministro de Hacienda, António do
Pranto Nogueira Leite, Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças

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