La revista “Escritura Pública” cumple 20 años


La revista Escritura PÚBLICA que edita el Consejo General del Notariado y dirige Ana Togores ha cumplido en enero de 2021 nada menos que 20 años. Dos décadas en las que no ha faltado ni una sola vez a su cita con sus lectores, repartidos por toda España, al igual que los notarios y sus notarías. Yo soy uno de esos lectores y tengo el privilegio de recibirla puntualmente.

Escritura PÚBLICA ha tratado de ser punto de encuentro entre el Notariado y la Sociedad. En sus páginas se han analizado muchos de los acontecimientos sociales, económicos, políticos y jurídicos vividos estos años, siempre desde el rigor y la seriedad. Por la revista han pasado los representantes de las principales instituciones del país y de Europa, que han dejado en ella interesantes reflexiones y sabios consejos.

En 2018 el esfuerzo de todo el equipo se vio recompensado con el Premio a la Mejor Publicación Profesional de la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas y en 2020 se ha producido un hito relevante en el proceso de digitalización ya que se ha creado su versión online www.escriturapublica.es para llegar a más lectores y tener presencia en más canales.

En el número de enero y febrero de 2021 se incluye un cuadernillo para celebrar el vigésimo aniversario.

Mis felicitaciones al Consejo General del Notariado y al equipo:

COMITÉ EDITORIAL

Francisco Cantos Viñals, Raimundo Fortuñy Marqués, Pedro Galindo Gil, José Luis Lledó González, Isabel Louro García, Álvaro Lucini Mateo, Pedro Martínez Pertusa, Leopoldo Martínez de Salinas, José Ángel Martínez Sanchiz, Ubaldo Nieto Carol, Juan Pérez Hereza, Jorge Prades López, César Sanz Pérez y Ana Togores Guisasola.

DIRECTORA
Ana Togores Guisasola

RESPONSABLE DE REDACCIÓN Y EDICIÓN
José Martínez Carrascosa

CORRECTORA Y RESPONSABLE ONLINE
Marta Arroyal García de Ceca

COLABORADORES
Elvira Arroyo, Juan Arza, Carlos Capa, Gabriel Cruz, Melchor del Valle, Julián Díez, Alfredo García Reyes, Fernando Geijo, Amador Gómez, Marian Lezaún, Juan Antonio Llorente, Jesús Ortiz, Diego Pérez, Marta Ruiz-Castillo, Jorge Valero.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Zona Impresa, S.L.

ILUSTRACIONES
José Manuel Esteban

IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Editorial MIC

PUBLICIDAD
Editorial MIC – mic@editorialmic.com

FOTOGRAFÍA
Manuel Charlón e Ilustration Stock

ARCE, Archivo de Constancias Electrónicas, un buen ejemplo


Desde hace casi 20 años estoy pendiente del concepto “ARCE, Archivo de Constancias Electrónicas“, acuñado probablemente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la época de Anna Maria Birulés i Bertran, Josep Piqué Camps o Juan Costa Climent.

La primera mención al “ARCE” en el BOE es de la época en que la denominación del Ministerio era “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”. Se trata de la Orden ITC/1475/2006, de 11 de mayo, sobre utilización del procedimiento electrónico para la compulsa de documentos en el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Para mi es una de las normas seminales que inauguran de verdad la digitalización de la administración, ya que trata con detalle de la digitalización de los documentos en papel con carácter de auténtico a partir del concepto de “compulsa” por funcionario público. Y el manejo en papel de los documentos de procedencia digital.

El precedente directo era el Artículo 8 (Almacenamiento de documentos) del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.

En mis cursos y seminarios, especialmente cuando trato de los conceptos de Diplomática Digital, el ARCE lo menciono siempre.

Sin embargo, uno de los retos que encaran las administraciones públicas, especialmente significativo en el caso de la digitalización, es el de construir de cara a los ciudadanos experiencias de usuario consistentes. Y no me quiero quedar con una frase generalista. Me refiero a que cada vez que cambian los nombres de los ministerios con cada gobiero, o se reorganizan las secretarías de estado que pasan de unos ministerios a otros, cambian los dominios internet que hacen referencia a los ministerios con nuevas siglas.

Y un aspecto esencial de la administración como la posibilidad de cotejar un CSV (Código Seguro de Verificación) de un documento electrónico se distorsiona porque el punto de cotejo (la página a la que se accede para comprobar la autenticidad de un documento) puede haber cambiado de nombre y de URL en alguna de las reorganizaciones del gobierno, especialmente tras unas elecciones.

Por eso, desde hace varios años sugiero (lo señalo en mis cursos) que se definan URLs genéricas para el servicio de cotejo, que hagan uso de denominaciones genéricas no vinculadas al nombre del Ministerio ni de la Secretaría de Estado.

Por eso ahora quiero referirme a la URL https://serviciosmin.gob.es/arce/ que en cierto modo implementa esta idea. En el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (vigente desde el 4 de noviembre de 2016 hasta el 7 de junio de 2018) se incluían estas Secretarías de Estado:

  • Secretaría de Estado de Energía.
  • Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
  • Secretaría de Estado de Turismo

Que quedaron repartidas en varios Ministerios en el gobierno vigente en la actualidad:

  • La Secretaría de Estado de Energía pasó al “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”
  • La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, pasó a dividirse en 2, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, formando ambas parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
  • La Secretaría de Estado de Turismo se quedó en el “mismo” ministerio, que pasó a llamarse “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”, y que acogió otras secretarías de estado procedentes de otros ministerios.

Por tanto, los servicios informáticos que estaban en un mismo ministerio atendendiendo a varias secretarías de estado, tuvieron que hacer encaje de bolillos para no interrumpir el servicio que ya correspondía a varios ministerios.

Además otros movimientos de secretarías de estado han generado retos similares.

Así que la denominación https://serviciosmin.gob.es/arce/ ya no hace referencia a un Ministerio en particular.

Mi sugerencia es que https://arce.gob.es bien podría ser el punto de cotejo de CSVs de todos los Ministerios, sea cual sea su denominación. Seguro que la adaptación informática no es muy compleja, especialmente si se empiezan a adoptar los Códigos de Verificación Enrutables.

Los organismos públicos españoles no gestionan correctamente los certificados cualificados


No estoy seguro de que la afirmación se pueda generalizar a “TODOS” los organismos públicos, pero sí a la inmensa mayoría.

Desde hace unos cuantos años, muchos organismos públicos publican una lista de los Prestadores de Servicios de Certificación cuyos certificados admiten para realizar gestiones en su sede electrónica.

La mera existencia de una lista ya es sospechosa, porque es muy difícil mantenerla actualizada, salvo que se haga referencia a la herramienta publicada por la Comisión Europea que permite visualizar los Prestadores de Servicios de Certificación Cualificados de todos los estados miembros: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

La existencia de la lista da a entender que solo se admiten algunos prestadores españoles, pero si fuera así, sería ilegal.

Algunos organismos hacen referencia a que admiten los certificados que gestiona la plataforma @firma, pero esta plataforma tampoco está siendo diligente en la gestión de certificados. Y aunque con cierta frecuencia publica nuevas versiones de un documento que incluye los prestadores cuyos certificados han comprobado ( Anexo – PSC ) la cadencia de publicación lleva varios meses de retraso respecto a la publicación por la SEDIA de la lista de confianza TSL española en PDF y XML (y la lista anexa de resumen de cambios Cambios TSL).

Y el mecanismo adoptado para la comprobación de certificados por @firma debería estar más automatizado, en especial para acoger los certificados cuyos perfiles siguen las pautas definidas en los estándares de ETSI (aplicables a personas y entidades de cualquier país), aunque caber entender que los certificados “especiales” de empleado público, de sello electrónico para las administraciones, y de sede electrónica puedan contener información adicional, ya que se han definido perfiles de certificados especiales para ello en el documento “Perfiles de Certificados 2.0“. No se entiende este retraso, especialmente si se tiene en cuenta que la SGAD (de la que depende @firma ) está en el mismo Ministerio que la SEDIA ( Organismo al que los Prestadores solicitan la cualificación y su inclusión en la TSL).

Voy a indicar a continuación referencias a varias leyes (y un reglamento europeo) para que se entienda que todos los organismo públicos deben admitir los certificados de todos los prestadores cualificados europeos indpendientemente del pais que los haya incluido en su lista TSL.

La reciente Ley 6/2020 indica:

Artículo 16. Mantenimiento de la lista de confianza.

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá, mantendrá y publicará la lista de confianza con información relativa a los prestadores cualificados de servicios de confianza sujetos a esta Ley, junto con la información relacionada con los servicios de confianza cualificados prestados por ellos, según lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 910/2014.

2. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento de verificación previa de cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Reglamento será de 6 meses, transcurridos los cuales se podrá entender desestimada la solicitud.

3. La revocación de la cualificación a un prestador o a un servicio mediante su retirada de la lista de confianza es independiente de la aplicación del régimen sancionador.

Por otro lado, la Ley 39/2015 indica:

Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

(…)

Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.

1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

Por otro lado, el Reglamento Europeo UE 910 2014 indica en su artículo 25:

(…)

3.   Una firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocida como una firma electrónica cualificada en todos los demás Estados miembros.

De forma semejente, en su artículo 27  Firmas electrónicas en servicios públicos


1.   Si un Estado miembro requiere una firma electrónica avanzada con el fin de utilizar un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público, o en nombre del mismo, dicho Estado miembro reconocerá las firmas electrónicas avanzadas, las firmas electrónicas avanzadas basadas en un certificado cualificado de firma electrónica y las firmas electrónicas cualificadas por lo menos en los formatos o con los métodos definidos en los actos de ejecución contemplados en el apartado 5.

2.   Si un Estado miembro requiere una firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado con el fin de utilizar un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público, o en nombre del mismo, dicho Estado miembro reconocerá las firmas electrónicas avanzadas basadas en un certificado cualificado y las firmas electrónicas cualificadas por lo menos en los formatos o con los métodos definidos en los actos de ejecución contemplados en el apartado 5.

3.   Los Estados miembros no exigirán para la utilización transfronteriza de un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público una firma electrónica cuyo nivel de garantía de la seguridad sea superior al de una firma electrónica cualificada.

4.   La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a firmas electrónicas avanzadas. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos de las firmas electrónicas avanzadas mencionadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo y en el artículo 26 cuando una firma electrónica avanzada se ajuste a dichas normas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

5.   A más tardar el 18 de septiembre de 2015, y teniendo en cuenta las prácticas, normas y actos jurídicos de la Unión existentes, la Comisión, mediante actos de ejecución, definirá los formatos de referencia de las firmas electrónicas avanzadas o métodos de referencia cuando se utilicen formatos alternativos. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

Existen artículos semejantes para los sellos electrónico. Por ejemplo el artículo 35 indica:


(…)3.   Un sello electrónico cualificado basado en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocido como un sello electrónico cualificado en todos los demás Estados miembros.

Y el artículo Artículo 37 Sellos electrónicos en servicios públicos

1.   Si un Estado miembro requiere un sello electrónico avanzado con el fin de utilizar un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público, o en nombre del mismo, dicho Estado miembro reconocerá los sellos electrónicos avanzados, los sellos electrónicos avanzados basados en un certificado reconocido de sellos electrónicos y los sellos electrónicos cualificados por lo menos en los formatos o con los métodos definidos en los actos de ejecución contemplados en el apartado 5.

2.   Si un Estado miembro requiere un sello electrónico avanzado basado en un certificado cualificado con el fin de utilizar un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público, o en nombre del mismo, dicho Estado miembro reconocerá los sellos electrónicos avanzados basados en un certificado cualificado y los sellos electrónicos cualificados por lo menos en los formatos o con los métodos definidos en los actos de ejecución contemplados en el apartado 5.

3.   Los Estados miembros no exigirán, para el uso transfronterizo en un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público, un sello electrónico cuyo nivel de seguridad sea superior al de un sello electrónico cualificado.

4.   La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a los sellos electrónicos avanzados. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos de los sellos electrónicos avanzados mencionados en los apartados 1 y 2 del presente artículo y en el artículo 36 cuando un sello electrónico avanzado se ajuste a dichas normas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

5.   A más tardar el 18 de septiembre de 2015, y teniendo en cuenta las prácticas existentes, las normas y actos jurídicos de la Unión, la Comisión adoptará actos de ejecución que definan los formatos de referencia de los sellos electrónicos avanzados o métodos de referencia cuando se utilicen formatos alternativos. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 48, apartado 2.

En resumidas cuentas, los organismos públicos deben aceptar todos los certificados cualificados expedidos por Prestadores de Servicios de Certificación incluidos en las Lista de Servicios de Confianza Cualificados de todos los paises de la Unión Europea.

La lista de confianza europea está disponble en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml
Este fichero contiene los enlaces  a las listas TSL de todos los estados miembros.

Los que sigan este blog han comprobado que no dejo de ser insistente porque llevo hablando de este tema desde hace más de 10 años (cada vez referenciando normas distintas, las vigentes en ese momento) y prueba de ello son los siguientes artículo:

Impulso a la ciberjusticia en España en el marco de los programas de cooperación de la CEPEJ


La CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) ha publicado un informe sobre el grado de avance de sus programas de cooperación.

Uno de ellos es el orientado al Impulso de la ciberjusticia en España mediante la gestión del cambio (fase II), financiado por la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural (Structural Reform Support Programme) y en cooperación con la DG de Apoyo a la Reforma Estructural (European Commission’s DG Structural Reform Support).

La duración prevista va de Junio de 2020 a Septiembre de 2021

El objetivo es ampliar la evaluación de las herramientas alternativas para el Programa de Justicia Digital incluendo las soluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de administración de justicia y al objeto de facilitar más la la uniformidad y la coherencia de la ciberjusticia española.

Los beneficiarios y partes interesadas son: Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de administración de justicia.

Resultados esperados:

  • Se promoverá la adopción de las principales conclusiones y recomendaciones de los informes del CEPEJ 2019 sobre la desafíos en el proceso de aplicación de los instrumentos de ciberjusticia en el Reino de España y se facilitará su aplicación mediante el apoyo de expertos, grupos de trabajo temáticos, etc. Los avances de diferentes actores (Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas) en la aplicación de herramientas informáticas al servicio de la administración de justicia se evaluará mediante la realización de una auditoría nacional de soluciones alternativas de ciberjusticia;
  • Asesoramiento de expertos sobre la elaboración de una estrategia de gestión del cambio y técnicas y sobre su aplicación a través de amplias consultas e inclusión en el proceso de digitalización de la administración de justicia;
  • Facilitación del proceso de aplicación del expediente judicial electrónico y de la elaboración de directrices para una normativa procesal de carácter electrónico;
  • Sensibilización y creación de capacidad para los miembros de la la Secretaría del CTEAJE, el órgano de coordinación de los diferentes actores que participan en el desarrollo de la justicia digital.


Estado de la cuestión

El proyecto se lanzó oficialmente el 1 de junio de 2020, con una primera videoconferencia de coordinación celebrada el 25 de junio, en presencia de representantes del Ministerio de Justicia, junto con expertos y representantes de la Secretaría del CEPEJ, así como de la Unión Europea. Se debatieron las expectativas de las partes interesadas españolas y se previó un primer calendario de actividades.

Los servicios de confianza digital y el comercio electrónico en la relación UK-EU tras el Brexit


El borrador del acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, por un lado, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por otro, se publicó finalmente el 25 de diciembre de 2020 tras anunciarse la Nochebuena previa que se había alcanzado el acuerdo.

Aunque el borrador está sujeto a cambios menores de redacción, se someterá a ratificación por los gobernos de los paises miembros, y de lograrse, se aplicará a partir del dia 1 de mes siguiente al que se haya producido dicha ratificación y la del Parlamento británico.

Los primeros meses desde el 1 de enero de 2021 pueden ser un poco caóticos salvo que se adopten medidas provisionales, cuestionables desde el punto de vista de la percepción de la soberanía de los países miembros o el Reino Unido solicite un aplazamiento de la fecha límite de vigencia del período de transición. Lo que no se espera, porque da la impresión de que el Primer Ministro británico precisamente pretende demostrar que permanecer en la Unión Europea supone renunciar a un cierto grado de soberanía nacional.

En el acuerdo, a partir de la página 116 el Título III se refiere a las condiciones de Comercio Electrónico (Digital Trade).

TITLE III: DIGITAL TRADE
Chapter 1: General provisions
Article DIGIT.1 Objective


The objective of this Title is to facilitate digital trade, to address unjustified barriers to trade enabled by electronic means and to ensure an open, secure and trustworthy online environment for businesses and consumers.

Article DIGIT.2 Scope

  1. This Title applies to measures of a Party affecting trade enabled by electronic means.
  2. This Title does not apply to audio-visual services.

Article DIGIT.3 Right to regulate


The Parties reaffirm the right to regulate within their territories to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, social services, public education, safety, the environment including climate change, public morals, social or consumer protection, privacy and data protection, or the promotion and protection of cultural diversity.

Article DIGIT.4 Exceptions


For greater certainty, nothing in this Title prevents the Parties from adopting or maintaining measures in accordance with Article EXC.1 [General exceptions], Article EXC.4 [Security exceptions] and Article SERVIN.5.39 [Prudential carve-out] for the public interest reasons set out therein.

Article DIGIT.5 Definitions

  1. The definitions in Article SERVIN.1.2 [Definitions] of Title II [Services and investment] of this Heading apply to this Title.
  1. For the purposes of this Title:
    (a) “consumer” means any natural person using a public telecommunications service for other than professional purposes;
    (b) “direct marketing communication” means any form of commercial advertising by which a natural or legal person communicates marketing messages directly to a user via a public telecommunications service and covers at least electronic mail and text and multimedia messages (SMS and MMS);
    (c) “electronic authentication” means an electronic process that enables the confirmation of:
    (i) the electronic identification of a natural or legal person, or
    (ii) the origin and integrity of data in electronic form;
    (d) “electronic registered delivery service” means a service that makes it possible to transmit data between third parties by electronic means and provides evidence relating to the handling of the transmitted data, including proof of sending and receiving the data, and that protects transmitted data against the risk of loss, theft, damage or any unauthorised alterations;
    (e) “electronic seal” means data in electronic form used by a legal person which is attached to or logically associated with other data in electronic form to ensure the latter’s origin and integrity;
    (f) “electronic signature” means data in electronic form which is attached to or logically associated with other data in electronic form that:
    (i) is used by a natural person to agree on the data in electronic form to which it relates; and
    (ii) is linked to the data in electronic form to which it relates in such a way that any subsequent alteration in the data is detectable;
    (g) “electronic time stamp” means data in electronic form which binds other data in electronic form to a particular time establishing evidence that the latter data existed at that time;
    (h) “electronic trust service” means an electronic service consisting of:
    (i) the creation, verification and validation of electronic signatures, electronic seals, electronic time stamps, electronic registered delivery services and certificates related to those services;
    (ii) the creation, verification and validation of certificates for website authentication; or
    (iii) the preservation of electronic signatures, seals or certificates related to those services;
    (i) “government data” means data owned or held by any level of government and by non-governmental bodies in the exercise of powers conferred on them by any level of government;
    (j) “public telecommunications service” means any telecommunications service that is offered to the public generally;
    (k) “user” means any natural or legal person using a public telecommunications service.

Chapter 2: Data flows and personal data protection
Article DIGIT.6 Cross-border data flows

  1. The Parties are committed to ensuring cross-border data flows to facilitate trade in the digital economy. To that end, cross-border data flows shall not be restricted between the Parties by a Party:
    (a) requiring the use of computing facilities or network elements in the Party’s territory for processing, including by imposing the use of computing facilities or network elements that are certified or approved in the territory of a Party;
    (b) requiring the localisation of data in the Party’s territory for storage or processing;
    (c) prohibiting the storage or processing in the territory of the other Party; or
    (d) making the cross-border transfer of data contingent upon use of computing facilities or network elements in the Parties’ territory or upon localisation requirements in the Parties’ territory.
  2. The Parties shall keep the implementation of this provision under review and assess its functioning within three years of the date of entry into force of this Agreement. A Party may at any time propose to the other Party to review the list of restrictions listed in paragraph 1. Such a request shall be accorded sympathetic consideration.

Article DIGIT.7 Protection of personal data and privacy

  1. Each Party recognises that individuals have a right to the protection of personal data and privacy and that high standards in this regard contribute to trust in the digital economy and to the development of trade.
  2. Nothing in this Agreement shall prevent a Party from adopting or maintaining measures on the protection of personal data and privacy, including with respect to cross-border data transfers, provided that the law of the Party provides for instruments enabling transfers under conditions of general application34 for the protection of the data transferred.
  3. Each Party shall inform the other Party about any measure referred to in paragraph 2 that it adopts or maintains.


Chapter 3: Specific provisions
Article DIGIT.8 Customs duties on electronic transmissions

  1. Electronic transmissions shall be considered as the supply of a service within the meaning of Title II [Services and investment] of this Heading.
  2. The Parties shall not impose customs duties on electronic transmissions.

Article DIGIT.9 No prior authorisation

  1. A Party shall not require prior authorisation of the provision of a service by electronic means solely on the ground that the service is provided online, and shall not adopt or maintain any other requirement having an equivalent effect.
  2. A service is provided online when it is provided by electronic means and without the parties being simultaneously present.
  3. Paragraph 1 does not apply to telecommunications services, broadcasting services, gambling services, legal representation services or to the services of notaries or equivalent professions to the extent that they involve a direct and specific connection with the exercise of public authority.


Article DIGIT.10: Conclusion of contracts by electronic means

  1. Each Party shall ensure that contracts may be concluded by electronic means and that its law neither creates obstacles for the use of electronic contracts nor results in contracts being deprived of legal effect and validity solely on the ground that the contract has been made by electronic means.
  2. Paragraph 1 does not apply to the following:
    (a) broadcasting services;
    (b) gambling services;
    (c) legal representation services;
    (d) the services of notaries or equivalent professions involving a direct and specific connection with the exercise of public authority;
    (e) contracts that require witnessing in person;
    (f) contracts that establish or transfer rights in real estate;
    (g) contracts requiring by law the involvement of courts, public authorities or professions exercising public authority;
    (h) contracts of suretyship granted, collateral securities furnished by persons acting for purposes outside their trade, business or profession; or
    (i) contracts governed by family law or by the law of succession.

Article DIGIT.11 Electronic authentication and electronic trust services

  1. A Party shall not deny the legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings of an electronic document, an electronic signature, an electronic seal or an electronic time stamp, or of data sent and received using an electronic registered delivery service, solely on the ground that it is in electronic form.
  2. A Party shall not adopt or maintain measures that would:
    (a) prohibit parties to an electronic transaction from mutually determining the appropriate electronic authentication methods for their transaction; or
    (b) prevent parties to an electronic transaction from being able to prove to judicial and administrative authorities that the use of electronic authentication or an electronic trust service in that transaction complies with the applicable legal requirements.
  3. Notwithstanding paragraph 2, a Party may require that for a particular category of transactions, the method of electronic authentication or trust service is certified by an authority accredited in accordance with its law or meets certain performance standards which shall be objective, transparent and non-discriminatory and only relate to the specific characteristics of the category of transactions concerned.

Article DIGIT.12: Transfer of or access to source code

  1. A Party shall not require the transfer of, or access to, the source code of software owned by a natural or legal person of the other Party.
  2. For greater certainty:
    (a) the general exceptions, security exceptions and prudential carve-out referred to in Article DIGIT.4 [Exceptions] apply to measures of a Party adopted or maintained in the context of a certification procedure; and
    (b) paragraph 1 of this Article does not apply to the voluntary transfer of, or granting of access to, source code on a commercial basis by a natural or legal person of the other Party, such as in the context of a public procurement transaction or a freely negotiated contract.
  3. Nothing in this Article shall affect:
    (a) a requirement by a court or administrative tribunal, or a requirement by a competition authority pursuant to a Party’s competition law to prevent or remedy a restriction or a distortion of competition;
    (b) a requirement by a regulatory body pursuant to a Party’s laws or regulations related to the protection of public safety with regard to users online, subject to safeguards against unauthorised disclosure;
    (c) the protection and enforcement of intellectual property rights; and
    (d) the right of a Party to take measures in accordance with Article III of the GPA as incorporated by Article PPROC.2 [Incorporation of certain provisions of the GPA and covered procurement] of Title VI [Public procurement] of this Heading.

Article DIGIT.13 Online consumer trust

  1. Recognising the importance of enhancing consumer trust in digital trade, each Party shall adopt or maintain measures to ensure the effective protection of consumers engaging in electronic commerce transactions, including but not limited to measures that:
    (a) proscribe fraudulent and deceptive commercial practices;
    (b) require suppliers of goods and services to act in good faith and abide by fair commercial practices, including through the prohibition of charging consumers for unsolicited goods and services;
    (c) require suppliers of goods or services to provide consumers with clear and thorough information, including when they act through intermediary service suppliers, regarding their identity and contact details, the transaction concerned, including the main characteristics of the goods or services and the full price inclusive of all applicable charges, and the applicable consumer rights (in the case of intermediary service suppliers, this includes enabling the provision of such information by the supplier of goods or services); and
    (d) grant consumers access to redress for breaches of their rights, including a right to remedies if goods or services are paid for and are not delivered or provided as agreed.
  1. The Parties recognise the importance of entrusting their consumer protection agencies or other relevant bodies with adequate enforcement powers and the importance of cooperation between these agencies in order to protect consumers and enhance online consumer trust.

Article DIGIT.14 Unsolicited direct marketing communications

  1. Each Party shall ensure that users are effectively protected against unsolicited direct marketing communications.
  2. Each Party shall ensure that direct marketing communications are not sent to users who are natural persons unless they have given their consent in accordance with each Party’s laws to receiving such communications.
  3. Notwithstanding paragraph 2, a Party shall allow natural or legal persons who have collected, in accordance with conditions laid down in the law of that Party, the contact details of a user in the context of the supply of goods or services, to send direct marketing communications to that user for their own similar goods or services.
  4. Each Party shall ensure that direct marketing communications are clearly identifiable as such, clearly disclose on whose behalf they are made and contain the necessary information to enable users to request cessation free of charge and at any moment.
  5. Each Party shall provide users with access to redress against suppliers of direct marketing communications that do not comply with the measures adopted or maintained pursuant to paragraphs 1 to 4.

Article DIGIT.15 Open government data

  1. The Parties recognise that facilitating public access to, and use of, government data contributes to stimulating economic and social development, competitiveness, productivity and innovation.
  2. To the extent that a Party chooses to make government data accessible to the public, it shall endeavour to ensure, to the extent practicable, that the data:
    (a) is in a format that allows it to be easily searched, retrieved, used, reused, and redistributed;
    (b) is in a machine-readable and spatially-enabled format;
    (c) contains descriptive metadata, which is as standard as possible;
    (d) is made available via reliable, user-friendly and freely available Application Programming Interfaces;
    (e) is regularly updated;
    (f) is not subject to use conditions that are discriminatory or that unnecessarily restrict re-use; and
    (g) is made available for re-use in full compliance with the Parties’ respective personal data protection rules.
  1. The Parties shall endeavour to cooperate to identify ways in which each Party can expand access to, and use of, government data that the Party has made public, with a view to enhancing and generating business opportunities, beyond its use by the public sector.

Article DIGIT.16 Cooperation on regulatory issues with regard to digital trade

  1. The Parties shall exchange information on regulatory matters in the context of digital trade, which shall address the following:
    (a) the recognition and facilitation of interoperable electronic trust and authentication services;
    (b) the treatment of direct marketing communications;
    (c) the protection of consumers; and
    (d) any other matter relevant for the development of digital trade, including emerging technologies.
  2. Paragraph 1 shall not apply to a Party’s rules and safeguards for the protection of personal data and privacy, including on cross-border transfers of personal data.
    Article DIGIT.17 – Understanding on computer services
  3. The Parties agree that, for the purpose of liberalising trade in services and investment in accordance with Title II [Services and Investment] of this Heading, the following services shall be considered as computer and related services, regardless of whether they are delivered via a network, including the Internet:
    (a) consulting, adaptation, strategy, analysis, planning, specification, design, development, installation, implementation, integration, testing, debugging, updating, support, technical assistance or management of or for computers or computer systems;
    (b) computer programmes defined as the sets of instructions required to make computers work and communicate (in and of themselves), as well as consulting, strategy, analysis, planning, specification, design, development, installation, implementation, integration, testing, debugging, updating, adaptation, maintenance, support, technical assistance, management or use of or for computer programmes;
    (c) data processing, data storage, data hosting or database services;
    (d) maintenance and repair services for office machinery and equipment, including computers; and
    (e) training services for staff of clients, related to computer programmes, computers or computer systems, and not elsewhere classified.
  4. For greater certainty, services enabled by computer and related services, other than those listed in paragraph 1, shall not be regarded as computer and related services in themselves.

La Comisión Europea impulsa nuevos Reglamentos para los servicios y las plataformas digitales


El pasado 15 de diciembre 2020, la Comisión Europea ha hecho públicos los borradores de futuros Reglamentos Europeos que supondrán una ambiciosa reforma del espacio digital, con nuevas normas para los servicios digitales, incluidas las redes sociales, los mercados en línea y otras plataformas en línea que operan en la Unión Europea: el Reglamento de Servicios Digitales (que además modifica la Directiva 2000/31/EC)  y el Reglamento de Mercados Digitales.

Al adoptar la forma de Reglamento, serán de directa aplicación en todos los paises miembros de la Unión Europea con lo que armonizará su aplicación en todo el mercado único fomentando la innovación, el crecimiento y la competitividad.

Los valores europeos están en el centro de ambas propuestas. Se pretende que las nuevas normas protejan mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea, y que favorezcan mercados digitales más justos y abiertos para todos.

Además, las nuevas normas prohibirán que las plataformas en línea puedan imponer condiciones desequilibradas a los usuarios de forma unilateral.

Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva de la iniciativa “Una Europa adaptada a la era digital” dentro de las prioridades de la Comisión Europea afirmó  “Las dos propuestas tienen un único propósito: asegurarnos de que nosotros, como usuarios, tengamos acceso a una amplia selección de productos y servicios seguros en línea. Y que las empresas que operan en Europa pueden competir libre y justamente en línea al igual que lo hacen fuera de línea. Deberíamos ser capaces de hacer nuestras compras de una manera segura y confiar en las noticias que leemos. Porque lo que es ilegal fuera de línea es igualmente ilegal en línea.”

El Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton,  ha declarado:  «Muchas plataformas en línea han llegado a desempeñar un papel central en la vida de los ciudadanos y empresas europeos, e incluso de la sociedad y de la democracia en general. Con las propuestas anunciadas, estamos organizando nuestro espacio digital para las próximas décadas. Con normas armonizadas, obligaciones ex ante, mejor supervisión, aplicación rápida y sanciones disuasorias, nos aseguraremos de que cualquier iniciativa que ofrezca y utilice servicios digitales en Europa se beneficie de la seguridad, la confianza, la innovación y las oportunidades de negocio.

Reglamento de Servicios Digitales

El panorama de los servicios digitales es significativamente diferente hoy en día respecto al de hace 20 años, cuando se adoptó la Directiva sobre comercio electrónico. Los intermediarios en línea se han convertido en actores vitales en la transformación digital. Las plataformas en línea, en particular, han creado importantes beneficios para los consumidores y la innovación, han facilitado el comercio transfronterizo dentro y fuera de la Unión, así como han abierto nuevas oportunidades a una variedad de empresas y comerciantes europeos. Al mismo tiempo, pueden utilizarse como vehículo para difundir contenido ilegal o vender bienes o servicios ilegales en línea. Algunos actores muy grandes han surgido como espacios cuasi-públicos para el intercambio de información y el comercio en línea. Han pasado a ser de naturaleza sistémica y plantean riesgos particulares para los derechos de los usuarios, los flujos de información y la participación pública.

En virtud del Reglamento de Servicios Digitales, se aplicarán obligaciones vinculantes en toda la Unión Europea a todos los servicios digitales que conecten a los consumidores con bienes, servicios o contenidos, lo que incluye nuevos procedimientos para una eliminación más rápida de los contenidos ilegales, así como una protección integral de los derechos fundamentales de los usuarios en línea. El nuevo marco legal reequilibrará los derechos y responsabilidades de los usuarios, las plataformas intermediarias y las autoridades públicas y se basará en los valores europeos, incluido el respeto de los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. La propuesta complementa el Plan de Acción Europeo para la Democracia con el objetivo de hacer que las democracias sean más resilientes.

Concretamente, el Reglamento de Servicios Digitales introducirá una serie de nuevas obligaciones armonizadas en toda la Unión Europeapara los servicios digitales, cuidadosamente graduadas sobre la base del tamaño y el impacto de esos servicios, tales como:

  • Normas para la eliminación de bienes, servicios o contenidos ilegales en línea;
  • Salvaguardas para los usuarios cuyo contenido ha sido eliminado erróneamente por las plataformas;
  • Nuevas obligaciones para que las plataformas muy grandes adopten medidas basadas en el riesgo para evitar el abuso de sus sistemas;
  • Amplias medidas de transparencia, incluidas las relativas a la publicidad en línea y a los algoritmos utilizados para recomendar contenido a los usuarios;
  • Nuevos poderes para examinar el funcionamiento de las plataformas, incluso facilitando el acceso de los investigadores a los datos clave de la plataforma;
  • Nuevas normas sobre trazabilidad de los usuarios empresariales en los mercados en línea, para ayudar a localizar a los vendedores de bienes o servicios ilegales;
  • Un proceso de cooperación innovador entre las autoridades públicas para garantizar una aplicación eficaz en el mercado único.

Las plataformas que llegan a más del 10 % de la población de la UE (45 millones de usuarios) se consideran de naturaleza sistémica y están sujetas no sólo a obligaciones específicas de controlar sus propios riesgos, sino también a una nueva estructura de supervisión. Este nuevo marco de rendición de cuentas estará compuesto por un consejo de coordinadores nacionales de servicios digitales, con poderes especiales para la Comisión en la supervisión de plataformas muy grandes, incluida la capacidad de sancionarlos directamente.

Reglamento de Mercados Digitales

El Reglamento de Mercados Digitales aborda las consecuencias negativas derivadas de determinados comportamientos de plataformas que actúan como “porteros” o “controladores de acceso” (gatekeepers) digitales para el mercado único. Se trata de plataformas que tienen un impacto significativo en el mercado interior, sirven como un importante portal para que los usuarios empresariales lleguen a sus clientes y que gozan, o disfrutarán previsiblemente, de una posición arraigada y duradera. Esto puede otorgarles el poder de establecersus propias reglas privadas y de funcionar como cuellos de botella entre las empresas y los consumidores. A veces, estas empresas tienen control sobre ecosistemas de plataformas enteras. Si un controlador de acceso se dedicara a prácticas comerciales desleales, podría impedir o ralentizar que los servicios valiosos e innovadores de sus usuarios de negocios y competidores lleguen al consumidor. Ejemplos de estas prácticas podrían incluir el uso injusto de datos de empresas que operan en estas plataformas, o situaciones en las que los usuarios están bloqueados en un servicio en particular y tienen opciones limitadas para cambiar a otro.

El Reglamento de Mercados Digitales se basa en el Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea al, sobre las conclusiones del Observatorio de la UE sobre la economía de las plataformas en línea, y en la amplia experiencia de la Comisión en el tratamiento de los mercados en línea a través de la aplicación de la normativa de competencia en vigor. En particular, establece normas armonizadas que definen y prohíben esas prácticas desleales por parte de los porteros y proporcionan un mecanismo de observancia basado en investigaciones de mercado. El mismo mecanismo garantizará que las obligaciones establecidas en el Reglamento se mantengan actualizadas en la realidad digital en constante evolución.

Concretamente, el Reglamento de Mercados Digitales:

  • Obligará sólo a los principales proveedores de grandes plataformas de servicios más propensos a desarrollar prácticas desleales, como los motores de búsqueda, las redes sociales o los servicios de intermediación en línea, que cumplen los criterios legislativos objetivos que deben designarse como controladores de acceso;
  • Definirá los umbrales cuantitativos como base para identificar a los potenciales controladores de acceso. La Comisión también tendrá facultades para designar a ciertas empresas como porteros tras una investigación de mercado;
  • Prohibirá una serie de prácticas que son claramente injustas, como impedir que los usuarios puedan desinstalar cualquier software o aplicaciones preinstaladas;
  • Exigirá a los controladores de acceso que pongan en marcha proactivamente ciertas medidas, en particular aquellas que permitan que el software de terceros funcione e interopere correctamente con sus propios servicios;
  • Impondrá sanciones por incumplimiento, que podrían suponer multas de hasta el 10 % del volumen de negocios mundial del controlador de acceso, para garantizar la eficacia de las nuevas normas. En el caso de los infractores recurrentes, estas sanciones también pueden implicar la obligación de adoptar medidas estructurales, que podrían extenderse a la enajenación de determinadas empresas, cuando no se disponga de ninguna otra medida alternativa igualmente eficaz para garantizar el cumplimiento;
  • Permitirá que la Comisión lleve a cabo investigaciones de mercado específicas para evaluar si es necesario añadir nuevas prácticas y servicios de control de acceso a esta regulación, a fin de garantizar que las nuevas normas de portero se mantengan al día con el ritmo rápido de los mercados digitales.

Próximos pasos

El Parlamento Europeo y los Estados miembros debatirán las propuestas de la Comisión en el procedimiento legislativo ordinario. Si se adopta, el texto final será directamente aplicable en toda la Unión Europea.

Trasfondo

El Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento Mercados Digitales  son la respuesta europea al profundo proceso de reflexión en el que la Comisión, los Estados miembros de la UE y muchas otras jurisdicciones han participado en los últimos años para comprender los efectos que la digitalización, y más concretamente, el desarrollo de las plataformas en línea, tienen en los derechos fundamentales, la competencia y, en general, en nuestras sociedades y economías.

La Comisión consultó a una amplia gama de partes interesadas en la preparación de este paquete legislativo. Durante el verano de 2020, la Comisión consultó a las partes interesadas para que apoyaran aún más la labor de análisis y recopilación de pruebas para analizar las cuestiones específicas que pueden requerir una intervención a nivel de la UE en el contexto del Reglamento de Servicios Digitales y la Nueva Herramienta de Competencia, que sirvió de base para la propuesta sobre el Reglamento de Mercados Digitales. Las consultas públicas abiertas en preparación del paquete legislativo, que se desarrollaron entre junio de 2020 y septiembre de 2020, recibieron más de 3000 respuestas de todo el espectro de la economía digital y de todo el mundo.

Documentos:

Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia


El pasado martes, 15 de diciembre de 2020 se aprobó en el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, impulsado por el Ministerio de Justicia.

La futura Ley promueve una nueva arquitectura jurídica dentro de la Estrategia Justicia 2030, enmarcada y conectada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation, con una mayor digitalización en los procedimientos judiciales y mejoras necesarias tras la experiencia acumulada en las condiciones de la pandemia de la Covid-19.

El Ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo, ha señalado que la futura Ley proporciona “un nuevo instrumento para avanzar en Sistema Público de Justicia, pensando en el ciudadano y poniéndolo en centro de toda la gestión”, que “quiere dar respuesta a desafíos tradicionales, y también a desafíos nuevos, como los que deja ver la pandemia que nos asola”.

La norma se estructura considerando tres ejes.

Medios adecuados de solución de controversias (MASC)

El primero de los tres ejes en los que está estructurado el Anteproyecto es el de la provisión de medios adecuados de solución de controversias (MASC), una medida que, más allá de la coyuntura de ralentización inicial y previsible incremento posterior de la litigiosidad, como consecuencia de la pandemia y la declaración del estado de alarma, se considera imprescindible para la consolidación de un servicio público de Justicia sostenible.

El objetivo de los MASC es recuperar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y la crispación que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales.

En ese sentido, el Sr. Campo ha señalado que las diferencias entre los ciudadanos no se “tienen que resolver necesariamente acudiendo a un tribunal de Justicia”, por ello, es necesario, ha añadido, “acometer mecanismos que nos permitan afrontar estas situaciones de conflicto sin llegar al punto final que son los tribunales”.

Para ello, es necesario introducir medidas eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos. Con este fin se ha de potenciar la mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado.

El Anteproyecto regula la implantación de los MASC en los asuntos civiles y mercantiles, sin perjuicio de que en el futuro puedan extenderse a otros ámbitos. Para potenciar de manera decidida su utilización, se ha establecido que habrá de acompañarse a la demanda el documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial como requisito de procedibilidad.

Los MASC que podrán utilizar las partes, se establecen en un catálogo amplio que favorece la libre elección de los mismos. En ese sentido se contempla: la actividad negocial, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, la mediación, así como cualesquiera otros procedimientos previstos en la legislación especial (particularmente en materia de consumo).

Una de las grandes novedades es que la validez que tendrá el acuerdo alcanzado a través del MASC es exactamente el mismo que si es resuelto por un juez. El acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no pudiendo presentar demanda con igual objeto. Para que tenga valor de título ejecutivo, el acuerdo habrá de ser elevado a escritura públicao bien homologado judicialmente cuando proceda.
Según el ministro, “estas medidas suponen que si se logra que uno de cada cuatro procedimientos civiles termina en un acuerdo entre las partes, el sistema judicial se descargará más de medio millón de procedimientos”.

Esto conlleva, ha señalado Campo, además, “una recanalización de recursos por valor de unos 380 millones de euros al año”, que, revertirían en una mejora sustancial del tratamiento de aquellos asuntos que sí lo necesitan.

Reforma de las leyes procesales

El segundo eje es el de la reforma de leyes procesales, una iniciativa que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Con ella se garantizan los altos estándares de calidad, se optimizan los recursos existentes, se agilizan los procesos de forma eficiente y eficaz, y se refuerza la seguridad jurídica.

Entre otras medidas, se van a potenciar las sentencias orales en determinados procedimientos como medida de agilización que puede usar el juez, de manera voluntaria, en atención a las concretas circunstancias del proceso.

Del mismo modo, se amplía el ámbito del juicio verbal, más rápido y ágil que el juicio ordinario y sin pérdida de garantías y se modifica en lo necesario su regulación. Se eleva su cuantía y se introducen nuevos procedimientos que podrán tramitarse por sus reglas.

Por otro lado, se introduce el procedimiento testigo y la extensión de efectos para una gestión ágil y eficaz de la litigación en masa en materia de condiciones generales de la contratación, regulándose unos requisitos muy medidos que habrán de concurrir para la posible utilización de ambas técnicas.

Finalmente, se modifica de manera muy relevante el recurso de casación civil, dándole después de 20 años desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario.

Reformas procesales para la transformación digital

El tercer eje clave es el que se refiere la transformación digital.

Este avance evitará desplazamientos a las sedes judiciales, reduciendo los costes económicos, ambientales y territoriales. Y permitirá que toda la tramitación sea mucho más ágil.

En este eje de reformas, el ministro de Justicia ha destacado que, se introduce “la regulación de los sistemas de identificación y autenticación para adaptar nuestra legislación a la europea”. Y ha añadido que se “generaliza la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia”.

Del mismo modo, se impulsará un “Registro electrónico de apoderamientos apud acta”, que permitirá el otorgamiento telemático.

En resumen, todas estas medidas mejoran la Administración de Justicia, respondiendo a las recomendaciones de la Unión Europea, que las fija como un elemento en la valoración de la calidad para los sistemas de Justicia. Del mismo modo, sitúa el Servicio Público de Justicia de España dentro de los estándares de calidad y eficacia europeos e internacionales, constatándolo en el Marcador de Justicia Europeo (EU Justice Scoreboard) de 2022.

Normativa relativa a la gestión de entidades de pago y entidades de dinero electrónico


El dia 4 de diciembre de 2020 se ha publicado en el BOE la Circular 5/2020, de 25 de noviembre, del Banco de España, a entidades de pago y a entidades de dinero electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y que modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Entre otras, esta circular se relaciona con las siguientes normas:

  • Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago y por la que se modifica la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
  • Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
  • Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
  • Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
  • Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
  • Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
  • Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)

Variaciones entre versiones de la Lista de Confianza de Prestadores de Servicios de Confianza (TSL) de España


El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el que se encuadra la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Organo Supervisor de los Servicios Electrónicos de Confianza en España, publica la lista TSL que recoge los prestadores cualificados de servicios de confianza y los servicios cualificados que estos prestan, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo UE 910/2014 (EIDAS).

Cada vez que se actualiza la lista, publica un fichero denominado “cambiosTSL.pdf” que contiene los cambios en la lista TSL desde la publicación anterior. No he conseguido encontrar ningún repositorio en el que estén las 107 listas publicadas hasta la fecha y como considero que es una información interesante, he pensado publicar en este blog las que yo he descargado a lo largo de los años.

Seguro que entre los lectores de este blog hay personas interesadas en la identidad digital y en los servicios electrónicos de confianza que me pueden ayudar a completar esta información. Aquellos que tengáis ficheros “cambiosTSL.pdf” descargados en un momento u otro, comprobad el número que figura al principio del contenido del archivo y enviádmelo, por favor, si es uno de los que me faltan. Podeis hacer el envío a julian (arroba) inza (punto)

Al final de este artículo iré poniendo los números de secuencia de los ficheros que me vayais enviando, para evitar en lo posible que envieis ficheros repetidos.

Y ahora indico la información relevante de los más recientes:

Número de secuencia: 107

Fecha de firma: 18 de noviembre de 2020

Cambios respecto a la versión anterior:

VÍNTEGRIS

  • Alta del servicio «Qualified Certificates issued by vinCAsign nebulaSUITE4 Authority» para la expedición de certificados cualificados de autenticación de sitios web.

ELECTRONIC IDENTIFICATION

  • Alta del prestador
  • Alta del servicio «Qualified Certificates issued by ELECTRONIC IDENTIFICATION CA1» para la expedición de certificados cualificados de firma electrónica.
  • Inclusión del cualificador «QCQSCDManagedOnBehalf» en el servicio anteriormente citado para los certificados emitidos en QSCD centralizado con el OID 1.3.6.1.4.1.55193.1.1.2.

Número de secuencia: 106

Fecha de firma: 23 de octubre de 2020

Cambios respecto a la versión anterior:

ANCERT

  • Alta del Servicio de Sellos cualificados de tiempo emitidos por «ANCERT Qualified Time-stamp Authority G2 (TSA/TSU)».

BEWOR

  • Alta del prestador cualificado de servicios de confianza
  • Alta del Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica emitidos por “BEWOR TECH CA1”;

Número de secuencia: 105

Fecha de firma: 19 de octubre de 2020

Cambios respecto a la versión anterior:

 Ajustes técnicos en el fichero XML

FIRMAPROFESIONAL

  • Inclusión en el campo «Digital Identity Service» de un nuevo certificado de CA para el Servicio « AC Firmaprofesional – INFRAESTRUCTURA».

Número de secuencia: 103

Fecha de firma: 5 de octubre de 2020

Cambios respecto a la versión anterior:


EADTRUST

  • Alta del prestador cualificado de servicios de confianza
  • Alta de los siguientes servicios de expedición de certificados cualificados de firma electrónica:
     “EADTrust RSA 2048 SubCA For Qualified Certificates 2019-NP”;
     “EADTrust RSA 4096 SubCA For Qualified Certificates 2019- NP”
     “EADTrust RSA 8192 SubCA For Qualified Certificates 2019- NP”;
     “EADTrust ECC 256 SubCA For Qualified Certificates 2019- NP”;
     “EADTrust ECC 384 SubCA For Qualified Certificates 2019- NP”.
  • Alta de los siguientes servicios de expedición de certificados cualificados de sello electrónico:

 “EADTrust RSA 2048 SubCA For Qualified Certificates 2019-LP”;
 “EADTrust RSA 4096 SubCA For Qualified Certificates 2019-LP”
 “EADTrust RSA 8192 SubCA For Qualified Certificates 2019-LP”;
 “EADTrust ECC 256 SubCA For Qualified Certificates 2019-LP”;
 “EADTrust ECC 384 SubCA For Qualified Certificates 2019-LP”.

  • Alta de los siguientes servicios de expedición de certificados electrónicos cualificados de autenticación de sitios web:

 “EADTrust RSA 4096 SubCA For Qualified Web EV/PSD2 Cert 2019”;
 “EADTrust RSA 8192 SubCA For Qualified Web EV/PSD2 Cert 2019”;
 “EADTrust ECC 256 SubCA For Qualified Web EV/PSD2 Cert 2019”;
 “EADTrust ECC 384 SubCA For Qualified Web EV/PSD2 Cert 2019”;
 “EADTrust ECC 256 SubCA For Qualified Web DV/OV Cert 2019”;
 “EADTrust ECC 384 SubCA For Qualified Web DV/OV Cert 2019”;
 “EADTrust RSA 4096 SubCA For Qualified Web DV/OV Cert 2019”;
 “EADTrust RSA 8192 SubCA For Qualified Web DV/OV Cert 2019”.

Alta de los siguientes servicios de expedición de sellos electrónicos cualificados de tiempo:
 Servicio “QTSU ALPHA EADTrust”;
 Servicio “QTSU DELTA EADTrust”;
 Servicio “QTSU EPSILON EADTrust”.
 FIRMAPROFESIONAL

Alta del «Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de autenticación de sitios web emitidos por “AC Firmaprofesional Secure Web 2020”»

Alta del «Servicio de expedición de sellos electrónicos cualificados de tiempo emitidos por “AC Firmaprofesional CLOUD QUALIFIED TSU-2020″».


SIGNE

  • Inclusión en el campo «Digital Identity Service» de un nuevo certificado con
    para el Servicio «Certificados reconocidos emitidos por SIGNE Autoridad de Certificación»;
  • Inclusión en la extensión “Additional Service Information” de las indicaciones “ForeSignatures” y “ForeSeals”;
  • Inclusión en la extensión “Service Information Extension” la indicación “QSCDManagedOnBehalf” para el servicio emitido en QSCD centralizado con los OIDs 1.3.6.1.4.1.36035.1.2.3, 1.3.6.1.4.1.36035.1.10.3 y 1.3.6.1.4.1.36035.1.5.3.
     SIA
  • Inclusión en el campo «Digital Identity Service» de un nuevo certificado de sello electrónico de tiempo para el Servicio «Sellos de tiempo cualificados emitidos por TSAQC».


LOGALTY

  • Inclusión en el campo «Digital Identity Service» de un nuevo certificado de CA para el Servicio «Certificados cualificados emitidos por Logalty Qualified CA G2».

Hasta aquí el contenido de los últimos cambios a la TSL.

Come veis, me falta el 104.

Ficheros “cambiosTSL.pdf” que sí tengo o he ido recibiendo:

107, 106, 105, 103, 101, 100, 99, 98, 93, 90, 89, 87, 86, 85, 83, 76, 62,

Iré poniendo un repositorio en un próximo artículo del Blog

Proyecto de Orden sobre los métodos de identificación no presencial para la expedición de certificados electrónicos cualificados (OM Telepersonación)


El Reglamento (UE) nº 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE contempla en su artículo 24.1 d) la posibilidad de verificación de la identidad del solicitante de un certificado cualificado utilizando otros métodos de identificación reconocidos a escala nacional que garanticen una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física.

En España se ha ido consolidando la percepción de la urgencia de contar con una previsión legal para ello, de lo que ya se ha tratado en este blog en diferentes entradas:

El 4 de noviembre de 2020 el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital remitió un correo electrónico a los prestadores de servicios de certificación y otras entidades interesadas informando sobre la tramitación de la nueva Orden sobre los métodos de identificación no presencial para la expedición de certificados electrónicos cualificados con objeto de desarrollar el artículo 13.6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, determinando las condiciones y requisitos técnicos aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos de la persona solicitante de un certificado electrónico cualificado, mediante otros métodos de identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física, tal y como prevé el artículo 24.1 d) del Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento y del Consejo, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

El correo electrónicio citado, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno invitaba a participar en el proceso de audiencia pública recogido en el portal del Ministerio. con el escaso plazo de una semana que concluyó el 11 de noviembre de 2020.

Además del texto propuesto, se acompañaba al borrador de Orden Ministerial de Telepersonación, su Memoria de Anaálisis de Impacto Normativo:

Se incluye la copia local de los citados docuementos: