El seguro obligatorio de los PSC


La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica establece en su artículo 20.2:

Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos deberán constituir un seguro de responsabilidad civil por importe de al menos 3.000.000 de euros para afrontar el riesgo de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados que expidan.

La citada garantía podrá ser sustituida total o parcialmente por una garantía mediante aval bancario o seguro de caución, de manera que la suma de las cantidades aseguradas sea al menos de 3.000.000 de euros.

Las cuantías y los medios de aseguramiento y garantía establecidos en los dos párrafos anteriores podrán ser modificados mediante real decreto.

Este apartado, es una reminiscencia del existente en el derogado Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica. (Vigente hasta el 20 de marzo de 2004) en su artículo 12.g:

Disponer de los recursos económicos suficientes para operar de conformidad con lo dispuesto en este Real Decreto-ley y, en particular, para afrontar el riesgo de la responsabilidad por daños y perjuicios. Para ello, habrán de garantizar su responsabilidad frente a los usuarios de sus servicios y terceros afectados por éstos. La garantía a constituir podrá consistir en un afianzamiento mercantil prestado por una entidad de crédito o en un seguro de caución.

Inicialmente, la garantía cubrirá, al menos, el 4 % de la suma de los importes limite de las transacciones en que puedan emplearse el conjunto de los certificados que emita cada prestador de servicios de certificación. Teniendo en cuenta la evolución del mercado, el Gobierno, por Real Decreto, podrá reducir el citado porcentaje, hasta el 2 %.

En caso de que no se limite el importe de las transacciones en las que puedan emplearse al conjunto de los certificados que emita el prestador de servicios de certificación, la garantía a constituir, cubrirá, al menos, su responsabilidad por un importe de 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros). El Gobierno, por Real Decreto, podrá modificar el referido importe.

Ambas consideraciones proceden de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que se establece un marco común para la firma electrónica, en particular del apartado h de su Anexo II:

disponer de recursos económicos suficientes para operar de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, en particular para afrontar el riesgo de responsabilidad por daños y perjuicios, por ejemplo contratando un seguro apropiado;

Está clara la desproporción entre lo exigido en la Directiva y lo reflejado en ambas normas españolas.

Por otro lado, ni el aval ni el seguro de caución son instrumentos adecuados para  afrontar el riesgo de responsabilidad por daños y perjuicios, ya que exigen designar un beneficiario (no se me ocurre otro que el MITyC, pero de ser así debería indicarse explícitamente) y la ejecución del aval o de la caución implica la recaudación de la cuantía total a favor del beneficiario, sin relación con el damnificado ni con el importe que suponga la compensación del daño.

Es curioso que, al parecer, nadie haya reflexionado sobre este tema y no se haya cambiado la redacción de la norma desde 1999.

También es curioso que ninguna aseguradora española cuente con este servcicio. Durante el año 2003 y 2004, en la época en la que estaba en Camerfirma, solicité por escrito a todas las aseguradoras españolas censadas en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones una cotización por el seguro obligatorio indicado en la Ley 59/2003. Muchas no contestaron. Las que lo hicieron indicaron que no contaban con ese tipo de seguro.

Al solicitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la identificación de una aseguradora que prestara este tipo de seguros, contestaron indicando que pudiera no ser necesario al existir otras vías de cumlimiento del mandato legal (los ya mencionados aval y seguro de caución, que, como he indicado, realmente no sirven para el fin dictado por la Directiva). 

Ya expliqué hace unos años, en el artículo   (y en el relacionado con este,  ) que la solución es acudir a una aseguradora extranjera.

En todo caso, ya va siendo hora de modificar la norma y dejar el artículo 20.2 de Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica con una redacción más adecuada:

Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos deberán constituir un seguro de responsabilidad civil adecuado para afrontar el riesgo de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados que expidan. Alternativamente, deberán elaborar una valoración actuarial que justifique que pueden responder por sus propios medios ante culquier incidente que afecte a su actividad de prestador de servicios de certificación, indicando el análisis de riesgos efectuado. La documentación que recoja esta valoración se comunicará al Ministerio de igual forma que la especificada en el artículo 30 apartado 2.

En caso de que se contrate el seguro, al no indicarse una cuantía concreta, el coste de la prima se ajustará al análisis actuarial que realice la entidad aseguradora, y será, por tanto, más barato.

Por otro lado, los PSC que expiden certificados reconocidos, deberían identificar en su web el seguro que han contratado y la forma de realizar reclamaciones, tanto por parte de los titulares de los certificados como por parte de los terceros que confían en los certificados. Es un requisito legal de la Directiva y de la Ley de Firma Electrónica que muy pocos prestadores de servicios de certificación cumplen.

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