Plan de Acción Plurianual 2014-2018 relativo a la Justicia en Red Europea


Una de las cuestiones tratadas en el Grupo «Derecho en Línea» (Justicia en red) durante la Presidencia neerlandesa ha sido la preparación de la revisión intermedia del Plan de Acción Plurianual 2014-2018 relativo a la Justicia en Red Europea, tal como se prevé en el apartado 46 del Plan de Acción. El Grupo estudió este asunto en sus reuniones de 3 de febrero, 1 de marzo y 4 de mayo de 2016. En la reunión del 4 de mayo se acordó remitir la versión final del documento al Coreper (Comité de Representantes Permanentes). El Coreper confirmó que se había llegado a un acuerdo sobre el texto y decidió remitirlo al Consejo como Punto «A», para ser tratado en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior (Justice and Home Affairs Council) de los días 9 y 10 de junio de 2016.

Se trata de una actividad no legislativa, consistente en la valoración de los resultados obtenidos en el marco del Plan de Acción 2014-2018, una vez transcurrida la mitad del plazo de su vigencia, al final de la presidencia de turno de los Países Bajos.

El Plan de Acción completo en lo que se refiere a la Estrategia 2014-2018 relativa a la Justicia en red europea, está concebido para mejorar el funcionamiento general de los sistemas de Justicia en red tanto a escala de los Estados miembros como europea. Sin perjuicio de los proyectos y evolución nacionales en materia de Justicia en red, el Portal Europeo de Justicia en línea, albergado y gestionado por la Comisión de acuerdo con las orientaciones del Consejo, tiene un papel esencial para la prestación de la Justicia en red a escala europea.

El objetivo de esta actividad no legislativa es dar a conocer el avance de los proyectos contemplados por el Plan de Acción 2014-2018 que fue aprobado por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de 6 junio 2014. Con ello, se trata de llevar a cabo una reflexión sobre su grado de implementación práctica.

El Plan de Acción contempla una lista de proyectos, debidamente priorizados, así como la previsión temporal para la realización de los mismos, de forma que pueda llevarse a cabo el control de su puesta en funcionamiento. Todo ello sin perjuicio de otras iniciativas que, en este ámbito, puedan presentarse ante el Grupo de trabajo.

Hasta la fecha, deben destacarse las actuaciones llevadas en torno a comunicaciones electrónicas entre los profesionales y los Tribunales de justicia, la videoconferencia, e-CODEX, certificados sucesorios y el Portal e-Justice existente a nivel europeo. Igualmente se ha intensificado las relaciones entre los poderes judiciales y con las profesiones jurídicas (abogados, notarios, registradores, mediadores, etc.) contando con la activa colaboración con las redes ya existentes a nivel europeo. España además, impulsa un ámbito de colaboración estable con los países Iberoamericanos, a través de la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos ) y de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Las actividades en materia de e-Justice incluyen el seguimiento de todas aquellas iniciativas en materia de justicia que aseguren el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito de la justicia. También resulta fundamental que se difundan los proyectos y sus efectos prácticos entre los profesionales jurídicos y los ciudadanos.

Durante la Presidencia holandesa se cumplirá la mitad del plazo de implementación de este Plan de Acción plurianual. Es previsible que se alcancen resultados importantes en materia de interconexión de registros de última voluntad, open-data, información y asistencia a ciudadanos, publicación de edictos, información relativa a menores, subastas electrónicas, localización de mediadores, así como una estrategia multi-canal y de interoperabilidad en las aplicaciones informáticas. En cambio, otros proyectos contemplados en el Plan, deberán ser objeto de atención continuada durante el resto del período contemplado para su ejecución. Este será el caso de los proyectos inicialmente previstos para el año 2016 y posteriores, como sucede con las aplicaciones relativas a gestión de establecimientos penitenciarios, bases de datos de peritos, apostilla electrónica y el registro electrónico de poderes y de representantes legales.

El desarrollo de la Justicia en red europea debe incluir acciones en el plano tanto europeo como nacional. Con respecto a todos los proyectos de Justicia en red, tanto nuevos como ya existentes, habrá de dedicarse especial atención al logro de la más amplia participación posible, a fin de garantizar la satisfacción de las expectativas de los usuarios, la viabilidad a largo plazo y la rentabilidad de esos proyectos en relación con sus costes.

El Plan contempla una lista de proyectos recogidos al final del propio documento. ANEXO con la lista de proyectos. Pág. 6-12

Financiación de proyectos

Acceso:

  • Acceso a la información en el ámbito de la justicia
    • Información a través del Portal de Justicia en línea
    • Registros
    • Web semántica
  • Acceso a los tribunales y a procedimientos extrajudiciales en situaciones transfronterizas
    • Generalidades

Cooperación:

  • Comunicación entre autoridades judiciales
  • Cuestiones horizontales
    • Generalidades
    • Fijación de prioridades de actuación
    • Cribado de propuestas legislativas
  • Relaciones exteriores
  • Estructura de gobernanza

Situación de España

España participa activamente en los proyectos derivados del Plan e-Justicia 2014-2018. Como proyectos destacados debe señalarse el de subastas electrónicas, que se lleva a cabo en colaboración con el Boletín Oficial del Estado y que tiene como objetivos alcanzar una mayor transparencia, información y accesibilidad a todos los ciudadanos sobre los bienes subastados, en toda la Unión Europea. También reviste especial interés el intercambio electrónico de información en materia criminal, a fin de mejorar la eficiencia en la lucha contra la criminalidad, existente ya en materia de intercambio de antecedentes penales. También cabe destacar el interés que presenta la iniciativa relativa al gobierno abierto y “open data”, ya que es prioritario promover la transparencia, luchar contra la corrupción, fortaleciendo las instituciones de los Estados miembros, así como la confianza en su funcionamiento. La experiencia española en materia de apostilla electrónica, será además de utilidad para el desarrollo del segundo período del Plan de Acción 2014-2018.

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