¿Se pueden enviar facturas electrónicas sin firma electrónica a partir de enero de 2013?


A raiz de la reciente publicación del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, me han preguntado si se pueden enviar facturas electrónicas sin firma electrónica a partir de enero de 2013.

La respuesta es que sí, pero que esto no ha cambiado respecto a la normativa anterior. El anterior reglamento de facturación siempre ha dispuesto de una “tercera vía” además del EDI y de la firma electrónica para garantizar la autenticidad e integridad de las facturas electrónicas.

Antes, la “tercera vía” era obligatoria si se quería usar un método que no fuera EDI o firma electrónica. Ahora la “tercera via” (indicada en el artículo 10) es voluntaria, pero conviene recurrir a ella si se quiere tener la certeza de que un inspector de Hacienda no opina que el método elegido por el obligado tributario no permite garantizar autenticidad, integridad y legibilidad.

Esta posibilidad (la de consultar de forma voluntaria la idoneidad del método empleado) permite dotar de seguridad jurídica a los usuarios, ya que una vez considerado válido “a priori” por Hacienda el método empleado, el inspector tributario no lo puede descalificar “a posteriori”.

No obstante, en sistemas que incluyan el número de oferta o el número de pedido en la factura, parece fácil de justificar que se emplean “controles de gestión” a los que hace referencia el artículo 8.

También queda la opción de que un auditor (que puede ser el mismo que audita las cuentas), incluya en su informe su opinión de que se emplean controles de gestión adecuados.

Conclusión: no hay grandes cambios, la firma electrónica y el EDI siguen siendo los  métodos más sencillos de utilizar porque su validez está garantizada en la norma, y el resto de sistemas pueden crear algún problema si el método empleado no garantiza de forma muy evidente la autenticidad, la integridad y la legibilidad mediante “controles de gestión”.

Además, cuando la factura se dirija a las administraciones públicas, sigue siendo obligatorio el uso de la firma electrónica porque lo exige la ORDEN PRE/2971/2007, que sigue vigente.

Pese a lo dicho, sí es cierto que el espíritu de “igual trato a la factura en papel y a la electrónica” de la Directiva 2010/45/UE y de este real decreto, nos permite argumentar mejor nuestra postura si definitivamente no queremos usar la firma electrónica.

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