Ayer lei la tercera de ABC firmada por Salvador Ruiz Gallud, ex Director de la Agencia Tributaria y socio del bufete «Equipo Económico», que me ha parecido muy interesante y que quisiera recoger aquí:
Su título era Unos presupuestos extraviados en la crisis: los ingresos tributarios
Hace unos días el gobierno presentó el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Se trata de un texto distanciado de la realidad, anfitrión de mayores impuestos y ajeno a cualquier modelo económico encaminado a la superación de la crisis que vivimos. La pasividad que se respira en el proyecto está muy lejos de la sana ambición de Ackoff: «el futuro no hay que preverlo, hay que construirlo».
Como ya ocurrió el año pasado, las cifras de las que arrancan las previsiones presupuestarias para 2010 invitan a la desconfianza. Por ejemplo, el proyecto de ley anticipa una recaudación impositiva total en 2009 inferior en un 16,7% a la de 2008, cuando los informes oficiales del mes de septiembre ya anuncian una caída del 19,1%. Y si comparamos la recaudación esperada en 2009 con la presupuestada en su día, la desviación alcanza un insólito 23,6%. Estos desajustes manifiestan un cierto ejercicio de fabulación en nuestras normas presupuestarias.
Si atendemos a la vertiente de ingresos, el proyecto de ley acude a la elevación de impuestos para contener el déficit presupuestario de 2010, estimado en el 8,1% del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas, muy por encima del límite del 3% admitido por la Unión Europea. Ello justifica, según el gobierno, el aumento de los tipos del IVA —del 16% al 18% el tipo general, y del 7% al 8% el tipo reducido—, la supresión de la deducción de 400 euros prevista en el IRPF para trabajadores y autónomos y, también en el IRPF, el aumento del tipo de gravamen de las rentas del ahorro, tales como intereses, dividendos y plusvalías, desde el 18% actual al 19%, y hasta el 21% por el exceso sobre 6.000 euros —este último tipo no se aplicará a los no residentes en España—. Serán por ello los contribuyentes de rentas medias y bajas los costaleros de la reforma.
La subida del IVA perjudicará el consumo. Además, afectará a todos los ciudadanos al margen de su nivel de renta, y por ello es de carácter regresivo. Y agravará los problemas financieros de las empresas españolas, porque el IVA repercutido ha de ingresarse en la Hacienda Pública aun cuando no se haya cobrado del cliente; con ello, el sector público comprometerá todavía más la ya muy limitada financiación empresarial. Cabría aprovechar la acreditada profesionalidad de la Agencia Tributaria para desarrollar una política de aplazamiento semiautomático de tales cuotas, durante los años de crisis.
Por otra parte, la deducción de 400 euros en el IRPF, suprimida de manera improvisada sólo año y medio después de su adopción, no es especialmente eficaz a pesar de su coste recaudatorio, al no poder aprovecharla precisamente los ciudadanos de rentas más bajas. En cambio, el aumento del tipo de gravamen sobre las rentas del ahorro perjudicará la localización de inversiones en España. Llueve sobre mojado, porque nuestro país mantiene el cuarto tipo impositivo implícito sobre el capital más alto de la Unión Europea, según Eurostat.
Pero el escenario fiscal seguirá alterándose antes de fin de año. El gobierno intenta refugiarse en el ojo del huracán que ha despertado con sus anuncios de mayores impuestos y, en el plano temporal, ha desplazado hasta julio del año próximo la anunciada revisión del IVA. En el orden político, buscará descargar en otros grupos parlamentarios nuevos aumentos impositivos. En el ámbito conceptual tributario, la inminente Ley de Economía Sostenible acogerá una subida del precio de los carburantes, incorporando alguna novedosa figura tributaria de tintes ecológicos. Y en el marco administrativo, la subida del tipo reducido del IVA hasta el 8%, aplicable a las viviendas nuevas, amparará a las Comunidades Autónomas en una subida equivalente del tipo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, para inmuebles enajenados por particulares.
Esa defectuosa instrumentación del sistema tributario como vehículo sólo recaudatorio, supone renunciar a su habilitación para la salida de la crisis y el crecimiento. Así, es fundamental que más empresas españolas acudan a otros mercados en busca de oportunidades de negocio, de ahí la relevancia del potencial apoyo público a la internacionalización, en especial de nuestras PYMEs. Sus exportaciones e implantación en el extranjero pueden facilitarse mediante ayudas fiscales a la asesoría, formación profesional y presencia en ferias comerciales con tal finalidad, todo ello de manera plenamente compatible con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. En general, la reducción de la carga tributaria por el Impuesto sobre Sociedades o el IRPF, o de las cotizaciones sociales, permitiría a nuestras empresas un recorte de costes y de precios de sus productos, mejorando su competitividad en el ámbito internacional. En la actual coyuntura resultará insuficiente la reducción prevista por el gobierno para 2009, 2010 y 2011, de cinco puntos en el tipo del Impuesto sobre Sociedades —situándose en el 20%, pero sólo para empresas con facturación anual de hasta 5 millones de euros— , y del 20% en el rendimiento tributable en el IRPF, en ambos casos además para empresas de menos de 25 trabajadores y bajo la condición de mantenimiento o creación de empleo.
Las reducciones fiscales estimulan el consumo, el ahorro, la inversión y las exportaciones, mejorando los niveles de producción y empleo, y conducen así a un ensanchamiento de bases imponibles, como ya se constató en nuestro país a raíz de las reformas fiscales de 1998 y 2002, acompasadas de un incremento en la recaudación tributaria del 40%.
En el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), núcleo del modelo económico de futuro a perseguir, no se han previsto medidas tributarias de estímulo. La deducción fiscal asociada a la I+D+i sigue restringida al 85% de su importe originario. Por otra parte, si en las actuales circunstancias la cuota tributaria fuera insuficiente para absorber toda la deducción, podría reconocerse un impuesto negativo o subvención inmediata por la parte no aplicada. Con todo ello se suplirían las menores dotaciones presupuestarias a la I+D+i -la inversión pública civil se reducirá en 2010 un 3,1% , perjudicadas además por la sustitución de subvenciones a fondo perdido por créditos reembolsables.
Más aún, el gobierno prioriza las subidas de impuestos frente a la potencial reducción del gasto público asociada, por ejemplo, a un gran acuerdo para reequilibrar las dotaciones presupuestarias de las diferentes Administraciones públicas, a partir de de una revisión en profundidad de sus competencias. Por otra parte, siguen sin acometerse reformas estructurales favorecedoras de la inversión y el empleo que pudieran aliviar el déficit en el futuro.
Por último, es importante señalar que las dificultades económicas pueden incentivar el fraude fiscal. Para ayudar a evitarlo es importante decidir el gasto público con criterios de eficacia, reducir impuestos —evidente incentivo al cumplimiento tributario—, y desarrollar políticas administrativas inteligentes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias y cotizaciones sociales que eviten el estrangulamiento financiero de empresas viables.
En definitiva, los presupuestos para 2010, tal y como están dibujados en el proyecto de ley, constituyen una oportunidad perdida para inyectar confianza al tejido empresarial y a los ciudadanos, y no ayudarán a despertar a nuestra economía de la anestesia en que está sumida.
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