El 2 de diciembre de 2015, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) aprobó la Guía de Interoperabilidad y Seguridad (GIS) de Autenticación, Certificados y Firma Electrónica en la Administración de Justicia en España, que constituye de facto la «Política Marco de Firma Electrónica para la Administración de Justicia».
El objeto de esta norma es servir como guía en lo relativo a la gestión de firmas electrónicas en el ámbito de la justicia, así como tomar en consideración los conceptos conexos de autenticidad de documentos electrónicos y uso de certificados en el marco de la identificación y autenticación de intervinientes cuando no se precise el uso de firma electrónica.
Es de aplicación a la Administración de Justicia, a los ciudadanos en sus relaciones con ella y a los profesionales que actúen en su ámbito, así como a las relaciones entre aquélla y el resto de Administraciones y organismos públicos.
La administración de Justicia es la estructura de la administración específica para el Poder Judicial, que es un poder diferente al Ejecutivo y lo es también la infraestructura administrativa que le da soporte.
En el ámbito de la Administración Pública, la Administración General del Estado ha desarrollado diversa normativa destinada favorecer la digitalización de su funcionamiento. En su momento, uno de los hitos principales de ese proceso de digitalización lo constituyó la publicación de la Ley 11/2007 que suplementaba lo dispuesto en la Ley 30/1992. En el año 2015 se publicaron las leyes siamesas Ley 39/2015 y Ley 40/2015 (subsumiendo las dos leyes citadas), un año después de la publicación del Reglamento europeo UE 910/2014 (EIDAS) y teniendo ya en cuenta bastantes de los aspectos de la norma europea.
Por su lado, en la Administración de Justicia se ha desarrollado la Ley 18/2011 a semejanza de la Ley 11/2007 y se han modificado las leyes procesales, con cambios significativos en 2015.
En el ámbito de la AGE, dentro del Esquema nacional de Interoperabilidad se ha desarrollado una política marco de firma electrónica que ha consolidado la experiencia de las versiones 1.8 y 1.9. La actual, Política 2.0 se publicó en el BOE de 2 de noviembre de 2016.
- Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de
la Administración.
En su contexto es muy importante una norma complementaria que ayuda a uniformizar la interoperabilidad de los certificados en España.
En el ámbito de la AJU, dentro de las Bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad se ha desarrollado la política marco de firma electrónica del CTEAJE citada al inicio:
Con sus similitudes y sus diferencias, ambas Políticas son referentes de sus respectivas administraciones.
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