Orden Ministerial para favorecer la identificación a distancia en la expedición de certificados cualificados


Como ya se ha comentado en otras ocasiones en este blog, la identificación a distancia prevista en el apartado d) del artículo 24.1 del Reglamento EIDAS es esencial para lograr la generalización de la posesión y uso de certificados electrónicos, y de manera singular en tiempos de limitaciones de movilidad o indisponibilidad de los servicios presenciales de la administracion, como ha sucedido durante las fases de confinamiento por la pandemia COVID-19 y podría volver a suceder.

Pese a que ya existen diversas normas técnicas y legales que puede utilizar un CAB (Conformity Assessment Body) para valorar si un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza emplea métodos de identificación que aportan una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física, el hecho de que existiera una norma específicamente diseñada para ello, constituiría una ayuda inestimable, especialmente en cuanto supone una presunción del cumplimiento de la equivalencia de métodos de identificación.

En las semanas pasadas se han ido produciendo diferentes desarrollos legales que animan a pensar que finalmente se publicará en España una norma para ello, posiblemente una Orden Ministerial.

El 28 de febrero de 2020 se inició en el Congreso el trámite parlamentario necesario para la publicación de la futura “Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza”. En el borrador de la norma remitido al Congreso, el artículo 7.2 indicaba:

Por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se determinarán las condiciones y requisitos técnicos aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física.

El texto que pasó al senado reflejaba una enmienda:

Reglamentariamente podrán determinarse otras condiciones y requisitos técnicos de verificación de la identidad a distancia y, si procede, otros atributos específicos de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física según su evaluación por un organismo de evaluación de la conformidad. La determinación de dichas condiciones y requisitos técnicos se realizará a partir de los estándares que, en su caso, hayan sido determinados a nivel comunitario.

Serán considerados métodos de identificación reconocidos a escala nacional, a los efectos de lo previsto en el presente apartado, aquellos que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física y cuya equivalencia en el nivel de seguridad sea certificada por un organismo de evaluación de la conformidad, así como aquellos que se habiliten o se hayan habilitado, por organismos competentes, en cualquier otro ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, a los efectos de llevar a cabo una identificación no presencial por medios electrónicos o telemáticos. En especial, serán válidos, a los efectos de la comprobación de la identidad de los solicitantes de un certificado cualificado, los procedimientos autorizados para la identificación no presencial mediante videoconferencia o mediante video-identificación en el ámbito de la Prevención de Blanqueo de Capitales, de acuerdo con sus últimas estipulaciones.

Aunque el término “Reglamentariamente” puede interpretarse en el sentido de “dictar cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo”, hay opiniones que inducen a pensar que pudiera ser necesario un Real Decreto para ello, de gestión más compleya y larga que una orden Ministerial.

Por ello, podría ser conveniente modificar el texto en el trámite en el Senado para sustituir “Reglamentariamente” por “Por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital” para volver al espíritu de la Orden Ministerial.

Anticipándose a la finalización del proceso del trámite parlamentario de la “Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza”, que todavía puede requerir algunos meses, se publicó una modificación de la Ley 59/2003 que permitiría la Orden Ministerial, en el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, con el siguiente tenor:

«6. Por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se determinarán las condiciones y requisitos técnicos aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física.»

Sin embargo, la Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales dejó sin efecto dicha modificación.

Más recientemente, con la publicación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia se ha incluido una nueva disposición que deja clara la determinación de publicar la Orden Ministerial

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, con el siguiente tenor:

«6. Por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se determinarán las condiciones y requisitos técnicos aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física.»

Registrar poderes para trámites frente a la AEAT por el apoderado


La Agencia Tributaria ha definido una nueva forma de apoderamiento electrónico, que no requiere personación del representado para su otorgamiento.

En el contexto actual de crisis sanitaria tiene mucho sentido promover cualquier medida que facilite la realización de trámites por vía electrónica.

Con este objetivo, se ha establecido un nuevo trámite para poder realizar otorgar la representación ante la AEAT sin necesidad de realizar desplazamientos a las oficinas.

Ya existen varias variantes de métodos de otorgamiento de representación ante la AEAT:

  • Por internet, mediante el uso de certificados electrónicos cualificados o con identificación mediante el sistema  Cl@ve (por el otorgante o poderdante).
  • Mediante comparecencia personal en las oficinas de la AEAT del representado o poderdante.
  • Mediante documento público o documento privado firmado por el representado con firma notarialmente legitimada y que se tiene que presentar ante la Agencia Tributaria.

El nuevo método parte de  digitalizar un documento notarial de otorgamiento de poderes.

Para facilitar la tramitación electrónica de este nuevo procedimiento, y especialmente para aquellos casos en los que el poderdante no disponga de identificación electrónica para apoderar según uno de los métodos ya existentes, se ha habilitado una nueva forma de dar de alta el poder de representación, a través de la Sede Electrónica de la AEAT, sin intervención del representado, ya que es el representante el que aporta el poder.

Para esos casos se ha previsto la posibilidad de presentación de la escritura de poder en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria para generar el apoderamiento, a través del trámite Solicitar alta de poder para trámites tributariosincluido en el procedimiento Apoderamiento para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet

En esta modalidad de solicitud de incorporación de poderes al Registro de apoderamientos no es necesario que participe el poderdante, pues ya en su momento otorgó el poder al apoderado ante el fedatario público correspondiente.

Así, estas escrituras de poder otorgadas para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria pueden ser presentadas por el propio apoderado con su certificado electrónico o Cl@ve.

Tras la presentación, se incorporaría el poder en el Registro de apoderamientos, previa revisión por la AEAT de la subsistencia del poder otorgado en la escritura notarial.

¿Cómo se presentan las escrituras de poder otorgadas?

El apoderado las presenta por Internet ante la Agencia Tributaria con su certificado electrónico o Cl@ve, tras lo cual se incorpora el poder en el Registro de apoderamientos, previa revisión por el funcionario habilitado para ello, y mediante dos formas:

  • Aportación en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria de escrituras electrónicas de apoderamiento o copias electrónicas de las mismas, reguladas en el art. 17 bis de la ley del Notariado y que cumplan los requisitos en él establecidos.
  • Aportación de las escrituras de apoderamiento en formato pdf presentadas a tal efecto en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria.

¿Qué sucede cuando un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza cesa su actividad?


En la actualidad ya existen varios tipos de servicios electrónicos de confianza, no solo la emisión de certificados, pero está claro que al menos uno de los problemas a gestionar cuando se deja de ofrecer un servicio de confianza es la revocación de certificados expedidos, y la disponibilidad de esta información para los afectados (titulares de los certificados y terceros que confían en ellos).

La Ley 59/2003de 19 de diciembre, de firma electrónica ,de próxima derogación establece en su artículo 21.3 que, en caso de cese de la actividad de un prestador de servicios de certificación, éste remitirá al Organismo Supervisor (a fecha de este artículo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) con carácter previo al cese definitivo de su actividad la información relativa a los certificados electrónicos cuya vigencia haya sido extinguida para que éste se haga cargo de su custodia a efectos de lo previsto en el artículo 20.1.f.

Dicho artículo 20.1.f establece que la información relativa a un certificado “reconocido” (que en la actualidad tras la publicación del Reglamento EIDAS (Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE) se denomina “cualificado“) será custodiada, al menos durante 15 años contados desde el momento de su expedición, de manera que se puedan verificar las firmas realizadas con dicho certificado (serían válidas las firmas codificadas antes de su revocación).

Asimismo, el artículo 21.3 establece que el Organismo Supervisor mantendrá accesible al público un servicio de consulta específico donde figure una indicación sobre los citados certificados durante un período que se considere suficiente en función de las consultas efectuadas al mismo.

Por otro lado y en relación con la prestación de servicios cualificados de confianza, el Reglamento EIDAS obliga a los prestadores cualificados de servicios de confianza a informar al Organismo Supervisor de su intención de cesar la prestación de sus servicios (art. 24.2.a), así como a contar con un plan de cese actualizado para garantizar la continuidad del servicio (art. 24.2.i).

Además, conforme a lo indicado (art. 17.4.i) en el citado Reglamento EIDAS este Organismo Supervisor verifica la existencia y la correcta aplicación de las disposiciones relativas a los planes de cese en caso de que los prestadores de servicios de confianza cesen sus actividades.

A lo largo del tiempo, en España han ido cesando sus actividades varios Prestadores de Servicios de Confianza, que lo han comunicado al Organismo Supervisor que ha publicado la información que se transcribe a continuación:

Safe Creative S.L.

  • Nombre o Razón Social: Safe Creative S.L.
  • Nombre Comercial: Safe Creative S.L.
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 26 de diciembre de 2019

Signen

  • Nombre o Razón Social: Signen Blockchain S.L.
  • Nombre Comercial: Signen
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 9 de diciembre de 2019

Netfocus

  • Nombre o Razón Social: Hewlett-Packard Española Sociedad Limitada
  • Nombre Comercial: NETFOCUS
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 03 de abril de 2009
  • El período de validez de todos los certificados electrónicos de Netfocus se encuentra expirado

Telefónica Empresas

  • Nombre o Razón Social: Telefónica Data España, S.A.U
  • Nombre Comercial: Telefónica Empresas
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 29 de junio de 2012
  • Gestión de los certificados transferida al Prestador de Servicios de Certificación: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A. Sociedad Unipersonal

CertiVer

  • Nombre o Razón Social: Certificate, Verification & Revocation S.L.
  • Nombre Comercial: CertiVer
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 07 de junio de 2012  

Banesto CA

  • Nombre o Razón Social: Banco Español de Crédito, S.A
  • Nombre Comercial: Banesto CA
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 05 de junio de 2013
  • El período de validez de todos los certificados electrónicos de Banesto CA se encuentra expirado

Telefónica GGCC (Grandes cuentas)

  • Nombre o Razón Social:   Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A. Sociedad Unipersonal
  • Nombre Comercial: Telefónica GGCC (Grandes cuentas)
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 18 de marzo de 2014

Lista de certificados revocados (CRL) Telefónica

IpsCA

  • Nombre o Razón Social: IPS Certification Authority S.L.
  • Nombre Comercial: IPSCA
  • Fecha de cese: 10 de octubre de 2014

Autoridad de Sellado de Tiempo iCertia

  • Nombre o Razón Social: Evintia, S.L.
  • Nombre comercial: Autoridad de Sellado de Tiempo iCertia
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 28 de marzo de 2015 

CICCP

  • Nombre o Razón Social: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
  • Nombre Comercial: CICCP
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 03 de junio de 2015
  • El período de validez de todos los certificados electrónicos de CICCP se encuentra expirado

Healthsign, S.L.

  • Nombre o Razón Social: HEALTHSIGN, S.L.
  • Nombre Comercial: HEALTHSIGN, S.L.
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 1 de diciembre de 2015

Lista de certificados revocados (CRL) CODIGI CA

Lista de certificados revocados (CRL) CODILL CA

Lista de certificados revocados (CRL) CODITA CA

Lista de certificados revocados (CRL) COMG CA

Lista de certificados revocados (CRL) COMLL CA

Lista de certificados revocados (CRL) COMT CA

STARTCOM

  • Nombre o Razón Social: STARTCOM CA SPAIN S.L.U.
  • Nombre Comercial: STARTCOM
  • Fecha de recepción del escrito de comunicación de cese: 18 de enero de 2018

Lista de certificados revocados STARTCOM CLIENT CERTIFICATES 1

Lista de certificados revocados STARTCOM CLIENT CERTIFICATES 2

Lista de certificados revocados STARTCOM CLIENT CERTIFICATES 3

Lista de certificados revocados OV

Lista de certificados revocados IV

Lista de certificados revocados EV

Lista de certificados revocados DV

Tractis

  • Nombre o Razón Social: Negonation Platform, S.L.
  • Nombre Comercial: Tractis
  • Fecha de recepción del escrito de comunicación de cese: 21 de marzo de 2018

Banco Santander

  • Nombre o Razón Social: Banco Santander, S.A.
  • Nombre Comercial: Santander
  • Fecha de resolución por la que se acepta la comunicación de cese: 17 de octubre de 2018

Lista de certificados revocados (CRL)

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

  • Nombre o Razón Social: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
  • Nombre Comercial: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
  • Fecha de cese: 10 de diciembre de 2018

El Ministerio ha publicado información sobre el Procedimiento administrativo para notificar el cese de un prestador.

Habilitación para identificación remota en servicios de confianza


El Boletín Oficial del Estado del viernes 11 de septiembre de 2020 ha publicado la Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

Al derogarlo, deja sin efecto:

  • la modificación de los arts. 44.1, 46.4, 47.d) y la disposición adicional 1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2020-7311).
  • la prórroga, en la forma indicada, de la aplicación del art. 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2020-5315).
  • la prórroga, de lo indicado del art. 8 hasta el 31 de octubre de 2020, y la actualización del anexo del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril (Ref. BOE-A-2020-4554).
  • la modificación del art. 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (Ref. 2020/4208) (Ref. BOE-A-2020-4208).
  • la modificación del art. 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo (Ref. BOE-A-2020-3434).
  • la transposición parcial de la Directiva (UE) 2019/692, de 17 de abril (Ref. DOUE-L-2019-80763).
  • la modificación de la disposición final 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (Ref. 2015/10565) (Ref. BOE-A-2015-10565).
  • la ampliación de lo indicado del art. 10 para el año 2020, del Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13672).
  • la modificación de las disposiciones adicionales 2.3 y 10 de la Ley 3/2013, de 4 de junio (Ref. 2013/5940) (Ref. BOE-A-2013-5940).
  • la prórroga de la disposición adicional 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (Ref. 2012/5730) (Ref. BOE-A-2012-5730).
  • la modificación de la disposición transitoria 1 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo (Ref. 2011/9280) (Ref. BOE-A-2011-9280).
  • la suspensión, en la forma indicada para 2020, la aplicación del art. 49.4 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2004-4214).
  • la modificación del art. 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (Ref. (Ref. BOE-A-2003-23399).
  • la modificación del art. 54.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21614).
  • la modificación de los arts. 58, 63 quater, 71 y la adición del art. 71 bis y la disposición adicional 37 a la Ley 34/1998, de 7 de octubre (Ref. BOE-A-1998-23284).
  • la modificación del art. 45.I.B) de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-1993-25359).

De los aspectos que se tratan preferentemente en este blog cabe indicar que se han cancelado los siguientes cambios:

(…)

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, con el siguiente tenor:

«6. Por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se determinarán las condiciones y requisitos técnicos aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física.»

(…)

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda redactada como sigue:

«Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021.»

Videoconferencia en gestiones tributarias


La Disposición final primera del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19, introduce modificaciones en los artículos 99 y 151 de la Ley General Tributaria, para permitir el uso de sistemas digitales que establezcan una comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido y una interacción visual, auditiva y verbal entre Administración y obligados tributarios.

La Agencia Tributaria ha adoptado estos sistemas, de los que hará uso previa conformidad del obligado tributario en relación con su uso, fecha y hora.

  • Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio,por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. Disposición final primera. (BOE, 17-junio-2020)

Actividades de estandarización de los servicios de confianza en ETSI en 2019


El Instituto Europeo de Normas de Telecomunciaciones (ETSI) es un organismo sin ánimo de lucro creado para elaborar normas técnicas de telecomunicación y de otros ámbitos que faciliten la interoperabilidad. En su seno se han desarrollado las normas relativas a los servicios de confianza y, en particular, los que facilitan la puesta en marcha de los servicios contemplados en el Reglamento UE 910/2014 (EIDAS).

Riccardo Genghini, representante de la entidad Studio Notarile Genghini, eWitness SA dirige el Comité Técnico de Firmas Electrónicas e Infraestructuras (TC ESI, Electronic Signatures and Infrastructures committee), con la misión  de elaborar normas, guías e informes genéricos relativos a las firmas electrónicas y a las infraestructuras de servicios de confianza conexos para proteger las transacciones electrónicas y garantizar la confianza entre sus intervinientes. Ha elaborado un resumen de actividades del TC ESI en 2019 que se ha publicado en la página web de ETSI.

Entre las actvidades, destaca la publicación de diversos documentos normativos y especificaciones técnicas.

El Comité ha actualizado la Especificación Técnica [TS 119 495] que define los Perfiles de Certificados Cualificados (Qualified Certificate Profiles ) y los Requisitos de Política de TSP para Servicios de Pago (TSP Policy Requirements for Payment Services ) bajo la Directiva de servicios de pago 2015/2366/EU (denominada PSD2).

Se han realizado revisiones a la Especificación Técnica [TS 119 102-2] sobre Procedimientos de Creación y Validación de Firmas Digitales AdES (Parte 2: Informe de Validación de Firmas), en inglés “Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures (Part 2: Signature Validation Report”.

El Comité ha publicado protocolos para la creación y validación de firmas digitales remotas en los documentos TS 119 432TS 119 442 respectivamente.

Se publicó otra especificación técnica [TS 119 511],en la que se definen los requisitos de política y seguridad para los proveedores de servicios de confianza que proporcionan servicios de preservación a largo plazo de firmas digitales o de preservación de datos generales mediante técnicas de firma digital.

Se publicaron los documentos  TS 119 403-2TS 119 403-3, en los que se definen los requisitos adicionales que deben cumplir los organismos de evaluación de la conformidad que evaluan a los prestadores de servicios de confianza cualificados de la UE y auditan a los prestadores de servicios de confianza que emiten certificados aceptables por los navegadores (con denominación acuñada “Publicly-Trusted Certificates”, certificados confiables públicamente ).

Los restantes entregables bajo el alcance del grupo de trabajo STF 523 se publicaron en febrero. Entre ellos figuraban dos documentos normativos para los prestadores de servicios de entrega electrónica registrada y los de correo electrónico registrado (Electronic Registered Delivery Providers and Registered Electronic Mail Providers – REM), especificaciones de prueba y un estudio de viabilidad sobre un perfil de interoperabilidad entre los sistemas REM definidos en ETSI y los sistemas basados en PReM (Postal Registered Electronic Mail) de la UPU (Unión Postal Universal) [EN 319 521EN 319 531TS 119 524 Part 2TS 119 534 Part 2TR 119 530]. Anteriormente este tipo de interoperabilidad se trató en la publicación TS 102 640-6-1 de 2011.

El grupo de trabajo STF 560 financiado por la CE/AELC  (EC/EFTA) trabajó en dos temas. Uno considera dos formatos procesables por máquina para las políticas de firma [TS 119 172 Part 2TS 119 172 Part 3] que se publicaron en diciembre de 2019. En el segundo, el STF hizo un estudio sobre la aceptación global de los Servicios de Confianza de la UE. Para dar cobertura a este estudio, el TC ESI organizó cuatro sesiones conjuntas (workshops , talleres) en Dubai (mayo), Tokio (mayo), México D.F. (junio) y Nueva York (septiembre). Los trabajos pretendían estudiar  los esquemas de Servicios de Confianza basados en Infraestructuras de Clave Pública (ICP, PKI)  que operan en diferentes regiones del mundo, y su posible reconocimiento mutuo e, incluso, un modelo de aceptación mundial. El estudio tiene por objeto determinar otras medidas que podrían adoptarse para facilitar el reconocimiento mutuo entre los servicios de confianza de la Unión Europea, sobre la base de las normas de la ETSI que respaldan la reglamentación del eIDAS y los servicios de confianza de otros esquemas o modelos de confianza.

En 2019 se mantuvo la interacción con varios órganos externos. En lo que respecta a los resultados de la entrega electrónica (e-delivery), el Comité trabajó con la Comisión Europea / CEF (Connecting Europe Facility), CEN TC 331 WG2 (que trabaja en los servicios postales) y la UPU (Unión Postal Universal).

El Comité TC ESI se coordinó con el Comité TC DSS-X de OASIS para garantizar la alineación y la complementariedad de las especificaciones para la creación y validación de firmas remotas, a partir de la nueva especificación OASIS DSS-X V2 que se publicó en julio de 2019.

Se realizaron progresos  en los protocolos para la creación de firmas remotas, en consonancia con los trabajos del Consorcio de Firma en Nube (Cloud Signature Consortium – CSC) para dar cobertura a las firmas electrónicas basadas en modelos de consulta/respuesta en servidores según la especificación  JSON.

En cooperación con la Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority) y Open Banking Europe, se ha ajustado la Especificación Técnica [TS 119 495] para que la infraestructura de confianza pueda satisfacer mejor las necesidades de los nuevos servicios de pago.

El Comité TC ESI  ha compartido información relevante para los proveedores de servicios de confianza con el Foro de Autoridades Europeas de Supervisión (Forum of European Supervisory Authorities).

El Comité TC ESI  ha Interactuado con el Comité TC 154 WG6 de ISO, que está definiendo perfiles de formatos de firmas a partir de los formatos ESI.

El Comité TC ESI mantiene activa la relación con la Cooperación Europea para la Acreditación (European cooperation for Accreditation), en particular para el mantenimiento de la norma de conformidad para la certificación de evaluadores EN 319 403.

Se suscribió un acuerdo de colaboración (MoU Memorandum of Understanding,  memorando de entendimiento) con la asociación ACAB’c, Accredited Conformity Assessment Bodies’ Council, es decir,  el Consejo de Organismos de Evaluación de la Conformidad Acreditados.

Se estableció un nuevo acuerdo de cooperación con el Cloud Signature Consortium.

En enero de 2019 el Vicepresidente del TC ESI habló – junto con el Presidente y el Vicepresidente del TC CYBER – en un segundo taller en Bruselas sobre la Ley de Ciberseguridad y su vínculo con la normalización, organizado conjuntamente por ENISA, CEN, CENELEC y ETSI.

Durante octubre y noviembre, el TC ESI llevó a cabo un evento remoto de PlugtestsTM  de validación de firmas digitales (Digital Signature Validation PlugtestsTM ).

 

 

 

Código Seguro de Verificación (CSV) enrutable


El Código Seguro de Verificación de un documento es un valor alfanumérico que lo identifica y que permite su cotejo en una sede electrónica.

En el ámbito de la Administración de Justicia se ha definido una regla de codificación de este tipo de códigos que podría permitir su cotejo en cualquier sede electrónica independientemente del órgano que haya generado el código y lo haya asignado a un documento.

En efecto, el CTEAJE  (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica) ha publicado una PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DEL INTERFAZ DE ACCESO AL SERVICIO DE CSV DE LAS SEDES, destinada principalmente a permitir el cotejo de cualquier  documento de índole judicial desde el Punto de Acceso General de la Administración de Justicia (PAGAJ).

Como resultado tenemos una propuesta de Código Seguro de Verificación (CSV) enrutable que podría ser adoptado también por otras administraciones públicas y contempla que pueda utilizarse en contextos internacionales. La posibilidad de hacer uso de este tipo de códigos podría hacer innecesaria la Apostilla de la Haya en algunos supuestos, ya que la fuente del documento electrónico autentico es un organismo oficial que emplea un sistema de intercambio compatible, aunque el punto de cotejo sea otro organismo, incluso de otro país.

A continuación se describe el formato, tal como se recoge en el documeto indicado:

CSV-enrutable

ES XX Y – RESTO CÓDIGO (No hay espacios, la representación los incluye por claridad).

  • ES: Código ISO de país según la norma ISO 3166 (permite enrutar códigos a otros países, o recibir consultas de otros países).
  • XX: Dígitos de control. Se calculan en base al resto del código y aplicando el modelo 97-10 (regla de cálculo definida en la norma ISO 7604). Permite controlar que no se producen errores cuando se teclean por una persona. Esta regla es similar a la que se utiliza en banca para el cálculo de IBAN.
  • Y: Tipo de código (permite tener varias reglas de construcción, y prever que la codificación pueda cambiar en el futuro, en cuyo caso equivale a número de versión).

Se adoptará esta primera versión del código con Y=1 la siguiente regla de construcción para “RESTO DE CÓDIGO”:

CSSV-entrutable-Y-1-ruta-DIR3

  • El código DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas), es una codificación actualmente en uso por las Administraciones Públicas españolas (central, autonómica y local).

El Directorio Común proporciona un Inventario unificado y común a toda la Administración de las unidades orgánicas/organismos públicos, sus oficinas asociadas y unidades de gestión económica – presupuestaria, facilitando el mantenimiento distribuido y corresponsable de la información. Incluye ya los órganos de la Administración de Justicia.

Esta codificación está amparada por el artículo 9 del ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad), aprobado por el Real Decreto 4/2010, donde se estipula que las Administraciones públicas (…) “mantendrán una relación actualizada de sus órganos administrativos y oficinas de registro y atención al ciudadano, y sus relaciones entre ellos. Dichos órganos y oficinas se codificarán de forma unívoca y esta codificación se difundirá entre las Administraciones públicas.”

  • [CADENA ALFANUMÉRICA] Se establece el uso de 40 caracteres alfanuméricos.

Para mejorar la usabilidad del servicio de validación de códigos, se evitará el uso de caracteres que pueden llevar a confusión a los usuarios cuando los teclean manualmente, para ello la propia regla de codificación obviará el uso de los siguiente caracteres

    • ‘i’ mayúscula (I), ‘ele’ minúscula (l) se puede confundir con el ‘número uno’ (1).
    • o’ mayúscula (O) se puede confundir con el ‘número cero’ (0).
    • ‘símbolo dólar ($)‘ se puede confundir con la letra S.

Es decir, no se pueden incluir en el CSV los caracteres prohibidos indicados y si un usuario los teclea por error, se interpretarán en el sentido de los caracteres atorizados correpondientes: ‘número uno’ (1), ‘número cero’ (0) y letra S).

Dado que esta regla de codificación se aplica cuando el valor Y=1, el propio servicio de cotejo tendrá la posibilidad de establecer reglas de validación complementarias al cálculo de los dígitos de control, como podría ser la aplicación en backend de las siguientes reglas de sustitución del código introducido por el usuario en caso de detectar alguno de los caracteres anteriormente excluidos:

    • ‘i’ mayúscula (I), ‘ele’ minúscula (l) se interpretarán como ‘número uno’ (1).
    • ‘o’ mayúscula (O), se interpretará como ‘numero cero’ (0).
    • ‘símbolo dólar ($)’ se interpretará como letra S.

Posteriormente a la sustitución se verificaría si los dígitos de control son correctos, para en su caso, mostrar un mensaje de error al usuario o admitir el código para su remisión al órgano resolutor.

Esta codificación permite que cuando se coteja un documento en un órgano, como por ejemplo el Punto de Acceso General, se sepa a qué plataforma concreta debe dirigir la petición cuando se realice un Cotejo de documentos.

El documeto del CTEAJE contempla la posibilidad de adoptar una codificación transitoria que no requiere validar los dígitos de control y que permite a las entidades seguir utilizando su codificación actual, anteponiendo un prefijo propio:

  • ES000DIR3-Código

 

 

 

Scanning of inbound paper invoices in Europe


The rules on invoices digitization from paper support to electronic support are not harmonized across the European Union (EU) and European Economic Area (EEA) countries.

After Directive 2010/45/EU and Explanatory notes on VAT invoicing rules, most if not all of the European countries allow for an invoice to be converted from paper to electronic form upon receipt, and to discard the paper version,  subject to certain conditions.

The general rule is to preserve authenticity, integrity and legibility as this preservation rule and these three requirements are the basis of equal treatment of paper invoices and electronic invoices.

Integrity and authenticity can be achieved through business controls  or electronic signatures, when applied to electronic invoices. So, current country by country requirements for invoice scanning varies from “no special requirements” to “electronic signature and something more”.

Some countries have developed a complete set of requirements for invoice scanning, being probably Spain the country in which those requirements are more detailed.

In other countries there are some paper documents scanning framework regulation which applies to any paper document and among them, paper invoices. In those countries it is interesting to know that both approaches can be applied for electronic paper invoices: the national VAT regulation after transposition of  Directive 2010/45/EU and the general regulation for paper documents scanning.

Countries that have published paper document scanning regulations are France, Germany, Italy or Luxembourg, among others.

One of the aspects which differs more is the time in which the invoices have to be kept, to be available in case of an audit or a tax inspection, ranging from 4 to 10 years, and more time in case of special assets.

If some scanning software solution could be used in as many countries as possible, this could be the preferred solution.

Such a invoice digitization software should include a combination of requirements that could be summarized as follows:
paper-invoice-scanning

  • Image quality requirements: resolution, contrast, perspective correction, focus, sharpness, illumination, clarity, faithfulness, completeness.
  • Continuous, uninterrupted  process from image capture to PDF generation including an electronic signature or electronic seal (other file formats are also possible).
  • Capture of relevant data from the invoice or receipt: name of the seller, VAT number, postal address, full amount, tax amount, to be preserved as proof of digitization.
  • Preservation of evidences of digitization process (guaranteeing that wrong captures can be hidden in the system but not deleted).
  • Inclusion of a search engine to facilitate the possibility to find any invoice complying with specific search criteria in case of tax audit or inspection.
  • Integration with company CRM

Some countries, such as Spain requires that those requirements are verified by an auditor, and then submitted to the tax agency which in turn can grant a certification code.

In other countries there are not specific requirements but companies can have peace of mind if they can count on a report stating that the software they are using complies with the national VAT regulation in what could be applied to invoices and receipts scanning.

These could be good reasons to contact EADTrust, which can inform comprehensively about invoice scanning requirements in any European country and certify that some specific software platform complies with the invoice scanning requirements of Country A or Country B.

El Gobierno de España ha constituido un Consejo Asesor de Asuntos Económicos


El pasado 22 de julio de 2020 , el Gobierno ha constituido el Consejo Asesor de Asuntos Económicos, un órgano consultivo que proporcionará asesoramiento en materia de política económica para la mejora de la productividad y el apoyo a la empresa.

Se espera que sus miembros aporten su conocimiento sobre la aplicación y efectividad de las mejores prácticas internacionales y ofrecerán una visión del análisis académico de cada materia.

La primera reunión del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial tuvo lugar combinando la participación presencial y la telemática en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, preside el Consejo Asesor, y la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ocupa la Vicepresidencia.

Composición del Consejo Asesor de Asuntos Económicos

Integran el órgano consultivo:

  1. Isabel Álvarez, Profesora titular Universidad Complutense y Directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales
  2. Belén Barreiro, CEO de 40dB
  3. Samuel Bentolila, Investigador en CEMFI
  4. Jose Ignacio Conde Ruiz, Subdirector de FEDEA y Profesor titular de la Universidad Complutense
  5. Natalia Fabra, Catedrática Universidad Carlos III
  6. Alicia García Herrero , Economista jefe de Asia-Pacífico en Naxitis, Profesora en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong e Investigadora senior en Bruegel
  7. María Teresa García Mila, Catedrática Universidad Pompeu Fabra y Directora de Barcelona Graduate School of Economics
  8. José Moisés Martín, Director General en Red2Red Consultores y Profesor en la Universidad Camilo José Cela
  9. Matilde Mas, Catedrática en la Universidad de Valencia y Directora de Proyectos Internacionales en el IVIE
  10. Emilio Ontiveros Baeza, Presidente AFI y Catedrático Emérito de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid
  11. Diego Puga, Catedrático en CEMFI
  12. Rafael Repullo, Catedrático y Director de CEMFI
  13. Sara de la Rica, Directora Fundación ISEAK
  14. Jose Juan Ruiz, Analista económico y Técnico Comercial y Economista del Estado
  15. Federico Steinberg, Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Investigador Principal del Real Instituto Elcano y Asesor especial del Alto Representante para la política exterior de la Unión Europea
  16. Raymond Torres, Director de coyuntura y análisis internacional en FUNCAS
  17. Angel Ubide, Director de análisis económico y Renta fija global en Citadel LLC

El Gobierno de España ha constituido un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial


El pasado 20 de julio de 2020 , el Gobierno ha constituido el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, un órgano consultivo que proporcionará asesoramiento y realizará recomendaciones independientes sobre las medidas a adoptar para favorecer un uso seguro y ético de la Inteligencia Artificial (IA).

La primera reunión del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial tuvo lugar combinando la participación presencial y la telemática en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Consejo está presidido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ocupa la vicepresidencia

El Consejo Asesor de Inteligencia Artificial está compuesto por representantes de diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la IA, del ámbito científico, educativo y económico. Contribuirán a la finalización e implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Los miembros del órgano consultivo analizarán las implicaciones que estas tecnologías disruptivas supondrán en diversos ámbitos, tales como el tejido empresarial, la administración, el futuro del trabajo, la protección de los derechos fundamentales, la gestión del dato, la lucha contra la discriminación por sesgos de experiencia o la eliminación de brechas sociales.

Miembros del Consejo Asesor de IA

Integran el órgano consultivo:

  1. Amparo Alonso, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Coruña;
  2. Juan Luis Arsuaga, doctor en Ciencias Biológicas, catedrático de Paleontología y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos;
  3. Ricardo Baeza-Yates, catedrático de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y fundador del Grupo de Ciencias de la Web y Computación Social de la Universidad Pompeu Fabra;
  4. Manuel Cebrián, que lidera el grupo de investigación de Movilización Digital del Instituto Max Planck;
  5. Asunción Gómez, doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrectora de Investigación, Innovación y directora del Máster Universitario y del Doctorado en IA;
  6. Emilia Gómez, investigadora del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y científica principal en el proyecto sobre Comportamiento Humano e Inteligencia Artificial en la Transformación Digital;
  7. Francisco Herrera, director del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e IA;
  8. Lorena Jaume Palasí, directora ejecutiva de AlgorithmWatch;
  9. José Ignacio Latorre, catedrático de Física teórica de la Universidad de Barcelona y director del Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual;
  10. Pilar Manchón, doctora en Lingüística Computacional por la Universidad de Sevilla;
  11. Inmaculada Martínez, involucrada en los sectores de innovación y digitalización desde hace más de dos décadas;
  12. Alexandre Pérez Casares, presidente y cofundador de The Altius Society;
  13. Joaquín Quiñonero, doctor por la Universidad Técnica de Dinamarca, investigación aplicada en visión por computador, reconocimiento de voz, comprensión del lenguaje, personalización y recomendaciones;
  14. Luz Rello, investigadora del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra;
  15. Pablo Rodríguez, investigador en desarrollos tecnológicos a largo plazo sobre tecnologías disruptivas;
  16. Antonio Torralba, profesor de Ingeniería Eléctrica y de Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y jefe de la Facultad de Inteligencia Artificial y Toma de Decisiones;
  17. Carmen Torras, profesora de investigación en el Instituto de Robótica perteneciente al CSIC; y
  18. Rafael Yuste, neurobiólogo impulsor del proyecto BRAIN de Investigación del Cerebro a través del Avance de Neurotecnologías Innovadoras.