¿Es aplicable la Ley 11/2007 a los colegios profesionales? ¿Y a las cámaras de comercio?


El Artículo 2 (Ámbito de aplicación) de la Ley 11/2007 y su disposición adicional primera  especifican las administraciones publicas obligadas en relación con el despliegue de infraestructuras y procedimientos electrónicos para atender el derecho de los ciudadanos consagrado por dicha ley  a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

Dado que los colegios profesionales y las consejos generales son corporaciones de derecho público (por cierto, también entran en esta categoría las cámaras de comercio y las federaciones deportivas), se aplica de forma restrictiva la normativa administrativa, aunque están sujetas al derecho privado.

Son personas jurídicas que adoptan forma asociativa, creadas, no por un pacto, sino por una ley que determina sus fines, estructura y funcionamiento.

La pertenencia a estas corporaciones es obligatoria para todos aquellos que pretendan ejercer determinadosderechos (p. ej., el ejercicio de una profesión en el caso de los colegios profesionales). La cualidad de miembros se determina en base a una condición objetiva, relacionada con el fin corporativo de que se trate: p. ej., una cualidadprofesional (V. Colegios Profesionales), la cualidad de comerciante o industrial (Cámaras de ComercioIndustria yNavegación), regante de un aprovechamiento colectivo de aguas públicas (V. comunidades de regantes), etc.

Por todo ello, puede afirmarse que la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, no es de aplicación a los Colegios Profesionales (ni a las Cámaras de Comercio).

2 pensamientos en “¿Es aplicable la Ley 11/2007 a los colegios profesionales? ¿Y a las cámaras de comercio?

  1. Pedro Rodríguez López de Lemus

    Los Colegios Profesionales (y Cámaras de Comercio) desarrollan tanto una actividad administrativa (ejerciendo funciones jurídico públicas) como una privada (ejerciendo funciones privadas), la primera sometida al Derecho Administrativo (y revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa), y la segunda sometida al Derecho Privado.

    Por tanto, de acuerdo con el art. 3 de la Ley 11/2007, en mi modesta opinión el ejercicio de las funciones jurídico públicas que tienen atribuidas sí estaría sometido a dicha norma.

    Dicho esto, no es un tema que parezca claro en ninguno de los dos sentidos.

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    1. inza Autor de la entrada

      Pedro,
      La mayor parte de los estudios jurídicos existentes tratan el tema bajo los dos puntos de vista, si bien suelen concluir que la actividad ordinaria es de tipo privado, y solo ciertas potestades o competencias son administrativas, y por tanto sujetas al derecho administrativo, especialmente en lo concerniente al aspecto contencioso.

      Y si te fijas en la disposición final primera de la Ley 11/2007 (especialmente en lo relativo al art. 42, que impone el cumplimiento del ENS y del ENI), el carácter controvertido de función administrativa de los entes implicados los deja fuera del ámbito de aplicación más específico de la Ley 11/2007.

      De todas formas, gracias por comentar, ya que este tema, en particular, ha sido tradicionalmente controvertido, y se agradecen todos los puntos de vista.

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